Por: Camila Ramírez – noviembre 20 de 2009
Los campesinos del sector del banano en Ecuador ven con buenos ojos el anuncio del presidente Rafael Correa de crear una empresa estatal bananera de exportación. El sector privado por su parte, asegura que, con la creación de la asociación estatal, puede verse seriamente afectado. El gobierno ecuatoriano afirma que el objetivo de esta iniciativa es el de acabar con los abusos que cometen las compañías privadas contra los campesinos y evitar la evasión de impuestos que las ha caracterizado a través de los últimos años.
El Estado ecuatoriano podría homogeneizar la oferta y la demanda interna de la fruta y, por esta vía, estabilizar los precios para el producto, lo que beneficiaría las arcas estatales al ser Ecuador el principal productor y exportador de banano a nivel mundial. El país hermano produce una cuarta parte del banano que se consume en los hogares de Estados Unidos y Europa.
El sector privado defiende su desempeño, argumentando cifras positivas en el sector. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) estima que, al final del año, las exportaciones llegarían a 270 millones de cajas, 10 millones más que las que se dieron en 2008. Otros argumentos que esgrimen a su favor es que las exportaciones de banano han ayudado a superar la crisis económica, dado que las empresas bananeras registraron, de enero a septiembre, ventas por 220 millones de cajas, lo que representó un incremento del 3% para el país.
De las acusaciones sobre crímenes laborales, los exportadores aseguran que las únicas complicaciones que se han presentado son los retrasos de los pagos, porque actualmente el precio oficial de la caja de banano es fijado por el gobierno, mediante sesión de consejo consultivo, y el precio vigente es de unos U$5,40. De esta manera, el sector privado expone que las exportaciones bananeras representan un buen negocio para el Estado.
Sin embargo, la contraparte de lo que expone el sector privado es expuesta por el presidente ecuatoriano, que argumenta que miles de productores se encuentran perjudicados por los retrasos de los pagos. Sostiene, además, que las empresas no están pagando a través del sistema bancario, para evadir controles, y lo están haciendo por debajo del precio oficial de la caja de banano. Adicionalmente, asegura el mandatario, varias comercializadoras no han obtenido la calificación para exportar del Ministerio de Agricultura.
Entre las compañías retrasadas en el pago a los productores están: Bonanza, la tercera exportadora de banano ecuatoriano, que hasta octubre de este año exportó 18,34 millones de cajas; Ubesa, que ha exportado 31 millones de cajas; y la Exportadora Bananera Noboa, del multimillonario y excandidato presidencial Álvaro Noboa –uno de los principales opositores al gobierno de Correa–, que ha exportado 21,31 millones de cajas y, aun así, no ha pagado a los productores por su trabajo.
Estas empresas han cometido atropellos, como la contratación de menores de edad, hecho evidenciado en 2000, cuando se reportó que en algunas compañías trabajaban niños y jóvenes de entre 8 y 14 años, con jornadas laborales de más de 12 horas. Los niños estaban expuestos a pesticidas tóxicos, utilizaban machetes afilados y acarreaban pesadas cargas de banano, arriesgando su integridad para cumplir con las cuotas de trabajo impuestas por las exportadoras.
Los trabajadores adultos también se enfrentan a múltiples violaciones a sus derechos laborales. En algunas empresas, no tienen derecho a organizarse para reclamar mejores condiciones: sólo el 1% de los trabajadores bananeros están afiliados a un sindicato y las empresas han buscado siempre impedir las actividades sindicales.
La violencia hacia los trabajadores se ha concentrado en las plantaciones, como el hecho ocurrido el 16 de mayo de 2000, cuando unos bananeros que se encontraban en huelga fueron atacados por asaltantes en los cultivos de la compañía Noboa.
Por estas razones, el presidente ecuatoriano suscribió un decreto que endurece las sanciones a los exportadores que no cumplan con el pago oficial que les deben entregar a los campesinos que producen la fruta. Además, aclaró que los exportadores que violen estas condiciones irán presos y se les revocará el permiso para exportar.
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