Por: María Julia Giménez – julio 14 de 2016
Desde la realización de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro en 2007, pasando por el Mundial de Fútbol en 2014, hasta los Juegos Olímpicos de este año, movimientos populares y colectivos organizados contra los impactos de los megaeventos deportivos han denunciado el aumento de la violencia contra la población, con desalojos y crecimiento de la militarización en las favelas, y la falta de transparencia en la gestión de la preparación de las ciudades sede, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios básicos.
“Nosotras no estamos en contra de los Juegos Olímpicos, estamos en contra de la forma como esos megaeventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población, e imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales de quienes viven allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Río de Janeiro.
En este sentido, el episodio más reciente fue la concesión de un crédito de 870 millones de dólares, autorizado por el presidente interino Michel Temer el 29 de junio, destinado a la seguridad de los Juegos Olímpicos Río 2016 que comienzan el próximo 5 de agosto. El estado de Río de Janeiro atraviesa una gravísima crisis económica y esa medida, de carácter provisorio, fue tomada después de que el gobierno fluminense decretara el estado de calamidad pública por falencias financieras.
A menos de un mes del comienzo de los juegos, el panorama urbano de Río presenta varias contradicciones. A pesar de que la crisis dificulte, por ejemplo, el pago de los salarios de los funcionarios públicos y demande ajustes en los rubros de educación y salud, los gastos con el megaevento olímpico alcanzan los 11.000 millones de dólares, 3.000 millones más de lo previsto cuando Brasil se postuló como candidata a sede de los juegos.
Sandra Quintela afirmó que:
[Río de Janeiro adoptó el] modelo de ciudad mercancía, una ciudad para ser vendida a los megaemprendimientos […] Las enormes estructuras turísticas dirigidas al exterior, al capital extranjero, a la privatización del espacio urbano […] Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas públicas que dejaron una deuda muy grande y que aumentan la deuda social.
Privatización
El gobierno de Río de Janeiro ha negado que la crisis del estado sea originada por los juegos, alegando que las dificultades financieras se deben a la crisis general y a la baja en el precio del petróleo, y que la gran mayoría de los gastos de las obras fueron financiadas con recursos de contratos de Asociación Público Privada (APP). Según datos del municipio, sólo el 43% de los recursos provienen del presupuesto público, mientras que el 57% viene de las APP.
Sin embargo, el PACS advierte sobre esta cuestión en su revista Rio de Gastos, al señalar que “por medio de estas asociaciones público privadas, el Estado deja de asumir todos los costos, pero también deja de recibir los lucros, como en el caso de las obras del metro, trenes y estadios”.
A partir de estas APP, el Estado garantiza al capital privado ganancias por periodos de 5 a 35 años, aseguradas por contrato. O sea, además de ser otra forma de privatización de los servicios y responsabilidades públicas, aparenta a corto plazo tener una baja del gasto publico, comprometiéndolo a largo plazo.
Al respecto, Sandra Quintela asegura que:
Los gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación inmobiliaria, o sea, para la expansión de las fronteras del mercado habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en último lugar.
Violencia
Según los datos recogidos por el PACS, 65.000 familias fueron desaojadas en nombre de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Sandra analiza que:
Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región del Porto Maravilha, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, la samba […] Hoy, todo está completamente petrificado por un proceso de privatización y APP. Con los megaeventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la definición de lo que es privado y lo que es público.
El Comité Popular de las Olimpíadas defiende también que otro legado es el aumento de la violencia policial contra la juventud negra de las favelas. Un estudio realizado por Justiça Global indica que, entre enero y julio de 2015, 408 personas fueron asesinadas por la Policía Militar de Río de Janeiro en sucesos registrados como ‘actos de resistencia’, por lo que significarían actos de legítima defensa de los policías, resultando en un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.
“Es impresionante que, en una ciudad extremadamente militarizada como es Río, esa lógica se profundice en nombre de los megaeventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar al mundo que los morros [favelas] de la Ciudad Maravillosa están ‘pacificados’, el gobierno fluminense, con el apoyo del gobierno federal, ha aumentado los gastos y el numero de policías militares.
El Ministerio de Defensa especificó que 18.000 militares serán ubicados en las ciudades donde se celebró el Mundial de Fútbol -São Paulo, Manaus, Salvador, Brasilia y Belo Horizonte- y que Río de Janeiro recibirá 20.000 hombres, siendo “aproximadamente 14.000 del Ejército Brasileño, 4.000 de la Marina y 2.000 de la Aeronáutica”.
Según datos solicitados por las organizaciones Artigo 19 y Justiça Global a la Secretaría de Estado de Seguridad de Río de Janeiro (Seseg), fueron adquiridos 4.000 equipos de protección individual, 18.000 balas de goma, 9.000 balas de pintura para marcar personas entre la multitud, 4.500 granadas de ‘efecto moral’ [dispersión], 4.500 bombas de gas lacrimógeno y más de 1.000 esprays de gas pimienta.
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* Publicado originalmente por Brasil de Fato.
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