Por: Omar Vera – 13 de abril de 2010
Feliciano Valencia, uno de los más reconocidos voceros de la Minga de resistencia social y comunitaria, fue capturado por el DAS el pasado 11 de abril hacia a las 3:00pm, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali (Valle), cuando se disponía a asistir a un evento en Brasil al que había sido invitado. La detención se produjo debido a una orden de captura en su contra emitida por un fiscal de Popayán (Cauca) que lo responsabiliza a él y a otros cuatro líderes indígenas, incluidos Ayda Quilcué y Daniel Piñacué, por los delitos de secuestro y lesiones personales hacia el soldado profesional Jairo Danilo Chaparral Santiago, supuestamente ocurridos el 15 de octubre de 2008.Según informara el Periódico El Turbión en esa ocasión, el soldado Chaparral Santiago, adscrito al Batallón de Contraguerrilla 15 ‘Los Libertadores’, había sido descubierto y capturado por la Guardia Indígena en la movilización de la Minga sobre la carretera Panamericana, en cercanías al resguardo de La María Piendamó (Cauca), portando un morral con uniformes camuflados, radios de comunicaciones y manuales de manejo de armas y explosivos que, según aceptaron familiares del militar, debían ser introducidos por el militar en territorio indígena por órdenes de sus superiores para que fueran encontrados por la Policía y así poder argumentar que las gigantescas movilizaciones estaban infiltradas por grupos guerrilleros.
En aplicación de la jurisdicción especial indígena, reconocida por la Constitución de 1991, el soldado fue sometido a un ritual de purificación donde fue sometido a veinte azotes y a un baño por parte de los indígenas, según la justicia tradicional de los pueblos del norte del Cauca, para ser entregado, el 16 de octubre de 2008, a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones de Derechos Humanos, que comprobaron que Chaparral Santiago estaba en buenas condiciones de salud. Sin embargo, esa misma tarde, el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, declararía ante algunos medios de comunicación que el uniformado había sido secuestrado y sometido a torturas por parte de los indígenas, exigiendo que los voceros de la Minga fueran judicializados.
Persecución al movimiento indígena
Es claro que la presión desde el ministerio de Defensa y desde los sectores más poderosos del departamento del Cauca hacia la Fiscalía ha dado como resultado un proceso judicial que las propias autoridades indígenas han denunciado como una persecución hacia sus organizaciones, en particular la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), de la cual hace parte Feliciano Valencia y que es considerada la organización social más desarrollada de Colombia. Los procesos judiciales han sido particularmente severos cuando son instaurados contra dirigentes de esta organización y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), pero no se investiga con la misma celeridad ni se castiga a los responsables cuando se trata de agentes estatales, como en el caso de quienes dieron las órdenes al soldado Chaparral para hacer el montaje de inteligencia o de los militares responsables, meses después, del asesinato de Edwin Legarda, esposo de Ayda Quilcué.
Luego de ser capturado, Feliciano Valencia fue trasladado a la sede del DAS de Cali hacia las 5:00pm del mismo día, siendo presentado tres horas y media después ante una juez de garantías en Palmira, quien declaró no tener competencia para tratar el caso.
Por esto, el fiscal sexto especializado de Popayán, Giovani Chávez, quien solicitó la captura del líder indígena el 2 de febrero pasado al Juzgado Segundo de Piendamó (Cauca), solicitó al DAS el traslado de Valencia a la capital caucana. Según Athemay Sterling, director del capítulo Valle del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), debido a la presencia masiva de indígenas y organizaciones sociales solidarias frente al lugar de reclusión, fue trasladado desde allí hacia el Battalón Codazzi de Palmira donde fue subido a un helicóptero militar que aterrizó en Popayán, donde el dirigente fue llevado a comparecer ante un juez de control de garantías, el 12 de abril, quien ordenó ponerlo en libertad de manera inmediata.
En su decisión, el juez de control de garantías argumenta la falta de pruebas contra Valencia y acepta el argumento de incompatibilidad de la justicia convencional con los asuntos que son de competencia de la jurisdicción especial indígena, sostenido por el abogado defensor Jorge Triviño, quien solicitó la nulidad del caso por la inexistencia de delito contra Chaparral Santiago, quien al ser también de origen indígena, aunque porte uniforme militar, también está cobijado por la justicia tradicional.
A pesar del fallo, Feliciano Valencia seguirá vinculado al caso y los demás dirigentes seguirán con órdenes de captura vigentes. Por ello, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, a nivel nacional e internacional, han solicitado la anulación inmediata del proceso y la protección inmediata a estos líderes, que han enfrentado permanentes amenazas y atentados en su contra por su actividad al interior del movimiento indígena.
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