Por: Felipe Portales – noviembre 13 de 2018
El pasado 16 de octubre se cumplieron 20 años de uno de los hechos políticos más impactantes que se han registrado en la historia de Chile. Se trata de la tenaz y exitosa defensa efectuada por los gobiernos de la Concertación de la impunidad de Pinochet, comenzada luego de la detención en Londres del exdictador por la Justicia británica –a petición de la española– para procesarlo por sus numerosos crímenes contra la humanidad.
Es cierto que los gobiernos de la Concertación ya habían defendido a Pinochet en numerosas ocasiones, pero nunca en casos judiciales. Así, frente a las duras críticas que recibía en sus viajes al extranjero como comandante en jefe del Ejército entre 1990 y 1998, diversos ministros concertacionistas –particularmente Enrique Correa– lo defendieron públicamente muchas veces. Peor aún, cuando varios diputados de la Concertación lo acusaron constitucionalmente en marzo de 1998, luego de asumir como senador vitalicio, por diversas declaraciones y acciones graves cometidas en su calidad de comandante en jefe, el establishment concertacionista presionó duramente a sus diputados, logrando que varios de ellos se plegaran a la derecha para rechazar así la acusación en su contra.
Pero, sin duda, lo más insólito y vergonzoso fue la denodada y exitosa defensa que el liderazgo concertacionista hizo en favor de Pinochet para librarlo de una condena por sus gravísimos crímenes, primero frente a la Justicia europea y finalmente ante la chilena. Además, la defensa frente a su segura condena en Europa se llevó a cabo fundamentalmente con los mismos argumentos que usó la dictadura para protegerse de las permanentes condenas que le hizo la comunidad internacional por sus graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, esto es, que con dicha detención y juicio se estaba violando la soberanía nacional, que con ella se estaba usando un doble estándar porque se aplicaba selectivamente contra el exdictador chileno, que se estaba haciendo una injusticia porque ello significaba negar los avances que la transición estaba efectuando en materia de justicia en Chile y que se estaba sentando un nefasto precedente a nivel mundial, ya que dichas prácticas afectarían solamente a exgobernantes de países pequeños.
Asimismo, aquel liderazgo utilizó la falacia de señalar que Pinochet debía ser juzgado en Chile, sabiendo que las posibilidades efectivas de hacerlo eran nulas. Esto mismo había sido reconocido hacía poco por el entonces canciller José Miguel Insulza, ¡precisamente al referirse al juicio que entonces se le seguía a Pinochet en España!, cuando dijo, según registraba el diario La Época el 21 de noviembre de 1997:
Yo no conozco querellas contra el general Pinochet ni contra los miembros de la Junta Militar chilena. La única que existe fue presentada en España. La pregunta es si no sería más razonable, desde el punto de vista estrictamente jurídico, presentar esas querellas en Chile. Y aquí vamos a la cosa política: ¿por qué no se presentan esas querellas en Chile? Porque todo el mundo sabe que eso pondría en grave riesgo el proceso de transición.
Sin embargo, lo anterior fue grotescamente negado por el mismo Insulza, una vez que en el Reino Unido la sentencia de los Lores estipuló que Pinochet podía ser extraditado a España solo por delitos de torturas o conspiración para torturar. De este modo, aquél declaró al diario español El Mundo, el 28 de marzo de 1999, que:
En España, tras la sentencia de los Lores, Pinochet solo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarlo aquí son mucho más amplias que en España. El juicio en su país [España] puede que les interese más a los que solo quieren un juicio simbólico.
Por otro lado, los líderes de la Concertación usaron todos sus contactos mundiales, ¡que habían adquirido en la lucha contra la dictadura!, pero ahora con la triste finalidad de evitar la extradición –y segura condena– de Pinochet a España.
