Por: Ramiro Vinueza – junio 20 de 2016
El martes 7 de junio, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró la extinción de la pena en el caso de los diez presos políticos de Luluncoto, como resultado del recurso de casación interpuesto por los abogados defensores el 25 de mayo, en audiencia que fue suspendida.
La corte acogió el argumento de que en el nuevo Código Orgánico Integral Penal ya no existe el delito penal por el que se les condenó anteriormente –tentativa de organización terrorista– y, por tanto, también se extingue la pena. Los siete jóvenes que estuvieron presos nueve meses y Fadua Tapia, quien lo estuvo tres, no irán a la cárcel. Mientras tanto, Abigail Heras y Cristina Campaña cumplieron ilegalmente un año y tres días.
A esta resolución de mayoría le acompañó otra de minoría que planteó que, por falta de motivación en la sentencia de apelación, se anule el proceso y se regrese a la audiencia de apelación. Esto hubiera significado rehacer el juicio desde ese nivel.
No se conoce si la corte dirá algo sobre las malas interpretaciones de autoría y tentativa, sobre las responsabilidades de la justicia en este malhadado proceso y sobre las reparaciones a quienes ilegalmente se les detuvo y violó sus derechos humanos desde aquel 3 de marzo en que fueron ilegalmente apresados y que durante estos más de cuatro años han sido objeto de discriminación, del abuso y ataque del gobierno y su justicia.
Los 10 de Luluncoto fueron apresados el 3 de marzo del 2012, mientras iniciaban una reunión en la que conversaban sobre su participación en la Marcha del Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos convocada para el 8 de marzo de ese año por las organizaciones sociales e indígenas del Ecuador.
La Policía irrumpió violentamente en el departamento sin contar con órdenes judiciales de allanamiento o de detención. Allí fueron maltratados, amarrados, insultados y colocados de rodillas por horas. Fadua Tapia fue aplastada contra el piso, pese a que gritaba que estaba embarazada. Estuvieron ilegalmente retenidos desde las 4 de tarde hasta 11 de la noche de ese día. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía iban forjando documentos y las órdenes de detención.
A los 10 de Luluncoto no se le acusó de un delito específico sino que se usaron contra ellos 54 artículos del Código Penal. “Ya encontraremos el delito”, dijo la Fiscal, “pero lo unívoco e irrefutable es que atentan a la seguridad del Estado” y los metieron en la cárcel hasta encontrar de qué acusarles. Mientras tanto, José Serrano, ministro del Interior, protagonizaba un show mediático en el que cobardemente exhibió las fotos de los detenidos esposados y diciendo que pertenecían a un grupo subversivo. Acto repetido por Correa hasta ahora.
Casi dos meses después, allanaron brutalmente las casas de los apresados, lo hicieron en la madrugada, sabiendo que encontrarían a mujeres, niños y ancianos indefensos. Lo hicieron para crear terror, para vulnerar la fortaleza de los familiares y de quienes estaban presos. Se justificaron diciendo que allí encontrarían ‘pruebas contundentes’ y, efectivamente, encontraron camisetas con la efigie del legendario Che Guevara, pañoletas rojas, música de Jaime Guevara, la película “El último rey de Escocia” y alguno que otro libro o revista.
Cuatro meses después recién encontraron de qué acusarlos: usando el Artículo 160.1 del Código Penal los culparon de actos de terrorismo. Sin embargo, el tribunal penal terminó sentenciándolos por otro delito, el de tentativa de terrorismo organizado.
Los funcionarios encargados de la causa penal siempre quisieron precedentes para que la gente tenga miedo de reunirse, miedo de opinar sobre la situación del país, de criticar y de oponerse al gobierno, de participar en la vida política del país, de organizarse y movilizarse. El gobierno persiguió a los 10 de Luluncoto y a cuanto líder social se ha levantado contra su política, como sucede con los compañeros de Saraguro.
Esta resolución es una victoria de los 10 de Luluncoto, de sus familiares que no desmayaron en su afán de verlos libres, de los abogados que establecieron una estrategia adecuada de defensa, de las organizaciones sociales, de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza que sostuvieron siempre en alto las banderas de la solidaridad, de los artistas y profesionales, y de los periodistas y medios de comunicación que contribuyeron a reflejar el drama humano y social de los perseguidos, que pusieron en el debate nacional el problema de las libertades y derechos.
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