Por: Giuseppe Bottazzi – noviembre 8 de 2015
Despojo de tierras, amenazas, contaminación, violación de derechos laborales. Éste es el precio que la comunidad de Mapiripán (Meta) tiene que pagar por hospedar un proyecto promovido por el gobierno de Colombia supuestamente para desarrollar actividades legales en una zona plagada por el narcotráfico y los grupos armados. La situación de este municipio de la región de la Altillanura colombiana lleva tiempo bajo la lupa de medios y organizaciones locales.
Ahora, una investigación llevada a cabo por dos ONG, la holandesa Somo y la colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), añade otros elementos sobre el proyecto de palma aceitera conocido como Poligrow Research + Green Oils, impulsado en el municipio colombiano por la compleja red empresarial del grupo italo español Poligrow.
Los problemas de Mapiripán vienen de lejos. El municipio ha sido escenario de violencias en las últimas décadas y aún continúa bajo el impacto de grupos armados: desde la masacre de julio de 1997, preámbulo de la incursión las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Mapiripán sufrió homicidios múltiples que causaron desplazamientos forzados, abandono y despojo de tierras.
Amenazas para hacerse con las tierras
Poligrow llegó a Mapiripán en 2008 con el objetivo de sembrar 15.000 hectáreas de palma. Pero, en una zona afectada por años de violencia, el nuevo proyecto de desarrollo ‘legal’ parece repetir las mismas lógicas de siempre.
Las dudas levantadas por el informe se centran en la adquisición de tierras para la siembra de la palma. No se trata sólo de que la empresa esté acusada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) de haber acumulado tierras más allá de lo que permiten las normas nacionales sobre terrenos baldíos. Es que además una de las organizaciones que operan en la zona, la Comisión Intercleresial de Justicia y Paz, apunta al representante legal de Poligrow en Colombia, el italiano Carlo Vigna Taglianti: “a través de tres declaraciones cotejadas se puede conocer que Carlo Vigna estableció contacto con grupos paramilitares [y que] con posterioridad a los mismos se iniciaron las presiones y amenazas a la personas que se encontraban habitando la hacienda Barandales, hasta el punto de obligarlos a aceptar los términos establecidos por la empresa y firmar un documento de aparente acuerdo”, recita el informe de las dos ONG, señalando que de momento esta acusación no ha sido desmentida.
Poligrow, explican Somo e Indepaz, prefiere calificar de ‘chismes’ todas las informaciones procedente de actores diferentes a la empresa. La relación de Poligrow con grupos paramilitares no está probada, pero, según explica el informe, en ese complejo entorno en el que bandas se pelean el tráfico de drogas y cometen extorsiones, los arreglos de seguridad de la empresa –que no tiene contratada seguridad privada– levantan otras dudas: para organizaciones sociales y entidades estatales colombianas como la Defensoría del Pueblo, el respaldo de la comunidad no parece ser suficiente para explicarlos ni para desvirtuar posibles ‘interacciones’ con armados ilegales en Mapiripán.
Paraísos fiscales
También la estructura empresarial de la compañía resulta poco clara. Poligrow Colombia está controlada por la española Poligrow Inversiones SL, con sede legal en Madrid, pero la situación se enreda cuando se busca el socio dominante del holding madrileño: se trata de Serlick SA, sociedad establecida en Uruguay, un país que garantiza la reserva de la información societaria y financiera. Serlick, según explica Carlo Vigna Taglianti a Somo e Indepaz, es “una fiducia cuyos inversionistas son de cinco a diez empresarios de Europa”. A falta de informaciones adicionales sobre los inversores, para entender la estructura empresarial de Poligrow resulta interesante otra compañía: Asja Ambiente Italia SPA, propietaria del 10% de las acciones de Poligrow Inversiones SL. El fundador y presidente de Asja, Agostino Re Rebaudengo, es un empresario bastante conocido en Italia, ya que es responsable de la patronal que reúne las empresas de energía renovable, Assorinnovabili (Asociación Italiana de Productores de la Industria y de los Servicios para las Energías Renovables, por sus siglas en italiano).
Además, es presidente y propietario del 10% de las acciones de Aria Engineering SRL, socio mayoritario (85%) de Reba Capital UK LLP. Según ha recostruido el informe de Somo e Indepaz, en 2013, esa compañía con Reba Investment Opportunities GPS creó en Luxemburgo la sociedad Reba Investment Opportunities, entre cuyos objetivos se encuentra la gestión de inversiones en “uno de los mayores proyectos de aceite de palma sostenible en Colombia”, que es promocionado por Reba Capital UK LLP y el Grupo Asja como la siembra “de 15.000 hectáreas de palma” en Mapiripán. Mientras la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acusa a Carlo Vigna Taglianti –que está presente en la junta directiva de Asja así como en el consejo de Reba Capital UK– de haber tenido contactos con grupos paramilitares, parece que Re Rebaudengo prefiere resolver los problemas a otro nivel: en su calidad de accionista de Asja Ambiente Italia SPA y de Poligrow, el empresario italiano, explica el informe, se reunió con Juan Camilo Restrepo, el entonces ministro de Agricultura de Colombia, justo unos días antes de que el Incoder interpusiera la demanda contra Poligrow por presunta acumulación de tierras.
Daños al ecosistema
A pesar de que Poligrow haya creado en 2010 una función encargada de los proyectos de responsabilidad social empresarial y de la relación con la comunidad, y de que el grupo se haya comprometido en 2012 a seguir las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –recomendaciones que incluyen en sus principios generales una “conducta empresarial responsable en el contexto global”–, la realidad que muestra el informe de Somo e Indepaz es muy diferente. Las dos ONG han recogido el testimonio de miembros de la comunidad, organizaciones y autoridades públicas que denuncian perjuicios en temas de derechos humanos, laborales, ambientales y hasta de movilidad –daños a las precarias vías públicas–. A pesar de que el cultivo de la palma en Mapiripán no requiera desmonte, no significa que las actividades de Poligrow no hayan tenido impacto sobre los ecosistemas de la zona. De manera especial se mencionan daños al caño Yamú, utilizado tradicionalmente como un sitio de recreo y pesca de los mapiripenses: “Se acabó el pescado y el balneario”, relata el informe.
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* Periodista de Milán (Italia). Publicado originalmente por el periódico Diagonal.
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