Por: Isa Bello – septiembre 20 de 2013
Aunque la Corte Penal Internacional (CPI) ha negado, a través de su fiscal, que esté sesgada contra África, sus acciones parecen sugerir lo contrario.
La CPI surgió de la necesidad de contar con un tribunal internacional permanente que procesara y llamara a cuentas a aquellos que hubiesen cometido ofensas graves durante conflictos intra y transfronterizos y algunas cortes temporales han actuado como precursoras de la CPI: por ejemplo, los Juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El Estatuto de Roma, en operación desde 2002, constituyó las bases legales para la creación de la CPI y cortes relacionadas, y, dado que la CPI no cuenta con un mecanismo de aplicación, se apoya en agencias nacionales del orden para cumplir con las detenciones. Que sea o no un organismo verdaderamente internacional, es cuestionable. Con todo, 120 países firmaron el Estatuto de Roma.
En la actualidad, existen ocho casos abiertos ante los jueces de la CPI: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. Todos países africanos. Cabe preguntarse, dadas las presuntas atrocidades cometidas también en otras partes del mundo –el Medio Oriente, sólo por mencionar una–, ¿por qué África parece ser el chivo expiatorio de la CPI mientras que otros países, como los EE.UU. y algunos de Europa, se salen con la suya en lo que respecta a violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra? Sólo se puede responder a esta pregunta a partir de un examen de forma y sustancia de cómo operan las cortes, así como del reconocimiento de que algunos países están, en efecto, por encima de las leyes internacionales y de que la CPI no tiene otra alternativa que imponerse a países más débiles y menos evasivos.
Esto ha llevado a que Fredric Megret, de la Universidad de McGill (Canadá), describa a la CPI como una “caja de herramientas intervencionistas” en los asuntos de los países en desarrollo.
La relación de la CPI y África es, en realidad, difícil. Por ello, no debería afirmarse, como si se tratara de un hecho, que la Corte se rige por un sesgo cuando elige cuáles casos investigar y procesar, especialmente si se trata de conflictos remitidos por los propios países africanos. Por ejemplo, el conflicto en Uganda fue llevado ante la CPI por el gobierno de ese país para presionar a los rebeldes del norte a que se sentaran a dialogar. No obstante, dicho gobierno pronto se arrepentiría de su remisión, pues la no participación de la CPI se convirtió en un prerrequisito para la paz.
El caso de Costa de Marfil está teñido de consideraciones políticas. Se podría decir que el presidente Alassane Ouattara llevó el caso ante la CPI sólo para deshacerse de su predecesor, Laurent Gbagbo, luego de una breve guerra civil. Los casos de la República Centroafricana y de la República Democrática del Congo fueron remisiones de los propios países a la corte.
En el caso de Sudán, fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que llevó el conflicto de Darfur ante la CPI. Este mismo organismo remitió el caso de Libia, país que no reconoce la jurisdicción de la Corte. Ambos están pendientes y poco o ningún avance ha tenido lugar.
El exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, estableció procesos en contra de Kenia por violencia poselectoral. Ésta sería la primera vez que la Corte, por medio de su fiscal, iniciara un proceso contra un país que reconoce su jurisdicción.
Dado que los casos adelantados por la CPI sugieren un enfoque africano, Jean Ping, expresidente de la Unión Africana, criticó a la Corte su impulso de querer civilizar África y la acusó de utilizar estándares dobles para lidiar con los casos en el continente. No obstante, algunos académicos y empleados de la CPI han salido en su defensa, y han dicho que este organismo puede atenerse a consideraciones políticas si hay perspectivas de éxito. Este argumento reivindica irónicamente la posición del señor Ping: sugiere que el enfoque africano no es impulsado necesariamente por la necesidad de justicia sino por lo que la Corte podría considerar como victorias fáciles. Lo anterior ha menoscabado las relaciones entre la CPI y la Unión Africana: esta última ha aprobado una serie de resoluciones que buscan disminuir o ralentizar la cooperación de los Estados miembros en los casos de Sudán y Kenia.
C. Stahn, profesor de la Universidad de Leiden (Países Bajos), critica en un artículo de 2012 los procedimientos de la Fiscalía tras el Consejo de Seguridad sobre la remisión de Libia. Stahn subraya que a la Corte le tomó solamente cuatro días concluir los exámenes preliminares, mientras que en el caso de Sudán le llevó tres meses. Los procedimientos para concluir los exámenes e investigaciones, así como para emitir las órdenes de detención, han sido descritos como ‘los más rápidos de la historia’.
Knoops, abogado defensor de la CPI, señala que la ligereza con que se manejó la cuestión Libia plantea interrogantes sobre los objetivos de la CPI, especialmente si se tiene en cuenta que la Fiscalía actuó basándose en evidencia de terceros no verificada. Ciertamente, el asunto Libia fue un proceso de criminalización rápida con el objetivo de aislar a Gaddafi. Hasta el momento no ha habido ningún avance y el rico país petrolero enfrenta, tras la muerte de su líder, serios problemas de inseguridad, además de la perspectiva de una guerra civil.
La preocupación es, pues, que la Corte no solo pueda estar sesgada contra África sino que también pueda ser una herramienta para controlar el continente y administrar justicia en casos asumidos como fáciles. En cualquier caso, depende de la perspectiva desde que se mire. Luego de doce años de extraña existencia, la CPI está muy lejos de probarse a sí misma.
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