Por: Rosalba Moreno M. – diciembre 11 de 2008
Un artículo publicado por El País de España, el 10 de agosto de 1994, informaba acerca de millones de personas estafadas en Rusia por una compañía llamada MMM. El sistema conocido como pirámide fue usado igualmente en Albania y, más cerca de Colombia, en el Perú de Fujimori. Es decir, no somos los ingeniosos o perversos –según desde donde se mire– inventores o víctimas de esta forma de estafa. Bueno tenerlo en cuenta, por aquello de la obligación estatal de prevenir y garantizar seguridad económica a todas y todos los habitantes.
La desintegración de la URSS significó violentos y abruptos cambios en todos los órdenes para los habitantes de las diferentes repúblicas que de ella se desprendieron. La transición hacia un nuevo modelo de sociedad y una economía de mercado generaron un caótico período sobre el que se ciernen las ávidas garras de los vencedores: el capital trasnacional, ávido de aumentar sus ganancias y arrasar cualquier obstáculo en su triunfal marcha por el mundo de sus sueños, la globalización de sus dominios.
Es en ese momento, cuando surge MMM, logró engañar a millones de rusos con la promesa de ‘enriquecimiento rápido’. La tardía actuación del gobierno fue rechazada por los ‘inversionistas’, quienes defendieron a Serguéi Mavrodi, presidente de la compañía, quien fue posteriormente elegido senador, luego de haber pasado un corto período en la cárcel y de que el gobierno ruso se comprometiera a indemnizar a los inversores estafados.
¿Qué hace posible que, 14 años después, en Colombia haga presencia el fenómeno? ¿Hay algo que asemeje nuestra situación de hoy a la del pueblo ruso hace 14 años? ¿Tienen razón quienes acusan a los estafados por sus ansias de rápido enriquecimiento? ¿O es acaso, como pretenden algunos analistas hacernos creer, demostración de la particular idiosincrasia colombiana, capaz de producir inigualables monstruos del mal o inigualables genios?
Mientras la banca, nacional e internacional, hace ostentación de sus multimillonarias ganancias y el gobierno alardea acerca de una economía ‘blindada’ frente a la recesión, la terca realidad permite constatar qué tan cierto sigue siendo aquello de ‘ganancia del rico, miseria del pobre’. Porque, aunque no lo reconozcan las cifras oficiales, crecen sin parar el desempleo, el desplazamiento y las formas de contratación que, gracias al pisoteo de los más mínimos derechos, hacen posible las enormes ganancias del sector industrial y agroindustrial floreciente, este último, sobre las ensangrentadas y despojadas tierras que manos campesinas de alimentos sembraban y hoy son destinadas a la producción de biodiesel y etanol.
Cuando motosierras y fusiles, destrozando cuerpos, el terror sembraron en zonas rurales y pequeños poblados, millones de hombres y mujeres buscaron refugio en los cerros de las grandes ciudades e intentaron en vano, durante años, obtener el cumplimiento de las promesas gubernamentales que ante el mundo hablaban de planes de atención a desplazados y cumplimiento de las obligaciones que la legislación internacional establece.
Pingües ‘ayudas’ incapaces de aportar a la construcción de soluciones reales. Lo que obligó a buena parte de la población desplazada a explorar caminos, en el ‘rebusque’ y la informalidad, para enfrentar el reclutamiento forzoso, la prostitución y el sicariato, es decir, para negarse al destino decretado por los dueños del poder.
Entonces, por los angostos y empinados caminos de los cerros, empezaron a aparecer personas ofreciendo préstamos, a bajos intereses y con facilidades de pago, a quienes desearan iniciar algún negocio, cambiar el plástico de la choza por madera o asistir a una consulta médica. Sencillo era el sistema de pago: cada día, dos mil o tres mil pesos debían ser entregados al ‘prestamista’. La ilusión muy pronto pesadilla fue. Un disparo en la noche advertía sobre alguien que se retrasó en el pago. Y quienes disparaban eran los mismos que hasta estos cerros, desde el campo, los habían arrojado: las fuerzas paramilitares, cuyos amos, no contentos con reordenar la tierra y sus recursos, se aprestaban ahora a reordenar el sistema financiero.
Ni un titular de prensa, ni una nota de protesta ocupó espacio alguno en los grandes medios de comunicación, voceros de los propiciadores del ‘reordenamiento’ –que millones de muertos, desparecidos y asesinados ha costado, y sigue costando–. De lo que sí se vieron obligados a hablar, en cambio, fue de las fieras y desesperadas protestas de los deudores bancarios, centenares de miles de los cuales debieron –y siguen haciéndolo– abandonar sus casas, casi siempre obligados por agentes de policía.
