Por: Marcela Zuluaga Contreras – junio 4 de 2016
Alrededor de 70.000 campesinos, indígenas y afrocolombianos se movilizan para exigir que el gobierno cumpla los acuerdos del paro nacional agrario de 2013.
Las movilizaciones han sido convocadas desde el pasado 30 de mayo por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para exigir al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla con los compromisos firmados con las organizaciones rurales el 13 de mayo de 2014 a partir del pliego que presentaron al gobierno con las principales reivindicaciones que guiaron las acciones de protesta que paralizaron al país a mediados de 2013.
Christian Mantilla, integrante de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) y vocero de la Cumbre Agraria, aseguró que en el marco del paro agrario hay “27 departamentos del país movilizados en más de 100 puntos de concentración” en los que:
[Se busca] persuadir al Gobierno Nacional para que cumpla los acuerdos pactados con la minga agraria, además de que sea una posibilidad para abrir el debate público sobre la reforma agraria integral para el buen vivir y se discuta la política pública, ya que el gobierno tiene disposición de diálogo pero continúa la represión y, hasta que esta no cese, no hay condiciones.
Represión generalizada
De acuerdo con Isaac Marín, integrante del Congreso de los Pueblos, el viernes 3 de junio, “miembros del Esmad retuvieron alrededor de 121 campesinos que participaban en la minga en la vía Pamplona Bucaramanga, a los cuales se llevaron en camiones y ahora se encuentran privados de la libertad”, luego de ser golpeados brutalmente por la Policía en esta zona del departamento de Norte de Santander.
Este hecho se suma a un reporte de 3 personas asesinadas y 138 heridas, además de 24 hostigamientos por parte de los cuerpos de inteligencia del Estado, un ataque a una mujer embarazada y otro hacia un niño de 8 años que la Cumbre Agraria ha reportado, calificando “los atentados contra contra la vida, la integridad personal y la libertad de los manifestantes” como actuaciones recurrentes de la Fuerza Pública. Además, agrega que los excesos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía contra las comunidades que se movilizan han “dejando entre sus víctimas a ancianos, mujeres en estado de gestación y niños lesionados”.
Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), denunció que en las últimas horas han aumentado en esa región los actos represivos por parte de la Policía y el Ejército, los cuales han dejado hasta el momento 74 heridos, cuantiosos daños materiales y el asesinato de dos guardias indígenas del pueblo nasa, Gersaín Cerón Tombé y Marco Aurelio Díaz Ulcué, quienes habrían muerto el 2 de junio por la acción de los uniformados mientras participaban en las protestas sobre la vía Panamericana a la altura del corregimiento El Pital del municipio de Caldono.
Aunque los indígenas vienen denunciando el uso de armas de fuego por parte de la Policía, que han dejado al menos a 4 personas heridas de gravedad, la muerte de estos dos guardias indígenas se encuentra al centro de una fuerte polémica después de que la Seccional Cauca del Instituto Nacional de Medicina Legal informara que los cuerpos “presentan heridas por proyectil de arma de fuego, compatibles con carga múltiple” y que también se encontró en ellos otros objetos metálicos “que corresponden a material artesanal no convencional”.
Esto se suma a la muerte del indígena embera Willington Quibarecama Naquirucama, ocurrida en la vía que comunica a Cali con Buenaventura (Valle), luego de ser arrollado por un camión que transportaba uniformados y caer de un puente, el 31 de mayo.
Al respecto, la Cumbre Agraria ha manifestado su preocupación por el accionar de la Fuerza Pública y por el uso de armas de fuego y artefactos no reglamentarios por parte de la Policía en contra de los manifestantes,por lo que ha exigido al Gobierno Nacional garantías para que las organizaciones sociales y populares puedan ejercer su derecho a la protesta sin ser perseguidas ni criminalizadas.
Lo que exigen campesinos, indígenas y afrodescendientes
Además de las garantías para la protesta social, los reclamos de la Cumbre Agraria al Gobierno Nacional giran fundamentalmente en torno a temas de economía propia, minería y energía, ruralidad y cultivos de uso ilícito, además de reclamar por el incumplimiento en la adjudicación de tierras, en el marco de los acuerdos de 2014, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Agencia Nacional de Tierras.
pliego_de_exigencias_minga_2016
Según el pliego de exigencias dirigido al presidente Santos:
Cumplidos dos años […] no hay resultado efectivos que den cuenta de la supuesta voluntad política de paz de su gobierno. Políticas como la ley de las Zidres, el Plan nacional de desarrollo, la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de reforma tributaria, la venta de Isagén, entre otras, van en contravía de una paz con justicia social […] El 83,5% de los 250.000 millones para proyectos productivos […] no han sido desembolsados.
El documento plantea una propuesta de negociación con la Cumbre Agraria basada en los siguientes puntos:
- Reconocimiento de las figuras de reordenamiento territorial de los pueblos y comunidades étnicas y el campesinado.
- Reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos.
- Participación.
- Tierras.
- Territorios de especial protección.
- Reconocimiento y garantías al derecho a la consulta previa libre e informada.
- Derogación de la Ley 1776 de 2016 de Zonas de Interés y Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres).
- Adecuación institucional.
- Asuntos minero energéticos, ruralidad y agua.
- Economía propia.
- Derechos humanos y paz.
- Victimas.
- Relación entre el campo y la ciudad.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló el viernes durante un encuentro con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el resguardo de La María Piendamó, al que también asistieron los ministros de Minas y Energía, Germán Arce, y Ambiente, Luis Gilberto Murillo; junto con el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, que “estamos listos para revisar qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, en qué vamos lento y cómo podemos avanzar”.
Esa misma comisión se reunió el sábado en Cali (Valle) con voceros de la Cumbre Agraria. Sin embargo, la Cumbre Agraria ha negado que durante los acercamientos se haya llegado a un acuerdo frente a la propuesta del ministro Cristo de hacer una plenaria el martes en Bogotá con las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, que sería acompañada por parlamentarios como Iván Cepeda y Alberto Castilla.
A la par que avanzan los acercamientos, la minga continúa en 45 municipios del país y al menos 14 vías continúan cerradas o con cortes intermitentes, según la Defensoría del Pueblo, mientras que nuevos sectores se vinculan a la protesta, como ocurrió el sábado con la ocupación de la bahía y el puerto de Buenaventura (Valle) por parte de comunidades afrodescendientes.
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Interesante artículo. Este tipo de reconocimiento de derechos de los campesinos es algo que debería hacerse en toda América Latina. Hay muchas injusticias sociales que se cometen contra ellos, y son la parte más importante de la actividad productiva de un país.