Por: Alfonso Castillo Garzón – diciembre 26 de 2014
Como es costumbre el alcalde Gustavo Petro pone temas al centro del debate. El 5 de noviembre anunció que su administración construirá 374 viviendas de interés prioritario para víctimas en zonas consideradas exclusivas de la ciudad de Bogotá, en las que viven y se establecen ciudadanos de estratos socio económicos altos.
El anuncio no tardó en convertirse en polémico y ha suscitado toda clase de comentarios y reacciones a favor y en contra. Desde nuestro criterio, una sola crítica a la medida: la forma en la que se anuncia crea la sensación de una medida improvisada, en especial para quienes participamos en dinámicas de víctimas y viviendas, pues se trata de un anuncio que no se había hecho en los diversos escenarios que las organizaciones han establecido con el gobierno distrital para buscar salidas al grave problema de la vivienda para las víctimas del conflicto.
En este sentido, el anuncio sorprende, al tiempo que abre varios debates en los que las víctimas deben intervenir, con opiniones sopesadas y alejadas del ruido causado por las opiniones desproporcionadas y de un sentido bastante elitista y excluyente que han emitido los sectores que se oponen a la medida sólo porque proviene del alcalde Petro, sin analizar sus proyectos con cabeza fría. La idea es consecuente con el momento político que vive el país, cuando se habla por doquier de la terminación del conflicto armado gracias a los avances de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, y los que se abrirán, ojala pronto, con el ELN y el EPL.
Por tanto, la sociedad colombiana, incluida las clases sociales acostumbradas a privilegios y exclusividades, debería dar muestra de su disposición a adoptar posturas más tolerantes e incluyentes, que den muestra de una nueva etapa en la historia del país.
Las víctimas del conflicto pueden vivir en cualquier lugar, si hay las condiciones
Un segundo aspecto tiene que ver con la conveniencia de vivir en el extracto 6. Esta cuestión no puede verse como un impedimento, por cuanto la administración ha planteado que se garantiza que las viviendas se clasificarán en el estrato 1 por 10 años. En este sentido, servicios públicos e impuestos se tasarán según este estrato y, por lo demás, la compra de víveres y otros bienes de consumo se resolvería por cada persona, según sus costumbres y posibilidades, pues esto es, al fin y al cabo, lo que todas las personas hacen.
Seguramente, por el poco número de viviendas algunos beneficios como la educación primaria y secundaria no estarán al alcance de las víctimas que allí vivan, pero ésta es una cuestión que el distrito sabe sortear y superar, tanto con la ubicación de cupos en los colegios públicos, como con la asignación de subsidios de transporte, lo cual no será gran problema. En cambio, se mejorará el de servicio de transporte y recreación, dado que ese sector cuenta con abundante oferta en este aspecto.
Quizá el mayor riesgo se sitúa en eventuales cambios de criterios catastrales y de organización del territorio. Si cambia drásticamente la composición del concejo, la orientación política e ideológica de la alcaldía y lo establecido por esta administración se echa atrás, estará abierta la posibilidad para que se favorezcan los intereses de comerciantes y sectores adinerados que buscan aprovecharse de las víctimas y se desarrollen acciones para despojarles de estas viviendas.
Problemas de convivencia hay en todas partes
Un tercer elemento hace referencia a la convivencia ciudadana, lo que supone el desarrollo de acciones de pedagogía ciudadana que permitan superar tensiones y prevenciones planteadas, básicamente, por los actuales pobladores de las zonas donde se construirán las casas, que ven amenazada su integridad y seguridad, como si se considerara que ser víctima y de escasos recursos es sinónimo de ser delincuente y mal ciudadano.
Sin embargo, basta con analizar otras experiencias, como por ejemplo las de ciudad de México, Barcelona y Sao Pablo, para darse cuenta de que esta prevención es producto más de la imaginación que de la realidad. Incluso, en la propia ciudad de Bogotá hay sectores donde habitan con relativa tranquilidad los estratos altos con los bajos, separados por una calle o un parque, y la situación no produce tensiones o incidentes de intolerancia o confrontación.
Al fin y al cabo, ciudadanos con malas mañas se encuentran en todas partes y basta con mencionar a los hermanos Nule, Andrés Felipe Arias, Samuel e Iván Moreno o a los directivos de Interbolsa para demostrar que también hay personas de estratos altos que, con toda seguridad, vivían y trabajaban en zonas similares a las que hoy generan polémica y que se robaron los recursos públicos o aquellos que estaban a su custodia.
Cuarto, las víctimas del conflicto no deben tener ningún temor de vivir allí. Se trata de un ejercicio de justicia social: se puede vivir en cualquier parte de la ciudad, siempre y cuando haya allí ofertas de vivienda a su alcance.
Aprovechar los recursos disponibles para reparar a las víctimas
Quinto, es necesario recordar que es deber de la administración pública utilizar los bienes disponibles para buscar soluciones a las problemáticas sociales que, como en el caso de la vivienda de interés prioritario en la ciudad de Bogotá, representan un problema evidente ante la falta de recursos, como los terrenos. En este caso, se trata de lotes propiedad del distrito, que se ponen al servicio de subsanar la necesidad de vivienda.
En este sentido, debemos insistir en la idea redensificar el centro ampliado para construir viviendas de interés social en propiedad horizontal, con lo cual se dignifica la vida y se abaratan costos de infraestructura y servicios públicos, además de oponerse a las tesis excluyentes que decidieron que los pobres deben vivir en las periferias y extremos de la ciudad.
Sexto, un aspecto no menos importante es el debate sobre el costo de las soluciones, forma y criterios de adjudicación, así como subsidios, financiación de saldos, terminados de las soluciones, equipamiento comunitario, opciones de empleabilidad o generación de ingresos, aspectos que están todos relacionados con la garantía de que la adjudicación de estas viviendas sea la posibilidad de reparar integralmente y con facilitar la reconstrucción del proyecto de vida de estas familias.
Finalmente, es necesario saludar la audacia del señor alcalde al proponer esta iniciativa y desafiar contundente el arribismo elitista con un debate necesario, no sin dejar de recordar que la administración de Petro está lejos de cumplir con la meta establecida en su programa de gobierno para construir 40.000 soluciones de vivienda para las víctimas del conflicto.
De otro lado, es necesario que las víctimas y sus organizaciones se fortalezcan, que mejoren su capacidad de interlocución y seguimiento a todo tipo de propuestas, de tal manera que iniciativas como ésta no sean capturadas por politiqueros, oportunistas o, incluso, por el sector financiero, y terminen sirviendo a favorecer mezquinos intereses económicos. Sólo la interlocución y movilización de las víctimas y sus organizaciones garantiza el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.
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* Defensor de derechos humanos y víctimas.
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