Mientras la guerra contra la población, sin cuartel ni fronteras, continuaba asolando la geografía nacional, en medio del nauseabundo montaje de la ‘desmovilización’ paramilitar –maniobra dirigida a reordenar las fuerzas en función de la nueva etapa de la guerra y del proyecto económico y político al que ella sirve–, en pequeños municipios y barrios populares crecían atractivas ofertas de ahorro con rápida ganancia.
Secreto a voces, las ‘pirámides’ funcionaron sin dificultad alguna por parte de las autoridades que, al invertir en ellas como sucedió en incontables casos, ayudaron a generar confianza y credibilidad en la población. De nada valieron las denuncias presentadas, incluso al alto gobierno, por gobernadores y alcaldes preocupados por el origen de los dineros y la necesidad de garantizar, como es deber del Estado, la seguridad de los ahorradores. Aún cuando hace meses algunas de ellas empezaron a ‘quebrar’ y sus ‘propietarios’ a huir, el gobierno sólo reaccionó hasta el final de 2008 y su ofensiva no planteó, en ningún momento, medidas tendientes a salvaguardar los ahorros de la población engañada. Se dirigió contra DMG y, aún en ese caso, dio tiempo y condiciones para que los grandes inversionistas, algunos muy cercanos al gobierno, salvaran sus dineros.
Las siglas DMG provienen del nombre de David Murcia Guzmán, quien aparece ante la opinión pública nacional e internacional como cerebro, fundador y principal socio de esta compañía que logró convertir en ‘inversionistas’ a por lo menos doscientas mil familias colombianas, que plantean hoy furiosa oposición al gobierno paramilitar de Uribe Vélez y causan, incluso, serias dificultades al plan reeleccionista.
Y ello después de haber sido DMG importante pieza en la maniobra paramilitar dirigida a garantizar, mediante recolección de firmas, que fueron trasladadas en vehículos de una de sus compañías transportadoras de valores, el referendo dirigido a prolongar por cuatro años más la presidencia de Álvaro Uribe, cuyo funcionamiento cada vez más oscuro parece.
En la ‘cultura mafiosa’ y el ‘ansia de dinero fácil’ están las causas de la multimillonaria estafa, según la explicación gubernamental, puesta en labios del ministro del Interior, cuyo hermano se encuentra detenido por mantener vínculos con narcotraficantes y paramilitares cuando era un importante funcionario de la Fiscalía en Antioquia.
En vez de culpar a los propios estafados y, de paso, insultar a todo el pueblo colombiano, bueno sería que asumiera el gobierno que ‘cultura mafiosa’ y ‘búsqueda de dinero fácil’ es lo que ha pretendido imponer su política paramilitar. ¿Despojar a millones de hombres y mujeres de su tierra y su trabajo para entregar las primeras a los inversionistas extranjeros, imponer descarada y abiertamente una política de impunidad –gracias a la cual es más grande la pena por robo que por masacrar a miles de seres humanos–, ofrecer recompensas y asesinar civiles para demostrar eficacia militar y generar confianza inversionista, no son acaso la más acabada expresión de la ‘cultura mafiosa’? ¿No ha sido acaso la motosierra sangrante el camino para el rápido enriquecimiento de ganaderos e inversores extranjeros?
El viejo dicho de “en peleas de comadres se saben las verdades” no se cumplirá en este caso, por supuesto. Son demasiado poderosos los intereses que tras esto se mueven como para creer en las ‘exhaustivas investigaciones’ de la Fiscalía General de la Nación. Otro escándalo surgirá, llevando olvido sobre éste, que útil ha sido, también, para desplazar de las noticias la Minga Indígena, las audiencias en contra de los asesinos del Palacio de Justicia y los centenares de jóvenes reclutados forzadamente y asesinados por las Fuerzas Militares.
Una justicia que rebaja penas a cambio de manos cortadas permitirá que sigan libres los que, en Panamá u otro territorio, gozan lo robado y concederá rebajas a quien hoy, a pesar del engaño, sigue contando con el apoyo de sus estafados: David Murcia Guzmán, versión financiera de Álvaro Uribe Vélez. Mesías ambos, destinados por la Providencia a conducir fanáticos seguidores, capaces de seguir aplaudiendo a sus líderes aún cuando hundiéndose vaya la barca gracias a las criminales maniobras de sus conductores.
Por caminos de dignidad, en cambio, continuará la marcha de millones y millones decididos a continuar construyendo paso a paso el país que soñamos y merecemos. Ese que acariciamos en la Plaza de Bolívar mientras los Bastones de Mando de nuestros hermanos indígenas dibujaban en el aire esperanza y decisión de vida digna.
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