Por cierto, tuvieron el firme respaldo de varios líderes de la extrema derecha mundial como Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Jean-Marie Le Pen y Jesse Helms, y la dura crítica del ámbito de las organizaciones de derechos humanos. De los gobiernos, solo dispusieron del explícito apoyo del presidente Menem de Argentina y del discreto pero muy efectivo respaldo del Estado Vaticano, cuyo secretario de Estado era el pinochetista exnuncio en Chile, Ángelo Sodano. Pero, finalmente lograron, so pretexto de falsas razones de salud mental, como quedaría demostrado con repetidas acciones y entrevistas dadas por Pinochet posteriormente, la liberación y vuelta a Chile del exdictador.
Ya durante el gobierno de Ricardo Lagos se inició una sostenida campaña, pública y privada, sobre los tribunales de justicia chilenos para lograr de aquellos también la impunidad de Pinochet, usando los mismos falsos pretextos de salud mental. En ambos casos, quien desempeñó un papel crucial fue José Miguel Insulza, primero como canciller de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y luego como ministro del Interior de Lagos. En este último caso, Insulza se expresó en varias entrevistas con diversos medios de comunicación. Así, por ejemplo, consultado por La Nación, el 10 de agosto de 2000, si luego del desafuero a Pinochet lo imaginaba reo y detenido, contestó: “Francamente no […] No me lo imagino detenido, no creo que esté en edad ni en condiciones, ni haya el ánimo de los jueces”.
Días después, el 18 de agosto de 2000, le dijo a la revista Caras que “no creo que el juez Guzmán vaya a mandar preso a Pinochet” y, más explícitamente, agregó con la revista Qué Pasa, el 2 de septiembre de ese año:
Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado, uno debería sacar la cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera […] A mí me gustaría que, si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así.
El 16 de abril de 2001, cuando Pinochet fue procesado como encubridor en el caso Caravana de la Muerte, declaró a La Nación:
Él ya va por los 86 años, ha estado enfermo y sería natural que el juez diga: ‘Llego hasta aquí, no más’. Eso podría ocurrir en cualquier momento. No digo que ocurra ahora, porque estos son procesos que se demoran varios años. Pero, para gusto de unos o disgusto de otros, este es un asunto ya terminado. No olvidemos que un país muy respetable desde el punto de vista de su democracia y de su justicia declaró que Pinochet no estaba en condiciones de enfrentar un proceso de extradición. Entonces, no estamos solos en esto.
El ‘éxito’ logrado con las presiones del gobierno de Lagos dejó especialmente mal parado al expresidente, cuando se lo contrasta con lo que él mismo había expresado al diario El Metropolitano, el 27 de mayo de 1999, respecto a su posición de que Pinochet debía volver a Chile para ser juzgado. Al momento en que el periodista le señaló que “eso es completamente imposible”, Lagos le retrucó: “Entonces, hay que crear las condiciones para juzgarlo aquí. Si decimos que lo vamos a traer pero después no lo juzgamos, estamos mintiéndole al mundo, y no sería cierto que somos soberanos”. ¡Su mismo gobierno ayudó a consumar la mentira!
Por último, que esta actitud de defensa de Pinochet no respondía ni siquiera a un real temor de desestabilización lo dejó claro el propio expresidente Patricio Aylwin al decir, como consignaba la revista Caras el 18 de agosto de 2000, que si Pinochet era enjuiciado “no temo que haya un golpe ni un peligro de regresión a una dictadura. Eso está descartado. La democracia en Chile volvió para quedarse y no la he visto en peligro ni un solo día”.
Más aún, el exministro de Hacienda de Aylwin, expresidente del Partido Demócrata Cristiano y canciller del primer gobierno de Bachelet, Alejandro Foxley, al mismo tiempo que insinuaba también que los tribunales dejaran sin sanción a Pinochet por razones de salud mental, efectuó un verdadero panegírico a la obra refundacional de Pinochet señalando a la revista Cosas, el 5 de mayo de 2000, que:
“él realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria […] de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso […] sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida”.
Publicado originalmente por Politika.cl
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