Por: Andrés Gómez – septiembre 23 de 2009
La población de Manaure (La Guajira) enfrentará duros tiempos por el rompimiento de dos jarillones en la Boca de San Agustín, donde durante décadas los indígenas wayuú han realizado el secado del agua marina para la extracción de sal. El sabotaje ha ocasionado que la salmuera se vaya al mar y puede generar pérdidas de $10.000 millones, según Luis Arciniegas, representante legal de la asociación indígena Sumain Ichi.
Con el rompimiento de los jarillones, se ocasionarán daños a la economía de los 65.000 habitantes de Manaure, ya que muchos de ellos viven parcial o totalmente de la extracción de sal marina. El hecho no deja de sorprender a los pobladores, ya que no sólo la empresa se ve afectada: muchos indígenas extraen sal por su cuenta en piscinas cercanas a los jarillones, recibiendo apenas $1.300 por saco, y ahora no podrán continuar realizando esta actividad para su sustento.
Por su parte, los miembros de la asociación Waya Wayuú argumentan haber destruido las estructuras porque la representación legal de los indígenas en la directiva de la empresa Salinas Marítimas de Manaure (SAMA) debe ser a través Armando Valbuena, dirigente de Waya Wayuú, y no mediante la asociación Sumain Ichi. La organización sostiene ser la representante legítima de los indígenas en SAMA, ya que, al momento de asumir el Estado en 2007 el control de la empresa, Armando Valbuena era el gerente de ésta y que debería regresar a ese cargo luego de que el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá determinó, el pasado 9 de septiembre, que la escritura pública tramitada por el Ministerio de Comercio estaba viciada de nulidad absoluta y que el control accionario de la concesión debía estar en manos de los indígenas.
Sin embargo, mediante la Resolución 035 de 2008, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, se desconoce a Valbuena y la representación legal Wayuú en SAMA pasa a manos de Luis Arciniegas, miembro de Sumain Ichi, organización que recoge a unos dos tercios de los trabajadores de la sal en las salinas de Manaure. Los autores del rompimiento de los jarillones sostienen que han acudido a las vías de hecho para presionar la revisión de dicha resolución por parte del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, ya que temen que el gobierno consiga un administrador que dificulte la devolución de los derechos a los indígenas, según señaló Valbuena, un antiguo líder sindical sin ancestro indígena.
Por otra parte, miembros de la asociación Sumain Ichi como Consuelo Epiayú, autoridad tradicional indígena, consideran que Armando Valbuena fue un pésimo administrador, que usó las cuentas de la empresa como personales y cuya ineficiencia facilitó que el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, elaborase unilateralmente la escritura pública No. 1592 del 11 de octubre de 2007 en la Notaría 70 de Bogotá, con la que tomó el control de la Empresa.
Según los afectados, se hace urgente la mediación de la Gobernación de la Guajira para resolver el conflicto, ya que las perdidas generadas hacen vulnerable a la empresa en momentos en que el gobierno estaría buscando que un operador privado asuma la explotación salina en Manaure.
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