Por: Christian Peñuela – 14 de febrero de 2017
269 organizaciones denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU la grave situación que se vive en Colombia, con ocasión del séptimo examen periódico universal realizado por dicho organismo del 17 al 20 de octubre en Ginebra (Suiza).
En su informe alterno al del Estado colombiano, las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que no se están aplicando de manera decidida a las 46 recomendaciones de organismo multilateral. No obstante, a pesar de que las mismas tienen carácter vinculante para nuestro país, ninguno de los funcionarios del Gobierno Nacional dio explicaciones satisfactorias a los miembros del comité sobre las razones para que se sigan incumpliendo, lo cual hace que Nicolás Rodríguez, integrante de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), asegure que “fue desafortunada la intervención de los funcionarios del Estado al no encontrar argumentos sólidos tanto a las recomendaciones proferidas por el Comité como a las situaciones presentadas por las organizaciones colombianas”.
Adicionalmente, el documento denuncia que la justicia interna no ha sido efectiva en investigar, juzgar y prevenir diferentes violaciones a los derechos humanos que, en el caso de crímenes como la violencia sexual en el marco del conflicto armado, alcanzan niveles de impunidad del 98%.
Continúan las violaciones sistemáticas en el gobierno Santos
El documento recoge hechos ocurridos entre 2010 y 2015, es decir, durante todo el primero y el inicio del segundo mandato de Juan Manuel Santos, y, a partir de los mismos, demuestra el abierto incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) por parte del Estado colombiano y la continuidad de las prácticas más comunes de victimización en la guerra colombiana.
Una de las situaciones en las que las organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron énfasis en Ginebra fue la grave crisis carcelaria colombiana, sobre la cual Ana María Rodríguez, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, afirma que: “el hacinamiento en las cárceles colombianas pasó de un 35% en el 2010 a un 56% al inicio del año 2016”. Asimismo, Óscar Ramírez, quien hace parte de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), menciona que “existen dos cárceles en Colombia que han sobrepasado en un 400% su capacidad sin que el Gobierno Nacional haya tomado medidas que mitiguen el hacinamiento carcelario”.
Por otro lado, se hizo especial mención sobre la persistencia de la desaparición forzada, la trata de personas y el desplazamiento forzado en los dos gobiernos de Santos y la relación de estos delitos con la implementación de megaproyectos económicos.
Adicionalmente, se denunció la preocupante persecución contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores al modelo económico que impera en Colombia que, según un reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), completó 117 víctimas de homicidio, 350 de amenazas, 46 de atentados y 5 de desaparición forzada en 2016, situación que se ha venido agravando después del plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. También hace especial mención a la grave situación que viven miles de activistas, campesinos, afrodescendientes, indígenas, periodistas y sindicalistas debido a la criminalización de la protesta social, especialmente a partir del paro nacional agrario de 2013.
Al respecto, las organizaciones que elaboraron el informe dirigido al Comité de Derechos Humanos de la ONU señalaron su preocupación por la falta de compromiso del Estado colombiano por resolver estas problemáticas durante los 5 años transcurridos desde el último examen periódico. Según Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en ese momento se recomendaba tomar acciones frente a “la posible impunidad causada por la aplicación de la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública y los seguimientos e interceptaciones ilegales a organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”, situaciones que han continuado en los gobiernos de Juan Manuel Santos sin que se prevengan oportunamente.
El documento aporta importantes datos sobre continuidad del paramilitarismo, la justicia penal militar, las garantías para la protesta social, la situación de la niñez, la desaparición forzada, el derecho al aborto, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, la esterilización forzada de niñas con discapacidad, la situación carcelaria, el servicio militar obligatorio y las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte del Ejército. Con respecto a estas detenciones arbitrarias, hace énfasis en que a la fecha ningún militar ha sido sancionado por esta práctica irregular, a pesar de la orden proferida en la Sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, relaciona las interceptaciones, seguimientos o actividades ilegales de inteligencia, la situación de desprotección de los defensores de derechos humanos y el trato desigual y discriminatorio que padecen las personas LGBTI, a pesar de los recientes avances legislativos en Colombia en materia de equidad de género.
Las organizaciones fueron enfáticas al señalar que es necesario que los movimientos sociales se apropien de este informe como una herramienta de seguimiento a las recomendaciones que ha recibido el Estado tanto de la ONU como de los defensores de derechos humanos, pues el cumplimiento de los tratados internacionales en esta materia es de obligatorio cumplimiento para nuestro país.
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