Por: Christian Peñuela – marzo 15 de 2012
Veinte movilizaciones y actos simbólicos en ditintas ciudades de Colombia y el mundo, en medio de amenazas, persecuciones y hostigamientos a las organizaciones de víctimas y a los defensores de derechos humanos convocantes a las movilizaciones, fueron el resultado de la jornada convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímines de Estado (Movice) para rechazar la falta de garantías para los líderes de los desplazados reclamantes de tierras, los obstáculos que enfrentan los procesos de restitución y el fortalecimiento de los grupos paramilitares en el país.
Con el respaldo de organizaciones, movimientos sociales y sindicatos nacionales e internacionales, las jornadas convocadas por el Movice tuvieron como epicentro las ciudades de Villavicencio (Meta) y Montería (Córdoba), ciudades de la región caribe y de los llanos orientales donde actualmente se vive el mayor recrudecimiento de la violencia paramilitar y donde se presenta el mayor número de casos de asesinatos a líderes de organizaciones de desplazados.
Sin duda alguna, Montería tuvo el acto simbólico más especial para las víctimas del norte del país, pues la movilización se realizó alrededor del llamado “Monumento a la paz”, que las víctimas exigen demoler por considerarlo un homenaje al paramilitarismo en la región, construido en 1997 por la XI Brigada del Ejército y la Alcaldía Municipal de Montería. Actualmente, Córdoba es el departamento del país con más reclamaciones de tierras y también el que tiene el mayor número de asesinatos e intimidaciones de líderes de desplazados a manos de paramilitares.
Por su parte, en Villavicencio se manifestaron unas 800 personas marcharon entre la Plaza de Banderas y la Plaza de los Libertadores. La capital del departamento del Meta es la ciudad más importante de los llanos orientales, otro de los epicentros del histórico despojo de tierras en el país que, actualmente, concentra importantes proyectos de extracción petrolera, minería a gran escala y agroindustria que beneficiarán a importantes empresas colombianas y a grandes multinacionales que hoy explotan esos recursos.
En Bogotá, al menos un millar de personas marcharon entre el edificio Colpatria y el Ministerio de Agricultura donde, además de denunciar el despojo de tierras y las agresiones contra quienes buscan que les sean devueltas sus tierras y respetados sus derechos, las víctimas exigieron al gobierno una política consistente de restitución , que vuelva a poner en manos de los campesinos la posibilidad de decidir sobre sus terrenos y sus vidas.
A nivel internacional la ciudad con la acción colectiva más importante fue Barcelona, donde varios activistas colombianos y catalanes realizaron un plantón frente a la sede de la polémica trasnacional Endesa para exigir su salida de Colombia y denunciar el megaproyecto energético de la represa El Quimbo, que dicha empresa planea construir en el departamento del Huila, desviando el cauce del río Magdalena.
Autónomos del gobierno
Pese a que el gobierno de Juan Manuel Santos ha convocado importantes concentraciones de campesinos en Necoclí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico) para buscar apoyos a su política de restitución de tierras, las organizaciones de víctimas consideran que lo planteado por el Ejecutivo es, a todas luces, insuficiente y no afecta de forma significativa lo despojado por el paramilitarismo, porlo que mantienen su independencia y sus exigencias de una política de tierras coherente con las verdaderas necesidades de campesinos, indígenas y afrocolombianos desplazados.
Según José Antequera Guzmán, integrante del Movice, “el gobierno pretende mostrar interés y poner a las víctimas detrás suyo, tratando de abanderar las causas de los campesinos y las víctimas, [pero] lo cierto es que sus políticas no demuestran un retorno seguro a las tierras. No hay un real protagonismo del campesinado en la producción agraria y, en ese sentido, la cooptación del movimiento es un total fracaso”. Señaló además que “es evidente es que el gobierno quiere adecuar el país para el TLC, con una propiedad saneada de las tierras para que exista un aumento en la inversión agroindustrial”.
Bajo amenazas y señalamientos
Grupos paramilitares, como las Águilas Negras, Antirrestitución y los comandos urbanos de los Rastrojos, vienen difundiendo mensajes intimidantes por correo electrónico, panfletos y sufragios contra decenas de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, el Movice y los líderes de quienes exigen el retorno y la restitución de sus tierras.
Freddy Antonio Rodríguez Corrales, uno de los casos más visibles de amenazas de muerte a líderes reclamantes de tierras por parte del grupo paramilitar Antirrestitución, manifiesta que se ha dirigido en múltiples ocasiones a Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio del Interior, y al vicepresidente Argelino Garzón, con el ánimo de suministrar pruebas de las amenazas que ha recibido y de solicitar garantías de seguridad ante su situación de riesgo, sin haber recibido respuesta hasta el día de hoy. Rodríguez es el representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte (Asocol), conformada por campesinos desplazados del departamento del Cesar que hoy luchan por recuperar los terrenos de la hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de Pelaya.
