Por: Deissy Delgado Cadena – abril 8 de 2016
Después de varios años de dispersión, el movimiento estudiantil colombiano volvió a reunirse para confrontar el modelo de educación impulsado el Gobierno Nacional y que hoy se materializa, entre otras cosas, en la nefasta resolución de reforma a las licenciaturas, elaborada y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y que desconoce las innumerables voces de rechazo a su propuesta.
La dura crisis que vive nuestro país, que a toda costa quieren descargar sobre los hombros del pueblo, tiene duros efectos sobre la educación, como lo evidencia la difícil etapa que atraviesa la Universidad del Tolima, afectada por la asfixia presupuestal al punto de la cancelación del actual semestre. Además, vale la pena recordar medidas como el congelamiento presupuestal de $6 billones que el gobierno ha ordenado para varios sectores, incluido el educativo, en medio de su política de austeridad.
Motivados por esa realidad, universitarios de 18 instituciones de todo el país realizaron el I Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciaturas, que tuvo lugar en la ciudad de Manizales (Caldas) los días 5 y 6 de marzo. En el evento se elaboraron propuestas como la participación en la jornada nacional de movilizacion del 17 de marzo, convocada por las centrales obreras y las organizaciones populares bajo la consigna “¡Que la crisis no la pague la educación!”.
El objetivo de ese espacio fue, sin duda, visibilizar las propuestas de los estudiantes, articuladas a las luchas del pueblo colombiano en general. Del encuentro también surgió la iniciativa de establecer una red nacional de estudiantes de licenciaturas, que será impulsada por varias universidades.
¿Qué pretende la resolución de licenciaturas?
El MEN pretende reformar, sin consulta previa y por partes, el sistema de educación superior. Así las cosas, para consolidar una suerte de ‘avance estratégico’, planea diluir la esencia de la educación para adaptarla a las exigencias y demandas del mercado.
La resolución, construida y promulgada a escondidas de la comunidad educativa, se reglamentó con el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, expedido cuando las universidades estaban de vacaciones. A través de esta disposición se trazaron los lineamientos generales de la política de formación de docentes en Colombia, que desarrolla y concreta la resolución, acatando fielmente los dictados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Fundación Compartir y el Banco Mundial.
Además de inconsulta, la propuesta del gobierno no resuelve ninguno de los problemas históricos de la educación, vinculados a la cualificación del profesorado en nuestro país. Por el contrario, estas medidas profundizan y acentúan varios de ellos e, incluso, crean nuevas dificultades.
Una revisión del contenido del decreto y la resolución permite identificar la intención de modificar las licenciaturas en función de criterios eficientistas y tecnificadores de la formación, además del perfil y acción del docente.
En principio, violenta la autonomía universitaria. Por encima del criterio de las comunidades académicas se impone un esquema curricular obligatorio para todos los programas académicos de licenciaturas que, en caso de no implementar los cambios en los plazos arbitrariamente definidos por el gobierno, pone en riesgo la continuidad de la oferta de esos programas académicos.
Por otro lado, atenta contra la calidad académica, ya que, para cumplir la imposición curricular del ministerio, los programas académicos tendrán que recortar, fusionar o, simplemente, desaparecer varios contenidos disciplinares fundamentales, creando un vacío de reflexión teórica o investigativa que enriquezca la práctica docente. A su vez, impone el inglés como única opción para la formación en segunda lengua, desconociendo que en varios campos del conocimiento idiomas diferentes al inglés puede resultar más relevantes y pertinentes.
Implica, además, la desaparición de varios programas académicos reconocidos, que cuentan con una importante tradición académica e investigativa: parece más importante tener menos denominaciones disponibles para ofertar programas académicos, así los problemas esenciales y sustanciales sigan intactos.
Lo que no se altera es la desfinanciación de la educación. Si los estudiantes quieren estudiar ‘licenciaturas de alta calidad’ tendrán que recurrir al sector financiero para acceder a esos programas académicos a través de los créditos disfrazados como becas del recién creado programa “Ser pilo paga, profe” o endeudarse con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para acceder a uno de los seis programas académicos que oferta a un alto costo, por ejemplo, la Universidad de los Andes.
También profundiza la crisis financiera de las universidades públicas, de las que demanda una serie de inversiones y gastos nuevos sin que exista ningún compromiso real del gobierno para atender estos requerimientos con recursos frescos que los hagan posibles. Ante este panorama, la universidad podrá decidir entre tres opciones: una, dejar cerrar sus programas académicos de licenciaturas, lanzando a los estudiantes que quieran estudiarlos a los brazos de la educación privada de elite y de los bancos; dos, realizar inversiones buscando recursos propios, lo que implica la continuidad de la privatización; o, tres, buscar más alianzas con el mercado privado.
El futuro es ahora
La implementación de esta política no es cosa de un futuro distante. Desde ya, el Gobierno Nacional está presionando para obligar a las instituciones de educación superior a adoptar los lineamientos establecidos en la resolución y el decreto. Así lo demuestra la Circular 14, firmada por la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, en la que se presentan ‘recomendaciones’ a las instituciones en todos sus niveles para adecuarse a la nueva normativa.
Se trata, entonces, de una política tremendamente regresiva, por medio de la cual se quiere imponer una visión de educación en la que no se promueve la crítica, el debate, la investigación, la creación y el desarrollo de nuevo conocimiento. Es decir, un modelo de educación sin alma ni esencia, en el que el mercado impone todas las condiciones y define sobre los temas cruciales.
Los estudiantes rechazan esta nueva arremetida contra la educación del país, llaman a la organización en todos los niveles, desde lo nacional hasta lo regional y en las diversas universidades, facultades y programas académicos. Hoy es necesario definir las demandas con las que se van a enfrentar las políticas del Gobierno Nacional, al tiempo que se construyen derroteros para edificar una verdadera política pública de formación docente.
Es necesario construir una amplia unidad que incluya a docentes de todos los niveles, normalistas, estudiantes de secundaria y universitarios de todas las carreras –que, según ha anunciado la viceministra Ariza, pronto serán objeto de reglamentaciones similares– para salir a las calles.
Corren tiempos que demandan de los estudiantes colombianos una actitud de trabajo permanente para que el conjunto de la sociedad comprenda la actual crisis y sus efectos en la educación. Urge construir capacidades colectivas para enfrentar las dificultades, al tiempo que es necesario ganar millones de corazones y mentes para hacer los cambios que nuestro país necesita.
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* Activista de la Federación Universitaria Nacional Comisiones y del Movimiento por la Defensa de los Derecho del Pueblo (Modep).
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