Diciembre 14 de 2008
La masacre de las bananeras comienza años antes del 6 de diciembre de 1928 y no ha terminado todavía. Continúa, pero disfrazada por la desinformación y por un Estado que mantiene, desde entonces, la posición de favorecer a las grandes empresas de los países ricos. Sin embargo, ese día trágico, el Estado consolidó una politica de persecución y muerte a la protesta social, al disparar sobre civiles que aguardaban al gobernador del Magadalena para negociar los 9 puntos del pliego de peticiones de los trabajadores del banano. La respuesta que escupieron los 14 nidos de ametralladoras firmó la sentencia que, desde ese momento, se da a las personas que luchan por condiciones dignas de trabajo y que buscan no ser esclavos modernos, presos de los intereses de las multinacionales y las mafias internacionales y nacionales.
Hoy, al igual que en esos años, el Estado permite que las multinacionales exploten laboralmente a miles de personas, esta vez mediante cooperativas de trabajo que aseguran rentabilidades fabulosas para las empresas, obligando a los obreros a condiciones laborales que vulneran sus derechos y posibilidades de progreso. Además, han criminalizado la protesta popular hasta el punto de permitir, como en 1928, miles de muertes, como fue el caso de Ciénaga (Magdalena), donde la que la United Fruit Company y el presidente Miguel Abadía Méndez acabaron con la vida de cientos de personas, a manos del general Cortés Vargas.
Hoy, con los dineros de Chiquita Brands y el auspicio del Estado, se han desplazado y asesinado miles de obreros, indígenas y campesinos, pero esta vez a través de las AUC, como lo demostró la sentencia la Corte Suprema en 2007 y que responsabiliza a la compañía por pagos realizados a los paramilitares desde 1997 hasta 2004 por concepto de ‘seguridad’.
Sin embargo, y a pesar de las muertes en las que están involucrados ministros, generales y presidentes desde hace muchos años, la resistencia social no ha dejado que se borren de la memoria colectiva las atrocidades que se han cometido, a lo largo y ancho del país, en favor de interes mafiosos y de grandes multinacionales. Respuesta de nuestros tiempos ha sido la Minga Indígena, el paro de los corteros del valle, los diferentes pliegos que se negocian en sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las diferentes agremiaciones y colectivos que, a pesar de la persecución, promueven alternativas de organización en las que no sea explotado el hombre por el hombre.
Hace 80 años
El asesinato de miles de personas en la plaza de Ciénaga, en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, fue la respuesta del gobierno de Colombia y de la United Fruit Company a la huelga que los obreros comenzaron el 12 de noviembre del mismo año, al ser rechazado el pliego de peticiones y la delegación que los representaba. Los puntos del pliego eran: seguro colectivo obligatorio para los empleados y obreros de la Compañía, protección frente a los accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas, aumento de salarios, pago por semana vencida, creación de contratos colectivos incluidos en la nómina de la empresa, hospitales dotados de medicamentos e instrumental quirúrgico, asignación de un médico por cada 400 trabajadores y descanso dominical. Estas nueve peticiones fueron rechazadas por el gerente, que administraba el trabajo de unas 30.000 personas que laboraban mediante cuadrillas, lo que permitía la subcontratación y condiciones de vida similares a la esclavitud.
Sin embargo, la masacre no terminó durante los 20 minutos que le tomo al Ejército cegar la vida de miles personas en la plaza de Ciénaga: muchos otros fueron asesinados por el Ejército y soldados estadounidenses, según testimonios locales, en poblaciones cercanas como Río Frío, Orihuela y Sevilla. Cuando terminaron la persecución, los asesinatos y los encarcelamientos, el gobierno anunció que había dominado el ‘movimiento revolucionario del Magdalena’ y que ‘la región bananera había vuelto a la tranquilidad’.
Para facilitar la acción militar, el primero de diciembre de ese año, la Gobernación del Magdalena decretó que todas las personas que no trabajaban y permanecían en huelga eran vagos. Por su parte, el ministro de Guerra de entonces, Ignacio Rengifo, puso a dispocision de la United Fruit Company las tropas de la zona y, el 5 de diciembre, el general Cortés Vargas declaró que la huelga de trabajadores se había convertido en asonadas, motines y tumultos que impedían el tráfico de trenes y demás elementos de transporte, y que dichas acciones lo forzaban a decretar:
Art. 1°. De conformidad con el Decreto Legislativo número 1 de 5 de diciembre de 1928, ordeno perentoriamente la inmediata disolución de toda reunión mayor de tres individuos;
Art. 2°. Ordénase a la fuerza pública que, con las prevenciones legales, dé estricto cumplimiento a este Decreto, disparando sobre la multitud si fuere el caso;
Art. 3°. Ninguna persona podrá transitar después del toque de retreta.
