Por: Christian Peñuela – julio 28 de 2014
El pasado 21 de junio, el festival Antimili Sonoro de Bogotá reunió más de mil personas en la Plaza de Bolívar, manifestantes que acompañaron el cierre de la campaña “Somos la generación de la paz, ni un joven más para la guerra”.
Los manifestantes demandan que el Estado colombiano cese el reclutamiento de jóvenes para el servicio militar obligatorio, genere oportunidades para que éstos no sean reclutados por los actores armados y que no se siga militarizando a la sociedad colombiana. Las objetoras de conciencia presentes en la manifestación también denunciaron que la violencia en contra de las mujeres es usada como arma de guerra en Colombia y que la militarización de la sociedad sigue negando sus derechos.
La movilización contó con la presencia de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes), la organización juvenil Tejuntas del Congreso de los Pueblos, el Colectivo de Investigacción La Tulpa, la Mesa de Objetores y Objetoras de Conciencia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe (Meleoc-RUU) y la Minga Juvenil, entre otras.
La marcha partió del Parque Nacional y luego de que arribara a la Plaza de Bolívar se dio inicio al festival. Las agrupaciones Desarme, GP, Lixiviados, Furibundo, Niquitown, Río Abajo, The Impostors, Red Noise, Enemigo Público Crew, Suburbio Mental, Koyac y TUFO expresaron con sus líricassu rechazo a la militarización de la sociedad colombiana.
Objecion contra la militarización y el patriarcado
Varias de las arengas durante la movilización manifestaban que la lucha del movimiento de objetores y objetoras de conciencia no sólo se da en el marco de la abolición del servicio militar obligatorio sino que también hay un rechazo abierto a los crímenes de lesa humanidad que realizan todos los actores armados en Colombia y que afectan principalmente a jóvenes pobres que viven en áreas rurales y urbanas.
Para Mario Hurtado Cardozo, activista de Acooc, la objeción de conciencia es una denuncia a todas estas violaciones de derechos humanos, en particular las cometidas por el Estado:
Provengo del municipio de Soacha, que queda a 15 minutos de la ciudad de Bogotá. Desde allí conocí muchos casos de ‘falsos positivos’ y de ejecuciones extrajudiciales directamente y […] decidí no hacer parte de una institución castrense que asesina jóvenes, que asesina civiles […] no quiero hacer parte de una institución castrense que quiere implantar un sistema militarista, represivo, de cohesión social hacia la ciudadanía desde las armas […] por eso me declaro objetor de conciencia, porque ni mi cuerpo, ni mi mente ni mi bolsillo van a ser destinados para la guerra y no quiero hacer parte de esa institución castrense que no garantiza mis derechos sino que, por el contrario, los vulnera.
Por su parte, Sebastián Ruiz, miembro de Tejuntas, recalca que “la militarización sigue siendo una forma de recrudecimiento [de la violencia] y un ejercicio de dominación hacia las clases populares”. Al respecto, Ronald Cantor, miembro de Minga Juvenil, expresa que “nos están reclutando para llevarnos a una guerra que no nos interesa, en donde el único propósito es mantener el capital neoliberal y transnacional, ir a cuidar petroleras y proyectos minero energéticos; nos llevan a reprimir al pueblo, al campesino, a los indígenas”.
En el festival también participaron objetoras de conciencia como María Camila Murcia León, quien denuncia el lugar desafortunado que viven las mujeres colombianas en la guerra: “los cuerpos de las mujeres están siendo violentados y utilizados en la guerra y en todo tipo de violencias urbanas”. María asegura, además, que la objeción de conciencia no es un asunto exclusivo de los hombres: “no quiero que mi pareja, mi hermano y en general los hombres tengan que prestar el servicio militar obligatorio [...] Si queremos construir otros mundos posibles, las mujeres y los hombres no podemos estar trabajando aparte. No voy a dejar a mis compañeros solos porque también me compete el tema como mujer”.
Por su parte, Ángela Patricia Ruiz, activista de la Fundación Tejidos del Viento, argumenta que en la objeción de conciencia también se plantea una lucha contra el patriarcado porque “el sistema militar, como tal, reproduce patrones machistas y patriarcales, excluyentes y que fomentan la violencia entimos que el Estado, en vez de invertir en guerra, debe invertir en arte, en salud, en educación”.
¿Se necesita una ley que amplíe el ejercicio de la objeción de conciencia?
Mario Cardozo, quien logró que la Corte Suprema le como objetor por razones políticas, afirma que un proyecto de ley no es la solución para la regulación de la objeción de conciencia. Para él, “los derechos fundamentales, en principio, no están sometidos a una regulación específica”. Además, afirma que “así el movimiento de objetores quiera o no quiera, evidentemente, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a que expida una ley estatutaria que regule el derecho, o sea, en palabras muy sencillas así no queramos que eso pase, en la práctica va a pasar”.
