Por: Carlos Andres Bravo – diciembre 16 de 2008
Eran como las 10 de la noche cuando un rumor empezó a rodar por la ciudad. Por los celulares, por el boca a boca, por las llamadas a la casa la noticia era la misma: que DRFE quebró y Carlos Suárez se entrego a la fiscalía, lo que se regó como pan caliente por la ciudad y desencadenaría una de las peores crisis sociales y económicas que el sur occidente de Colombia haya atravesado. Pero, más que un rumor, más que un chisme, fue el inicio de una serie de eventos que ni el gobierno ni el pueblo del sur occidente alcanzarían a imaginar.
DRFE (Directo, Rápido, Fácil y Efectivo) fue una de las captadoras de dinero que, después de DMG, se logró consolidar como la segunda mas grande del país, concentrándose principalmente en la ciudad de Pasto y en la mayoría de los 64 municipios de Nariño, consolidándose y expandiéndose hacia los departamentos del Putumayo, Cauca, Huila y Valle del Cauca, alcanzando a constituir 66 sedes en casi un año y medio de funcionamiento.
El gobierno y la superintendencia aseguran que DRFE habría captado alrededor de medio billón de pesos sólo en el ultimo año, cifra optimista teniendo en cuenta que, según analistas, esta cifra pudio estar cerca del billón y medio de pesos. Tanta fue la preocupación de los banqueros ante esta situación y la de DMG que el mismo el presidente del grupo español BBVA, Francisco Gonzáles, se reunió con Uribe el 6 de noviembre –una semana antes que se presentara esta crisis–, manifestándole su preocupación porque, en estas zonas del país, sus bancos reportaban una reducción en el volumen de dinero en las cuentas de ahorro y un desmesurado aumento en los créditos de consumo y libre inversión, osea que disminuyeron sus ingresos y aumentaron exageradamente los egresos.
Para nadie es un secreto, y menos para el gobierno, desde cuándo y cómo funcionaba la captación de dineros de DRFE. ¿Acaso Uribe y su ministro de hacienda no tenían reporte de la DIAN de los impuestos que esta empresa estaba pagando? ¿o es que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, que le rinden cuentas exclusivamente al presidente, no le informaron de las exorbitantes y sospechosas ganancias que estas empresa estaba ofreciendo? Es claro que todo esto se sabía y desde hace mucho.
Uribe pensó que todo le resbalaba, que la crisis no lo tocaba, y salió con la desfachatez acostumbrada a aceptar la culpa del gobierno, de su negligencia al no intervenir antes esta empresa. Lo aceptó, como antes había aceptado la utilización del logo de la Cruz Roja en la Operación ‘Jaque’, como aceptó que sí hubo falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas o que sí fueron las fuerzas militares colombianas las que invadieron Ecuador para bombardear el campamento de Reyes.
Pero con aceptar culpas el pueblo del sur occidente no soluciona en nada a la crisis social y económica que hoy atraviesa. Las soluciones no se quedan en ampliar cupos de los programas sociales del gobierno de familias guardabosques o familias en acción, como lo propuso en la reunión del día 30 de noviembre en el municipio de Chachagüí. El problema es que la gente de los estratos dos, tres y cuatro de esta zona del país, en su gran mayoría, perdió ahorros y se endeudó en créditos bancarios para invertirlos en esta empresa, quedándose prácticamente sin dinero, con deudas y, en los casos menos optimistas, vendieron hasta lo que no tenían para poner sus recursos en una inversión que, aunque riesgosa, era la única solución que se presentaba viable para poder tener, por lo menos, una vida digna en un territorio sin oportunidades, como lo es el suroccidente.
Pese a este oscuro panorama, las fuerzas vivas de los departamentos afectados no se han quedado cruzadas de brazos ante la situación: desde el mismo momento en que empezó esta crisis se empezaron a buscar soluciones que ayuden a mitigar la situación que ahora apenas se muestra, pero que, a mediano y largo plazo, tendrá una repercusión de inimaginables proporciones en la situación social y económica, si hoy no se buscan soluciones efectivas. Entre las soluciones que se han planteado, la principal y que ha generado mayor discusión entre el gobierno y los afectados es la creación de un fondo de salvamento y solidaridad, con el objetivo de garantizar el reintegro del capital inicialmente invertido por las personas afectadas y que se financiaría con los dineros y bienes incautados por las autoridades, que hasta la fecha tiene un monto aproximado de $120.000 millones en efectivo y propiedades de la empresa, ya que casi todas las 66 sedes de DRFE eran de su propiedad; y con lo recaudado por la DIAN en impuestos a DRFE, cerca de $6.570 millones.
Además de estas fuentes de financiación, se propone la creación de una tasa impositiva a las utilidades del sistema financiero Colombiano, usar los recursos recaudados a través del impuesto del ‘cuatro por mil’ a través de las entidades financieras de las regiones más afectadas, una tasa impositiva al consumo de la cerveza, un porcentaje de los impuestos que pagan los casinos y juegos de azar, un porcentaje de los recursos manejados por el Fondo de Estupefacientes, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y partidas de presupuesto nacional, adicionales a las fuentes antes señaladas, por el valor que se requiera para el reintegro de la totalidad del capital inicialmente invertido por los ahorradores.
Las soluciones están puestas sobre la mesa y es el gobierno el que debe asumir, así como su responsabilidad, las soluciones que garanticen que en el sur occidente colombiano no se profundice la crisis social y económica que hoy se vive.
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