Por: Maureén Maya – 12 de agosto de 2010
La explosión que se registró en la madrugada de hoy frente al edificio de Caracol Radio deja serias inquietudes que van más allá del acto mismo y del impacto mediático.
Sería oportuno preguntar ¿a quién beneficia este hecho?
La explosión se produjo a una hora clave, justo cuando empiezan las transmisiones noticiosas y hay poca circulación en la calle. Además, el carro bomba se instaló en la calle y no al interior del edificio, evitando así pérdidas humanas. Por su ubicación, frente a Caracol y la agencia EFE, al norte y en el sector empresarial de la ciudad, se aseguraba la inmediatez periodística y el temor ciudadano.
Lo único claro del hecho es que, través de éste, se legitima aún más la ‘seguridad democrática’, cuya continuidad podrá ser fácilmente sustentada.
Por otra parte, es habitual que al inicio de los últimos mandatos presidenciales se produzcan actos terroristas que buscan generar zozobra en la población civil y marcar la agenda y política del nuevo gobierno. Además, se produce cuando la Corte Constitucional evalúa la legitimidad del tratado que permite la ocupación de siete bases colombianas por soldados estadounidenses; también, después de la ‘normalización’ de las relaciones con Ecuador y Venezuela; y, en especial, cuando se habla en ciertos sectores de la posibilidad de instalar, antes de un año, una mesa de negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El ambiente político que se venía respirando durante los primeros días de gobierno hacía pensar en un cambio bastante significativo en las estrategias que marcaron la era Uribe. A muchos esa posibilidad les incomoda.
El presidente Santos, desde el lugar de los hechos, atribuyó el atentado al ‘narcoterrorismo’: ¿quiénes, además de las FARC, encarnan esta alianza criminal? ¿Qué otros han sido reconocidos públicamente de tal modo?
En consecuencia, pensar en un falso positivo detrás del hecho no es para nada descartable, aunque sea apresurado afirmarlo. Quizás nunca se aclaré, como ocurrió con la explosión en la Escuela Militar de Guerra, al norte de Bogotá, que se produjo en el momento en el que se preparaba un Acuerdo Humanitario con las FARC a finales de 2006, que de inmediato fue descartado. El presidente Uribe declaró, al día siguiente, que “el único camino que queda es el del rescate militar y policivo de los secuestrados. No vamos a permitir que nuestra buena voluntad para el Acuerdo Humanitario siga siendo objeto de la farsa de las FARC, que trafica con el dolor de los familiares de los secuestrados en busca de una zona de despeje para recuperar su capacidad terrorista”.
¿Quién puso la bomba? ¿Para qué? El objetivo de ruido y atención noticiosa se logró de manera perfecta. ¿Lograrán los responsables conquistar sus otros objetivos? ¿Cuáles podrían ser éstos? ¿Marcará este hecho la agenda del gobierno, justificando que deba asumir las ideas guerreristas del presidente saliente que, cierto es, no son tan ajenas a los afectos de Santos?
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