Por: Héctor Vásquez F. – diciembre 26 de 2014
En las pasadas elecciones, el presidente Santos prometió a los trabajadores colombianos la restitución de algunos de los derechos que les fueron arrebatados en 2002, con la Ley 789 de reforma laboral que ese año promovió el entonces presidente Álvaro Uribe.
Esta ley se aprobó con el objetivo de “apoyar el empleo y ampliar la protección social”, y entre sus contenidos incluyó algunos que disminuyeron los ingresos de los trabajadores, como: asignar nuevas funciones a las cajas de compensación familiar, lo que significó un recorte al subsidio familiar; modificar el contrato de aprendizaje [del SENA], excluyéndolo de la legislación laboral y de la negociación colectiva; disminuir el costo de los despidos sin justa causa; y reducir los ingresos de los trabajadores que laboran entre 6 y 10 de la noche que, por lo mismo, se beneficiaban del recargo del 35% sobre el valor de la hora normal, y de los que trabajan en los días festivos y dominicales, cuyo salario se redujo en un 25%.
Los trabajadores que vieron reducidos sus ingresos fueron los del sector formal, regulados por la legislación laboral, y principalmente los del comercio, de la vigilancia, de los hoteles, de los bares y restaurantes, del transporte, de los hospitales y del sector industrial. En total, unos dos millones de trabajadores aproximadamente, cuyo ingreso se redujo en 17,5% sólo por la supresión del 35% después de las 6 pm y en 34,2% si además laboraba dominicales y festivos.
A pesos de hoy, con un salario básico promedio de $800.000, un trabajador pierde anualmente $2 millones por los recargos nocturnos y $3,8 millones por los dominicales y festivos. En cambio, para los empleadores el ahorro ha sido enorme: $2,7 millones por trabajador en el primer caso y $4,9 millones por trabajador en el segundo, lo que en promedio, y a pesos de hoy, significó un traslado de rentas desde los trabajadores hacia los empleadores de $5,4 billones por recargo nocturno, que asciende a $9,8 billones si le agregamos lo que dejaron de pagar por festivos y dominicales.
Más allá de las explicaciones ideológicas que siempre acompañan las estrategias de reducción de costos laborales por parte de los empleadores y sus ONG, en el sentido de que en Colombia los costos laborales son un obstáculo para la creación de empleo y la formalización laboral, en esa ocasión el motivo oculto fue otro: compensar a los declarantes del impuesto de renta y complementarios por el pago del impuesto al patrimonio, que dos meses antes, y en el contexto de la declaración del estado de conmoción interior, impuso el entonces presidente Uribe con el Decreto 1838 de septiembre de 2002, bajo la justificación de que este tributo se necesitaba con el fin de “reemplazar infraestructura militar obsoleta y aumentar pie de fuerza” para someter al ‘terrorismo’.
Lo que se propuso el gobierno de Uribe fue recaudar $8,5 billones para la guerra, que supuestamente deberían pagar los declarantes del impuesto de renta y complementarios, pero que finalmente terminaron financiando los trabajadores mediante la reducción de sus ingresos laborales.
Según Uribe, la reducción de costos laborales permitiría la creación de 640.000 empleos –160.000 por año–, y para verificar su cumplimiento la ley estableció una Comisión de Seguimiento y Verificación de las Políticas de Generación de Empleo, conformada por miembros del Congreso, el Ministro de Trabajo, los directores de Planeación y del DANE, un representante de los trabajadores y otro de los empleadores. La misión de la comisión era la de rendir informes trimestrales de la disminución del desempleo como consecuencia de la aplicación de dicha ley e informar sobre las empresas que han creado empleos adicionales con base en las medidas adoptadas a partir de la misma. A partir de estos informes, el Gobierno Nacional estaba en la obligación de “presentar al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo”.