De acuerdo con el líder de Asocol, en ese municipio el grupo paramilitar autodenominado Antirrestitución “anda muy visible ante la comunidad e invisible para las autoridades […] tenemos también al compañero de la asociación Bernardo Herrera quién pertenece al proceso de restitución y que no puede salir de su casa por temor a ser asesinado por este grupo paramilitar. Si tenemos en cuenta que si a mí no me han brindado unas garantías reales de seguridad, siendo el líder de esta comunidad, mucho menos a las 22 familias que están en este proceso”. De acuerdo con las denuncias de Rodríguez, el reconocido empresario colombo brasileño Germán Efromovich, dueño de Avianca, “compró 5.000 hectáreas [de esas tierras] al exembajador Carlos Arturo Marulanda, años posteriores al despojo […] Dentro de estas tierras hay 1.500 hectáreas baldías que son de la Nación, las cuales aprovechó para el cultivo de palma, atropellando a los campesinos con violencia”.
De otra parte, días antes de la jornada de movilización de las víctimas, el presidente Santos señaló que estas protestas podrían estar siendo infiltradas por la guerrilla y que los alzados en armas estarían interesados en ocasionar actos violentos. Ante estas graves acusaciones, los defensores de derechos humanos presentes y el Movice manifestaron su voz de rechazo contra estas declaracjoes del mandatario y exigieron garantías al gobierno para quienes ejercen su derecho a la protesta y, en especial, para las víctimas que reclaman el retorno a sus tierras.
A este respecto, la reconocida defensora de derechos humanos Lilia Solano indicó que “la comunidad internacional no debe caer en los discursos que transmite el gobierno y que aseguran que Colombia vive en una democracia y que hay garantías para los derechos humanos y para la vida […] debe entender que el mismo presidente ha venido estigmatizando las marchas, que no se está considerando el reclamo legítimo de las víctimas de crímenes de Estado y se termina equiparando a un lenguaje de terroristas sus luchas”.
Franklin Castañeda, vocero nacional del Movice, expresó indignado que “este prejuicio de que la oposición política en Colombia, materializada algunas veces en movimientos sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, son organizaciones guerrilleras ha causado miles de muertes […] no hay garantías si desde la misma Presidencia se nos estigmatiza y se nos señala […] teniendo en cuenta que, desde el primer año de gobierno de Juan Manuel Santos, el Movice padeció un incremento del 44% de las agresiones en amenazas, robo de información, detención y judicialización de nuestros integrantes, y desaparición forzada. Ahora, en cuanto a las cifras, han sido asesinadas en el último año 59 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y, en especial, al acompañamiento a procesos de restitución de tierras”.
Una ley de despojo, desplazamiento y olvido
Colombia es actualmente el país del mundo con mayor número de desplazados internos con 5’281.360 personas sacadas a la fuerza de sus territorios. De ellos, al menos 1.400 han sido asesinados y el reclamo por el retorno y la restitución de sus tierras se ha vuelto casi imposible por el crecimiento y consolidación de las nuevas estructuras paramilitares, que han renovado su poderío regional y se han convertido en guardianes del despojo y de los intereses económicos que se han beneficiado del mismo. De acuerdo con Iván Cepeda, representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, el 59% de las tierras ubicadas dentro de los grandes proyectos económicos de las multinacionales corresponden a zonas que fueron arrebatadas a los campesinos por los ejércitos privados de ultraderecha durante los últimos años.
Agustín Jiménez, otro reconocido defensor de derechos humanos, denunció que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del gobierno de Santos “no incluye procesos de sostenibilidad de tierras para las víctimas, pues ellas se verán en la situación de abandonar sus propiedades en vista de que no tienen recursos para explotarlas. El segundo elemento es que deja un bagaje […] que permite que se beneficien los victimarios o sus testaferros, los cuales fueron los autores del despojo. Y el tercer elemento es el tema de la seguridad porque no es una política seria que permita un cambio en la protección de las víctimas en el retorno”.
En este mismo sentido, José Antequera puso el acento en que esta ley “está pretendiendo implantar un punto de vista de la memoria histórica desde una versión del conflicto armado a partir de 1985, que deja de lado crímenes de Estado que no dependen exclusivamente de confrontaciones armadas. En la historia de este país, el despojo de tierras se ha realizado también sin confrontación, a través de amenazas y del terror difundido por la empresa unilateral que se ha beneficiado por el paramilitarismo. Otro aspecto para criticar es que la ley se centra en medidas de asistencia […] que realmente no contribuyen a la reparación” y cuentan con serias limitaciones de recursos para su financiación.
Así mismo, Franklin Castañeda indicó que la Ley de Víctimas no aborda el debate sobre la tenencia de tierras por parte de las multinacionales y que termina legitimándola, pues contienen una inconsistencia en lo que se define como “contrato de uso” y que consiste en que “a las tierras despojadas que en estos momentos estén siendo usadas por empresas multinacionales o inversionistas de buena fe, es decir, que no tuvieron que ver con el desplazamiento de comunidades, se les concede ese uso de la tierra y al campesino se le reconoce la propiedad, lo cual es absurdo pues al campesino de qué le sirve un papel que certifique su propiedad si no puede trabajar su tierra […] esto desconoce una realidad y es que luego de la violencia paramilitar iban los notarios y los directores de las oficinas de control de instrumentos públicos legalizando las tierras, pasándola de testaferro en testaferro hasta llegar a los empresarios que actualmente hacen uso de ellas”.
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