Por: Ivonne Cardozo – 10 de marzo de 2010
La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, arribó el 18 de febrero pasado a Conakry, capital de Guinea, para investigar la masacre que se vivió en esa ciudad el 28 de septiembre de 2009. El hecho ocurrió cuando miles de ciudadanos decidieron protestar en contra del régimen militar que había tomado el poder nueve meses atrás, después de la muerte del presidente Lansana Conté.
Los ciudadanos que estaban en total desacuerdo con la participación en las elecciones de enero del capitán del ejército Moussa Dadis Camara, quien se proclamó presidente transitorio de Guinea, siendo reprimidos por parte de los militares, que dejaron más de mil heridos y ciento cincuenta muertos, aproximadamente. Esta masacre ha sido una de las más fuertes que ha vivido este país y ha sido condenada por organismos internacionales.
La encargada de acusaciones de la Corte Penal Internacional hizo fuertes advertencias al gobierno de Guinea para que estos sucesos no queden en la impunidad, planteando que el propio gobierno debe abrir investigaciones para juzgar a los culpables o el tribunal internacional enjuiciará a los responsables de impartir a los soldados las órdenes para lanzar gases lacrimógenos, golpear, herir y matar a los ciudadanos por oponerse al régimen, lo cual es considerado una grave violación a los derechos humanos. Igualmente, señaló la gravedad de las detenciones arbitrarias que se presentaron durante la represión, pues en muchos casos fueron seguidas por saqueos a las casas de los presos políticos, lo que se considera un crimen de lesa humanidad.
Según las acusaciones que pesan contra la junta militar y que son objeto de investigación por la Fiscalía de la CPI, la permanencia de Moussa Dadis Camara en el poder desde el golpe de Estado contra Aboubacar Somparé, presidente de la Asamblea Nacional Popular que debía reemplazar al fallecido Conté, ha demostrado que los nuevos gobernantes de Guinea buscan extinguir cualquier tipo de resistencia civil empleando, además de las armas, detenciones arbitrarias y restricciones a las actividades políticas de la oposición, llegando incluso a sabotear el proceso electoral que debería desembocar en la conformación de un nuevo Legislativo a finales de este año.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
