Por: Carlos Julio Díaz Lotero* – 31 de octubre de 2015
Desde la década del 70 del siglo pasado, el sistema económico global ha venido haciendo tránsito de manera progresiva hacia el liberalismo económico. El Estado que participaba en la regulación de los mercados, de las condiciones sociales de los trabajadores, de la seguridad social y del direccionamiento de la economía fue sustituido por un Estado liberal que cree en la libertad de mercado, que permite que éste regularice la oferta y la demanda, y que, en el mejor de los casos, sólo actúa en defensa de los derechos individuales civiles o políticos.
Se abrieron paso el libre comercio –TLC, OCDE, TISA–, la liberación cambiaria, la des regulación de mercados, las privatizaciones, la relocalización de los procesos de producción y la movilidad de capitales y de flujos financieros especulativos. El mundo de hoy está dominado por un sistema complejo de bancos centrales independientes de los Gobiernos, bancas de inversión, fondos de usura, compañías de seguros y bancos fantasmas que han apartado los flujos monetarios del sector industrial, de la producción de bienes físicos, de la economía real, del empleo productivo y de la inversión en infraestructura. Es un mundo que cada vez más está dominado por la especulación y la idea de que el dinero es la medida del valor en la economía.
Si hay una palabra que pudiera resumir todo este sistema, no es otra que ‘competitividad’, concepto que se deriva de ‘competencia’, que es un nombre elegante para la guerra entre empresas y países por el control de los mercados y que ha estado siempre en la parte motiva de todas las reformas regresivas que se han realizado en el país en materia laboral.
Para el logro de la competitividad las empresas y países usan dos armas: la primera es la devaluación de las monedas y la segunda es la que técnicamente se denomina ‘dumping’ social de mano de obra barata, que se expresa en la precarización del trabajo, la reducción de derechos y el debilitamiento o extinción de las organizaciones sindicales. Para este enfoque, los sindicatos, las convenciones colectivas y los derechos laborales le restan competitividad a las empresas y países. Así, el mejor sindicato, la mejor convención colectiva y el mejor derecho laboral es el que no existe.
En este contexto de libre comercio, las políticas de los Estados y empresas han tenido un impacto negativo en las organizaciones sindicales y en los derechos de los trabajadores. Los sindicatos han descendido en su tasa de afiliación, existen presiones para atenuar, en unos casos, e impedir, en otros, las negociaciones de rama. Asimismo, el tripartismo se ha debilitado, las libertades sindicales están bajo ataque, y existe una estrategia de los empresarios y gobiernos para debilitar y desconocer los órganos de control de la OIT y el derecho de huelga en su marco normativo.
En Colombia, las pocas huelgas que se desarrollan se declaran ilegales por el aparato judicial, en contravía de los derechos de libertad sindical consagrados en la Constitución Política y en los convenios de OIT.
La violencia antisindical no desaparece y gana en refinación, mientras el trabajo forzoso, el trabajo infantil y las discriminaciones de todo tipo siguen vigentes. Los pactos colectivos y los contratos sindicales, que son modalidades de contratación colectiva que se desarrollan sin libertad y autonomía, vienen creciendo en detrimento de las convenciones colectivas.
Por su parte, los derechos de los trabajadores se han visto golpeados por el crecimiento del desempleo, la informalidad laboral y toda una serie de reformas legales y de hecho que han precarizado el trabajo.
Una de las formas más emblemáticas de precarización es la tercerización laboral, que se ejerce mediante la subcontratación de actividades y suministro de trabajadores entre las empresas. En las maquilas y las zonas francas predomina la externalización de actividades, mientras que la intermediación laboral, como una de las formas de tercerización, se realiza legalmente por medio de las empresas de servicio temporal y, de manera ilegal, por cooperativas de trabajo asociado, falsas cooperativas, falsos sindicatos con los contratos sindicales, sociedades por acciones simplificadas y fundaciones. Otra de las formas de subcontratación laboral, muy utilizada en el sector público, es el contrato de prestación de servicios, en el que el trabajador hace las veces de tercero en el modelo de relaciones triangulares.
En el uso de las empresas de servicio temporal, las únicas autorizadas para realizar intermediación laboral, se presentan demasiadas arbitrariedades, pues en muchos casos se rebasan las restricciones legales. Pero, en la tercerización laboral que desarrollan las cooperativas de trabajo asociado, los falsos sindicatos con los contratos sindicales y los contratos de prestación de servicios la situación es mucho más grave porque la relación de trabajo se deslaboraliza totalmente y la condición de trabajo se precariza.
Con los contratos sindicales, algo que ya anda mal se empeora, pues éstos no sólo deslaboralizan la relación de trabajo y precarizan la condición laboral sino que desnaturalizan el rol sindical, lo que afectará negativamente en un futuro la imagen de las organizaciones sociales de los trabajadores.
Los pasados 28 y 29 de julio, el sindicato global Industri-ALL realizó un encuentro para profundizar en el tema, conocer experiencias sindicales exitosas contra la tercerización y construir líneas de actuación para enfrentar esta política de precarización laboral. Industri-ALL representa a los trabajadores en una amplia gama de sectores: extracción de petróleo y gas, minería, generación y distribución de energía eléctrica, manufacturas, construcción de barcos y automóviles, industria aeroespacial, mecánica, electrónica, química, del caucho, del papel y pasta de papel, textiles, confección, cuero y calzado y servicios medioambientales.
Para construir una sociedad justa y con trabajos decentes, Industri-ALL se viene organizando para desarrollar sindicatos fuertes, combatiendo la precarización y la tercerización laboral, y luchando contra el modelo de finanzas especulativas. Para ello, promueve “una vigorosa política industrial que reconozca la manufactura como motor esencial del crecimiento económico de los países”.
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* Director de la Escuela Nacional Sindical. Publicado originalmente Agencia de Información Laboral.
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