Por: Andrés Gómez y Ernesto Che Mercado – agosto 7 de 2014
En Colombia se adelanta la construcción de varias hidroeléctricas, megaproyectos que tienen como fin vender energía y alimentar la industria minera que es controlada por trasnacionales.
Los megaproyectos, que represan ríos y cambian la vida de miles de personas, son justificados por el Estado como iniciativas para el desarrollo regional y para cubrir las necesidades de energía para el consumo interno. Sin embargo, la realidad es otra: las represas construidas y las obras que hoy se adelantan han resultado en desplazamiento forzado, amenazas de muerte, asesinatos a indígenas, crímenes de Estado y la destrucción de parques y reservas naturales. Esto, sin contar con que las represas tienen una corta vida útil y que los pocos beneficios que pueden traer no compensan los enormes daños económicos, culturales y ambientales que causan.
Los afectados por las hidroeléctricas de Hidroituango, El Quimbo e Hidrosogamoso narran cómo han cambiado sus vidas con dichos proyectos, explican las argucias legales que el Estado usa para legitimar la destrucción de reservas naturales y denuncian que la violencia paramilitar está relacionada con la realización de dichas represas. De igual manera, Juan Pablo Soler, vocero de la organización ambientalista y defensora de derechos humanos Ríos Vivos, explica cuáles son las propuestas que tienen frente a la consecución de energía para el país y por qué sugieren la creación de una mesa que examine el tema de las represas a fondo antes de seguir con la construcción de más de estas cuestionables obras.
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