Por: Yolima Vargas Garzón – octubre 3 de 2012
El pasado 23 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza del exministro Frank Pearl, anunció que luego de la exhaustiva revisión de títulos de propiedad de los predios en el parque nacional natural Tayrona, se han blindado los terrenos, de modo que se hace imposible su compra o venta. Sin embargo, un día después el diario El Espectador hizo referencia al número de predios ‘legales y en orden’ encontrados luego de la revisión: 20 en total. El exministro Pearl advierte que estos predios “gozan de total legalidad, siempre y cuando respeten el régimen jurídico y los usos del área protegida”.
Construcción de hoteles para ecoturismo en áreas protegidas es legal
Algunas personas que han visitado el parque recientemente sostienen que se han encontrado profesionales en el área comprendida entre las playas La Piscina y Cabo San Juan, así como rastros de pintura en los árboles, que son signos de los estudios de impacto ambiental necesarios para solicitar licencias de intervención en un área protegida.
Activistas ambientales de Santa Marta también advierten la presencia de profesionales del área social a nombre de Six Senses, lobbistas que no reconocen públicamente su vinculación a esa compañía y gestionan buena propaganda para el proyecto de construcción de un hotel 7 estrellas en el Tayrona, haciendo alusión, incluso, a que supuestamente este ahora traerá más beneficios a la región porque, además del proyecto turísitico, que irremediablemente traería consigo una carretera hasta la playa, helipuerto o puerto, entre otros impactos, incluirá un espacio para acampar, que por demás ya existe.
Con el cambio de ministro de Ambiente es mucho más fácil para el gobierno de Santos echar atrás todas las promesas de Pearl de evitar la construcción de hoteles dentro de las áreas protegidas, y no sólo en el Tayrona. En estas circunstancias, la única garantía legal que tenemos los ciudadanos para que las áreas protegidas no sean intervenidas es la expropiación de privados que se encuentran dentro de ellas, mediante la aplicación del Artículo 335 del Decreto 2811 de 1974, que establece que “cuando sea necesario incorporar tierras o mejoras de propiedad privada en el sistema de parques nacionales, se podrá decretar su expropiación conforme a la Ley”.
Es preocupante la posición del gobierno frente al medio ambiente y a la soberanía del manejo y usufructación de los bienes de los colombianos. El gobierno de Juan Manuel Santos basa su modelo económico en la extracción de recursos naturales, construcción de hidroeléctricas y cesión de baldíos a grandes inversionistas para siembra de palma africana, cultivos de alimentos trasgénicos y minería. De hacerse realidad los objetivos de Santos, aunque cuenta con una fuerte oposición, los únicos ecosistemas primarios que quedarían en pie, además de las iniciativas de conservación privadas que son muy pocas, serían las áreas protegidas. Al menos estos terrenos, en su totalidad, deberían ser públicos.
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Walter. Al menos Yolima presenta hechos de los que ya se están hablando y su efecto es el de mantenernos atentos a la posibilidad de actuar a tiempo. ¿Cuáles entonces serían sus verdaderos argumentos para la crítica que le hace a Yolima?.
Yolima por favor informate mas del proyecto. Hablas por hablar no tienes ni idea de q se trata el proyecto. Repites lo q dicen los demas. Informate mejor.