Abril 15 de 2015
Una multitudinaria marcha por la memoria y la solidaridad con las víctimas en Colombia se tomó las vías de Bogotá durante la jornada del 9 de abril. Más de 120.000 personas se movilizaron entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hasta el parque Simón Bolívar, sumándose esta manifestación a decenas de actividades similares en diferentes ciudades del país.
Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, fue establecido el 9 de abril como el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. La fecha, mucho antes de su institucionalización, había sido recordada por diversas organizaciones sociales por marcar el aniversario del asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948.
En Bogotá, la conmemoración del 9 de abril se inició con un acto simbólico en el que el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro instalaron la primera piedra de lo que será el Museo Nacional de la Memoria, espacio cuya misión consistirá en dignificar a las víctimas que ha dejado el conflicto y tejer puentes de reconocimiento hacia una sociedad que, a veces, pareciera olvidar la larga historia de horror que ha vivido.
En esta ocasión, miles de personas de diversos orígenes aprovecharon la ocasión para elevar su reclamo de una paz con dignidad y cambios sociales, el fin de la impunidad en los crímenes de Estado y para exigir que se avance en los diálogos de paz de La Habana a través del cese bilateral de hostilidades, que se concrete la mesa de conversaciones con el ELN y que se haga lo propio con el EPL.
En este sentido, el senador Alberto Castilla, uno de los congresistas que participó en la conmemoración, el 9 de abril “es un día que le pertenece a los sectores populares por lo que ha significado el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, reconociendo las víctimas, fortaleciendo la memoria en construcción de un país posible y decimos que a esta paz le faltan voces: faltan el ELN, el EPL, pero sobre todo faltan las voces de la sociedad”.
Las voces de las víctimas
Sin embargo, existieron claras diferencias entre las conmemoraciones oficiales y las de los movimientos sociales, a pesar de la coincidencia en la búsqueda de respaldo para los diálogos de paz: mientras Juan Manuel Santos y su gabinete se negaron a participar en las marchas del 9 de abril y se concentraron en la entrega de una ofrenda floral en el Monumento a los Militares y Policías Caídos, resaltando a los uniformados como responsables del crecimiento económico del país y de haber empujado a las guerrillas a la negociación, los cientos de miles de colombianos que se manifestaron en todo el país exigieron que los diálogos de paz traigan cambios de fondo en el modelo económico, político y social de Colombia, que haya mejores condiciones laborales, de salud, educación y vivienda digna, a la vez que llamaron al Estado a reconocer su responsabilidad con las víctimas y a que se rompa la impunidad que impera a nivel nacional. Para todos ellos, el mensaje es claro: la paz para el pueblo es justicia social y esto va más allá de la firma de unos acuerdos para lograr una solución política a la guerra que vivimos hace más de medio siglo.
Las calles capitalinas como escenarios de encuentro fueron testigos de diversas historias, algunas de ellas ya contadas y muchas otras que hasta ahora encuentran oídos prestos a escucharlas. Así, víctimas como Raúl Antonio Carvajal Pérez aprovecharon para que se recordaran, en medio de la multitud, sus reclamos por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Su hijo, el cabo del Ejército Raúl Antonio Carvajal Londoño, fue asesinado de su hijo el 8 de octubre de 2006 en extrañas circunstancias, ante lo que no duda en acusar del crimen directamente a Álvaro Uribe Vélez y a su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y en señalar que a su hijo lo mataron por no seguir las ordenes de matar a los jóvenes de Soacha en los mal llamados ‘falsos positivos’.
Por su parte, Candelaria Vergara denunció la desaparición forzada de su compañero, el líder sindical del la USO Pedro Julio Movilla Galarcio, ocurrida el 13 de mayo de 1993 en Bogotá, y afirmó que “la paz se consigue en la medida en que las mayorías tengamos una vida digna a través de la lucha […] y las multinacionales deben dejar de producir para la guerra”.
Entre los miles de caminantes se encontraba también Luz Emi Navarro, una mujer campesina proveniente de la región del Catatumbo, específicamente del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú (Norte de Santander). Con lágrimas en sus ojos y voz entrecortada, doña Luz recordó el asesinato de su hijo Raúl Navarro y comentó que tuvo que desplazarse hacia la capital por la persecución a la que ha sido sometida por quienes quieren silenciar sus denuncias, a la vez que denuncia que el Estado no presta una adecuada atención a víctimas como ella y pide “al país justicia, protección, reparación y no más violencia”.
También se denunció la forma en al que se invisibiliza la suerte con la que corren muchos de los jóvenes colombianos en el exterior. La señora María Eugenia Martín salió a las calles el 9 de abril, junto a sus familiares, para denunciar la impunidad que reina sobre el asesinato de su hijo, Sergio Becerra, en una estación de Policía en Finlandia hace 8 meses y la nula intención de esclarecimiento de los hechos por parte de los gobierno colombiano y finlandés.
Oídos sordos
Por otro lado, a pesar de que la Ley 1448 de 2011 estipula como acto central y de alto significado para las víctimas una sesión plenaria del Congreso, donde senadores y representantes a la Cámara deben escuchar durante todo el día las voces, testimonios y denuncias de las personas y comunidades victimizadas, este año, por cuarta vez consecutiva, la ausencia de los congresistas se fue bastante evidente cuando se realizaba este importante evento: más del 84% de ellos asistieron únicamente al acto protocolario, en el cual el presidente Santos abrió la plenaria y otros congresistas intervinieron. Una vez comenzaron a hablar las víctimas se marcharon.
Al final de la jornada sólo 17 de 102 senadores y 32 de 66 representantes a la Cámara seguían presentes escuchando a las 45 víctimas que asistieron, previa inscripción. Esto, sin lugar a dudas, cuestiona qué tan comprometidos se encuentran los parlamentarios con el reconocimiento y escucha a las víctimas, las cuales representan un 14% de la población colombiana.
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