En la realidad, tal comisión nunca funcionó y aunque el desempleo disminuyó en estos años y se incrementó la tasa de ocupación, esto no fue como consecuencia de la aplicación de la ley sino, en primer término, por los casi 4 millones de colombianos que en los primeros años de emigraron hacia España o Estado Unidos buscando seguridad y trabajo. Segundo, gracias a la recuperación de la economía a partir de 2002, luego de una recesión económica con una caída del PIB de -4,4% en 1999 y una tasa de desempleo de hasta el 21% en el año 2000.
Tal recuperación fue producto de los altos precios del petróleo y del carbón, del incremento de la demanda de estos productos y del incremento extraordinario de la inversión extranjera directa, principalmente en minería, en un contexto internacional de tasas de interés a la baja. En el gobierno de Uribe la economía creció a una tasa promedio anual de 5,1% los primeros 4 años y de 4% en el segundo mandato. Y, en lo que va del gobierno de Santos el promedio ha sido de 4,9% anual, un resultado que necesariamente tenía que impactar positivamente el empleo.
Sin embargo, aunque la tasa de desempleo disminuyó y la tasa de ocupación aumentó, no mejoró en la misma medida la calidad del empleo, pues el empleo por fuera de la legislación laboral y del concepto de trabajo decente apenas bajó un punto: es del 67% para toda la economía. El empleo en la industria disminuyó y los sectores con mayor dinamismo en la creación de empleo, como comercio y servicios, tienen tasas de informalidad del 78,4% y del 46,8%, respectivamente.
Colombia, país de extrema desigualdad en distribución del ingreso
Lo que sí es evidente es que la reforma laboral de Uribe produjo un país más desigual e injusto. Desde hace muchos años, Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, pues, ante el poco peso del sindicalismo, se ha impuesto la visión cortoplacista de los empleadores, más interesados en capturar rentas de manera rápida a través de su influencia en el Estado que en construir una nación moderna, incluyente y democrática en lo social y en lo económico.
Para los empleadores lo funcional es todo aquello que les baje sus costos y les incremente sus ganancias, trátese de reformas laborales como la 789 de 2002 o de reformas tributarias como la de 2013, que suprimió sus aportes al SENA, al ICBF y a la salud, en total el 13% del valor de la nómina que ahora pagamos todos a través del presupuesto nacional.
En el último boletín sobre pobreza monetaria y multidimensional del DANE, emitido en marzo de 2014, se informa que “la desigualdad de los ingresos a nivel nacional registró 0,539 puntos. El coeficiente GINI, usado para medir desigualdad, en 2013 registró 0,495, mientras que en el 2012 fue 0,500”. Este indicador nos sitúa como la séptima nación más desigual del planeta y la tercera más desigual en América Latina, resultado, entre otros factores, de los bajos salarios e ingresos laborales de la población trabajadora colombiana.
Ahora, el gobierno y los partidos que sustentan su mayoría en el Congreso tienen la oportunidad de cambiar esta situación, restituyéndoles a los trabajadores lo que perdieron con la reforma laboral de Uribe. Ello significaría mejorar ingresos de los hogares, un factor que es absolutamente clave en el crecimiento de la economía, en tanto representa más del 60% del PIB, lo que tendría un efecto positivo en la ampliación del mercado interno, en la demanda de las empresas y, por lo tanto, en el empleo.
Adicionalmente, mejores ingresos para los trabajadores significan más educación, mejor vivienda, mejor alimentación y más salud para los hogares de los trabajadores, factores todos que son clave en la competitividad de un país.
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* Analista de la Escuela Nacional Sindical.
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Excelente columna sobre la reforma laboral del año 2002, un infame raponazo contra la clase laboral del país. Ello influyó enormemente a incrementar la pobreza y la desigualdad social y económica de Colombia, una de las más altas del mundo y la segunda de latinoamérica, solo superados por Haití, uno de los países más pobres del mundo, cuando el Presidente Santos asumió su primer mandato en el 2010. El mismo presidente denunció esta infamia sufrida por el pueblo de Colombia, donde la riqueza está concentrada en más pocas manos en el mundo, según informes del mismo Banco Mundial y el BID.