Por: Christian Peñuela – julio 30 de 2013
El pasado 27 de junio asistieron cerca de 400 personas al lanzamiento del Proceso Distrital de Objeción de Conciencia en la ciudad de Bogotá, un escenario compuesto actualmente por 15 organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos juveniles de objetores y objetoras al servicio militar obligatorio.
A través de un foro en el que participaron las organizaciones, la Personería de Bogotá, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez (Idipron), el alcalde local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Gobierno. Los ponentes respondieron a la pregunta que convocaba al evento: “Si nos invitan a caminar hacia la paz, ¿por qué nos obligan y nos reclutan para la guerra?”
Bogotá defiende la objeción de conciencia
Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Gobierno de Bogotá, analizó que la objeción de conciencia sólo ha podido realizarse libremente y ser viable cuando la ejercen médicos, notarios o el procurador Ordóñez, mientras que cuando los jóvenes apelan a ella para no prestar el servicio militar, ésta no es respetada por las autoridades. Afirmó que uno de los problemas que ha tenido la objeción de conciencia es la falta de conocimiento sobre la Sentencia C-879 de la Corte Constitucional, en la que, según Jaramillo, consta que “a nadie se le puede retener para llevarle a prestar el servicio militar” y que para que un joven pueda ser detenido por el Ejército tiene que ser declarado remiso, situación que acontece cuando no acude a las citaciones previas que realiza la institución castrense.
Sin embargo, Jaramillo señala que “lo que están haciendo aquí es subir a los muchachos a unos camiones, sin siquiera mirar si son remisos o no, y [se] los van llevando […] cosa en la que estamos en total desacuerdo y se lo hemos hecho saber a las Fuerzas Militares”, agregando que “no debe haber más reclutamiento para aquellos jóvenes que no quieran ir a la guerra. Ésa es la objeción de conciencia y por eso respaldamos esta iniciativa, porque la consigna debe ser que el que no quiere ir a la guerra no tiene por qué ir a la guerra”.
El Ejército recluta con engaños y a la fuerza
Diego Giraldo Hernández, objetor de conciencia, aseguró que cuando se estaba trabajando la formulación de la política pública de juventud para el Distrito Capital, en los años 2005 y 2006, uno de los puntos tratados fue el tema de la objeción de conciencia y que “algunos de los objetores que estábamos dispersos en la ciudad […] pudimos posicionar la objeción de conciencia, pero solamente quedó enunciada”, en medio de un ambiente de “persecución a las organizaciones y personas cuando se estaba planteando el tema”.
En ese sentido, Nicolás Rodríguez, vocero del Proceso Distrital de Objeción de Conciencia, denunció que, en materia de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, “los principales distritos militares que se han detectado que ejercen esta práctica son el DIM 3, de la localidad Kennedy, y el 52, de la localidad de Usme. Los jóvenes reclutados en estos distritos son dirigidos principalmente a Sumapaz, Guaviare, Tunja, Arauca, Meta y Casanare”. Adicionalmente, señaló que el Ejército sigue con estas detenciones en ciertos lugares públicos donde los jóvenes suelen circular o juntarse, como el sistema de transporte masivo Transmilenio, eventos musicales como Rock al Parque y partidos de fútbol, entre otros, contando con la complicidad de la Policía. Esto mismo está ocurriendo en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), donde llegan los reclutadores del Ejército para llevarse a los detenidos que no portan la libreta militar.
Por su parte, Ferney Hidrobo, funcionario de la Seguridad y Convivencia de la Personería de Bogotá, indicó que una de las dificultades con las que se encuentran al revisar las denuncias en torno al reclutamiento forzado es que en la información suministrada se apoya en información gráfica que no se pueden usar por falta de evidencias concretas, ya que en las imágenes se identifican “carros sin placas, para evitar […] el proceso de denuncia. Porque, si no hay placa, entonces, no sabemos a dónde lo llevan […] también tenemos [casos] de pasarse de una localidad (sic.) a otra con batidas esporádicas de 5 y 10 minutos”. Hidrobo denunció también el caso de unos jóvenes que a los jóvenes reclutados ilegalmente “los llevan al terminal de transporte de Bogotá, [y] los meten en buses civiles con presencia de personal armado” y que, incluso, tiene reportes de traslados en avión y helicóptero de civiles para supuestos exámenes médicos. Recalcó que estas batidas ilegales se han desarrollado históricamente en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, localidades donde vive la población obrera, “pero nunca en lugares como los Rosales o el parque de la 93, lo que constituye un atropello frente a las juventudes que habitan estos territorios”.
El Proceso Distrital de Objeción de Conciencia ha puesto a disposición de la población un protocolo para lograr una denuncia efectiva de las batidas ilegales, preservar la integridad de los implicados y para que los jóvenes tengan conocimiento del marco legal en el que se pueden mover en caso de ser detenidos con el fin de reclutarlos.
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