Sin embargo, las acciones homicidas no sólo se realizaron durante el gobierno de Abadía Méndez: ya habían sido asesinados, de manera selectiva, obreros entre 1918 y 1924. Estos homicidios y masacres respondieron al temor que los conservadores mantenían respecto a los comicios a celebrarse en 1930 y que se veían influenciados por el triunfo de la Revolución Bolchevique diez años antes. De esta manera, buscaban menoscabar el fortalecimiento del Partido Liberal y de las ideologías comunistas, que pretendían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y alcanzar el respeto de sus derechos fundamentales. Las masas de trabajadores, que buscaban igualdad social dentro de la escasa legislación, encontraron la muerte, justificada por la llamada ‘Ley heroica’, que prohibía que los sindicatos atacaran el derecho de propiedad privada o desconocieran su legitimidad, les prohibía fomentar la lucha de clases y les desconocía el derecho de promover huelgas.
A pesar de los intentos del gobierno de ocultar la verdad, se logró evidenciar que se disparó sobre población inerme y que no fueron nueve los muertos, como cínicamente declaró el general Cortés Vargas, sino miles de personas en la plaza de Ciénaga y otros miles más en persecuciones posteriores. Además, se comprobó que el Ejército y la United Fruit Company usaron terrenos de la compañía para sepultar miles de personas y que no es realismo mágico lo que escribió García Márquez acerca de las miles de personas que fueron que arrojadas al mar luego de ser transportadas en trenes de la compañía extranjera.
Sin embargo, los obreros no desistieron y, a partir de 1930, vuelven a organizarse en sindicatos mejor estructurados y en 1934 realizaron otra huelga que arrancó algunas concesiones a la empresa y al Estado genocidas. Desde entonces, la lucha obrera busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que siguen laborando en condiciones precarias y que, bajo la estigmatización, son tratados por el Estado como un problema de orden público.
Más de lo mismo
Las masacres que ahora presenciamos, cuya cotidianidad nos insesibiliza y atemoriza, tienen bases similares a las de hace 80 años: mano de obra barata, tenencia de tierra y leyes adecuadas a los intereses de las multinacionales. Estas formas de entender el progreso desde el Estado propician la explotación del hombre y de los recursos naturales a puntos insostenibles, en terminos ecológicos y de dignidad humana.
De esta manera, no sólo la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, comete delitos con la complicidad del Estado. Otras multinacionales se han sumado: Drumond y Monsanto, por ejemplo, se han visto implicadas en apoyar grupos paramilitares que efectúan masacres y desplazan a miles de campesinos en zonas convenientes tanto para las compañias como para las mafias internas y éstas, a su vez, han confesado relaciones con altos mandos del Ejército. Además, durante los tiempos en los que se han probado sus relaciones, se cometieron cientos de asesinatos selectivos de líderes de organizaciones civiles, campesinas, indígenas y obreras, justo en las zonas en las que se implantan hoy enormes megaproyectos que están dirigidos a explotar el agua, la biodiversidad de los bosques, los recursos mineros, a implementar monocultivos y la tala extensiva de bosques, generando nuevos desplazamientos y muertes, al igual que afectaciones graves en los ecosistemas.
Desde la implementación de la hidroeléctrica Urrá I, los indigenas Embera no pueden movilizarse, sus plantas medicinales se perdieron en lo que ahora es un embalse, sus alimentos cambiaron porque no hay tierras donde sembrar y sus lideres fueron asesinados. Gracias al código de minas de 2001, las pequeñas extracciones de oro y otros minerales han sido monopolizadas por multinacionales que contratan obreros por medio de Cooperativas Asociadas de Trabajo (CAT), que funcionan como las cuadrillas de hace 80 años, intermediación laboral que permite que las empresas no incluyan obreros en su nómina y que miles de trabajadores pierdan su derecho a prestaciones laborales. Como dice Héctor Mondragón, “al volver al socio trabajador […] ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales”, al mismo tiempo que “incrementa los rendiminetos monetarios por hectárea, sin alterar la estructura de la tenencia de la tierra”. Además, se han presentado desplazamientos masivos causados por multinacionales a lo largo y ancho del país. Petroleras, plantaciones de caña de azúcar en el Valle, de palma aceitera en la costa, explotacioens de oro en Risaralda y privatización de cuencas de agua en el corredor andino amazónico, ente otras, demuestran que lo ocurrido con la Masacre de las Bananeras inicia un cilo que se repite en la Colombia de hoy.
A pesar de que la masacre de las bananeras expuso muy bien al pueblo colombiano que los intereses particulares son más importantes que el derecho a la vida y nuestra capacidad de decidir sobre el uso de nuestros recursos naturales, diferentes colectivos siguen trabajando para evitar que se olvide la historia. De esta manera, agremiaciones campesinas aportan formas de organización que visibilizan principios de solidadridad y responsabilidad compartida; la unidad indigena y campesina ha resultado en una movilización que mostró que la protesta social no es insurgente; y estudiantes y colectivos que hacen defensa de derechos humanos siguen trabajando por encontrar alternativas legales y cotidianas al conflicto que, desde la represeión estatal y la explotación empresarial, se ha generado.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
