Por: Efraín Guerrero Sánchez* – diciembre 13 de 2009
Más de mil personas, en la era Uribe, ha sido extraditadas. Motivo de orgullo para el señor presidente, que se vanagloria de ello a cada rato; nostalgia para miles de familiares, a quienes les ha tocado sufrir el destierro de sus seres queridos; vergüenza para la justicia colombiana, que no es capaz o se niega o juzgar a sus nacionales; decepción para el pueblo estadounidense, que ve como sus cárceles se inundan de supuestos ‘capos’ del narcotráfico, mientras Colombia continúa, viento en popa, surtiendo toneladas de cocaína en las calles de New York, Miami, Los Ángeles y Washington, entre otras; y agravio contra el pueblo colombiano, que evidencia, una vez más, a un gobierno que no responde a sus necesidades sino a los intereses de los gobernantes imperialistas.
Cabe una reflexión lógica: ¿no ha sido, acaso, un fracaso la política antidrogas presuntamente liderada desde el imperialismo norteamericano? Está claro que sí. No en vano, en el Congreso de los Estados Unidos, republicanos y demócratas juntaron fuerzas para iniciar un proceso de revisión de sus políticas antidrogas en Colombia. Óigase bien y pongan atención: ambos partidos aprobaron únicamente un proyecto de ley que pretende crear una comisión de notables para que revise qué está pasando con la estrategia antinarcóticos.
Eliot Engel, presidente del subcomité para el hemisferio occidental de la cámara de EEUU, y Connie Mack, el republicano de más alto rango en dicho comité, han dicho que llegó el momento de diseñar una nueva estrategia en su política antidrogas para América Latina, lo cual indica que, desde las altas esferas del poder imperialista, son conscientes de que la excusa de la llamada lucha antidrogas, con la que han justificado hasta la intervención militar en nuestro país, es insostenible, lo cual les obligará a replantearse algunos aspectos de su estrategia intervencionista. Sin embargo, sabemos que habrá intervención directa, porque eso es parte de su naturaleza. Como prueba sólo basta recordar que Uribe Vélez suscribió, sin reparo alguno, convenios de cooperación militar con el gobierno de los EEUU que incluyen la permanencia de sus tropas, ubicadas en aeronaves, buques, radares y bases militares en nuestro país, además de inmunidad a los militares gringos.
Ha llegado la hora para adelantar una fuerte campaña que permita poner de manifiesto ante los gobernantes norteamericanos y el mundo que un gran porcentaje, si no la totalidad, de extraditados por el gobierno colombiano por cargos de narcotráfico no son los grandes capos, como se quiere hacer ver, que no son los dueños de negocios de exportación de narcotráficos desde Colombia, que estas mafias siguen intactas y que, incluso, las mismas han estado estrechamente ligadas al paramilitarismo y a las clases gobernantes de nuestro país. El ‘cartel de las tres letras’ –léase DAS– es un claro ejemplo de ello.
Ha llegado la hora de denunciar que, hoy en día, el gobierno de Uribe Vélez extradita a ciudadanos colombianos que no han enviado tan siquiera un gramo de coca a los EEUU y, a la par, se permite el juzgamiento en los estrados judiciales gringos a jefes narco paramilitares, con el propósito de ocultar los vínculos del gobierno y sus instituciones con estos grupos criminales, dejando a las víctimas a la deriva. A la sociedad colombiana y las demás ramas del poder, el Legislativo y el Judicial, les corresponde tomar cartas en este asunto: extradición es sinónimo de dependencia del Estado colombiano a los designios imperialistas, es decir, se trata de una manifestación más de ella que, además, es útil para acallar la verdad y la rebelión, pues mientras ha sido un hecho para unos, para quienes nos quedamos constituye una amenaza.
Hoy dicen los gobernantes norteamericanos y colombianos que se utilizará la extradición en el marco de la lucha contra el terrorismo y bajo ese concepto justifican la extradición de los integrantes de los grupos insurgentes colombianos, con el propósito de apagar el espíritu de lucha del pueblo colombiano. Pero, bajo este rótulo de ‘terrorista’ se ha justificado también la persecución a todo aquel que no esté en sus toldas.
La persecución no es sólo a la izquierda Colombiana, es contra quien se rebele contra la aplanadora uribista, como suelen llamarla algunos. José Obdulio Gaviria, parlante de la Casa de Nariño, dice en sus columnas de opinión que quien critica y se opone al gobierno es aliado del terrorismo, le hace apología al terrorismo o es ideólogo de terrorismo, por lo que, seguramente, terminará siendo tratado como un terrorista. Bajo esa sindicación pública a la oposición, mediante esa teoría malévola de este fascista del régimen, muchas personas del común padecerán las consecuencias de la llamada lucha contra el terrorismo y puede, en esta lógica del poder, ser extraditado.
Entonces, es claro que esa lucha contra el terrorismo es una excusa más para justificar la represión y la limitación de los derechos del pueblo. Esa justificación, con la que se han extraditado y requerido en extradición a muchos compatriotas, es la misma que utiliza Uribe Vélez, excediendo su facultad discrecional en el manejo de las relaciones exteriores, para firmar con el gobierno de los Estados Unidos un convenio de permanencia de tropas y equipamiento militar gringo, lo cual, a simple vista, va más allá de una simple adición a los convenios y tratados suscritos a mediados del siglo pasado, más concretamente en 1959.
He aquí la verdadera motivación de la política de extradición de los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia: mantener el control y asegurar la seguridad del hemisferio, como lo dice el mismo Comando Sur en su “Estrategia para América Latina” al 2013. Es por esta razón que la extradición y la dependencia de Colombia a los intereses del imperialismo, deben parar.
Una voz de aliento desde mi prisión para todos los Colombianos víctimas de extradición. Fuerzas, resistencia y dignidad.
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* Preso Político, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
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