Sin embargo, respecto a las necesidades que para él debe recoger dicho proyecto, Mario plantea que en Italia se logró que la ley estableciera que se le debía pedir “al joven objetor de conciencia que plasmara los argumentos por los que objeta […] Un tribunal define cómo prestar su servicio social, ya sea desde lo artístico, desde lo político, desde lo académico […] No somos partidarios de la imposición de un servicio social sustitutivo, pues es en el entendido de que yo cumplo ese servicio social como mi compromiso a la construcción de paz y como compromiso hacia la sociedad, nunca para el Estado”.
Si bien hay voces que reivindican un proyecto de ley que regule el derecho a la objeción de conciencia, Sebastián Ruiz afirma que “hay unos objetores que no están de acuerdo con la ley porque pueden estar regulando exageradamente el ejercicio del derecho. Nosotros pensamos que si hay una ley, esta puede permitir que el ejercicio de la objeción por conciencia sea mucho más masivo y pueda que abra escenarios”.
Por otro lado, Johan Castro, miembro de la agrupación musical Koyac, señala al respecto que una ley en este sentido debe “regular más el tema de las batidas ilegales o detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte del Ejército, el control del pie de fuerza de la Policía y militares en el espacio público, [y] enfrentar abiertamente el problema del paramilitarismo”. Del mismo modo, el artista HCC, quien es vocero de Andes, afirma que es necesario evitar la intromisión de los militares en los colegios “porque seguimos viendo como siguen entrando los uniformados a los colegios y siguen repitiendo las lógicas de ataque a la población estudiantil”.
Conforme a la inminente iniciativa legislativa, Kellyn Duarte, activista del Colectivo de Investigacción La Tulpa, afirma que “debe priorizarse un instrumento que registre a los objetores de conciencia, que los objetores puedan prestar un servicio social alternativo que sea para la construcción de la paz y que no esté vinculado por nada con las Fuerzas Militares. Es importante romper con todas las barreras de acceso al derecho”.
La Habana: paz con justicia social y desmilitarización
Recientemente, el tema de la objeción de conciencia se ha venido posicionando en la opinión pública tanto por las promesas de campaña del presidente Juan Manuel Santos en torno a la abolición del servicio militar obligatorio como por las exigencias en este sentido de diversos sectores de la izquierda, que quieren impulsarlo enla agenda social y política para la paz. En el pasado, estos discursos se han quedado en promesas incumplidas, pues desde 1998 se han postulado 14 proyectos de ley que no han pasado del primer debate en el Congreso.
Al respecto, Sebastián Ruiz señala que “no es la primera vez que un candidato lanza esas promesas [..] las organizaciones y los movimientos sociales deben realizar un ejercicio de presión desde la movilización social para que Santos cumpla lo que efectivamente prometió. Con Santos o sin Santos seguiremos en la lucha por la desmilitarización [de la sociedad]”.
Según Kellyn Duarte, la objeción de conciencia va más allá del reclutamiento por parte de las Fuerzas Militares del Estado y afirma que el Estado “debe garantizar algunos mecanismos para evitar el reclutamiento por parte de grupos paramilitares”. Lo mismo piensa Nicolás Rodríguez, quien afirma que en muchos casos “los jóvenes tienen como única opción de vida que los reclute una red de microtráfico, las Bacrim o grupos sucesores del paramilitarismo”, agregando que “sencillamente, estamos replicando el mismo sistema con una parafernalia para que venga el capital extranjero, que es una de las razones por las cuales quieren firmar la paz y no les importa tanto la ciudadanía. Por eso, la paz debe ser con justicia social o si no las y los jóvenes no van a salir de sus condiciones de precariedad”.
En el mismo sentido, Ángela Patricia Ruiz asegura que los diálogos de Paz deben proveer “condiciones de vida digna y justicia social, un pleno derecho a la paz, a la memoria y a la verdad. Acá no se puede hablar de paz si se siguen vulnerando los derechos de las mujeres […] En ese sentido, las objetoras de conciencia reconocen como un gran logro que exista una subcomisión de géneros en la actual mesa de negociación para la paz, un lugar donde se respeten las luchas […] que han tenido las mujeres en el conflicto armado”.
De igual forma, María Camila Murcia León afirma que los diálogos de paz plantean una “agenda de temáticas de más de 50 años que llevamos en guerra” y que “los objetores tienen un papel fundamental en el posconflicto o el neoconflicto. Se dice que con el acuerdo se acaba el conflicto pero van a seguir otros tipos de violencias. El conflicto no se acaba sino que se transforma y en esa transformación el papel de la objeción es fundamental para que se piensen esas transformaciones”.
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