Por: Andrés Gómez – julio 21 de 2016
El pasado 8 de julio se presentó un grave incidente entre el Ejército y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la vereda Candilejas del municipio de La Uribe (Meta) que, por un momento, puso en riesgo la confianza entre las partes en los actuales diálogos de paz.
El hecho se dio por una incursión del Ejército en una zona en la que, según lo acordado entre esa organización y el Gobierno Nacional en la mesa de negociación de La Habana, se esperaba que una comitiva guerrillera, entre la que se encontraba ‘Gonzalo Porras’, comandante de la columna ‘Urías Rondón’, se encontraría con una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para adelantar gestiones relacionadas con la ubicación de las estructuras guerrilleras en una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) definidas en el acuerdo firmado el pasado 23 de junio con el que se definió el cese al fuego bilateral definitivo.
Este combate, que duró aproximadamente 30 minutos y dejó tres guerrilleros heridos, generó una fuerte tensión entre las delegaciones del gobierno y las FARC en La Habana, que inicialmente acusó a los militares de haber negado la atención médica a los guerrilleros heridos después del operativo.
‘Carlos Antonio Lozada’, miembro de la delegación de paz de las FARC, fue el primero en reaccionar, a través de su cuenta de Twitter.
Al día siguiente, el jefe del equipo negociador del gobierno de Santos, Humberto De la Calle Lombana desestimó el hecho y responsabilizó a las FARC por lo acontecido. En un comunicado, De la Calle aseguró que:
El lamentable incidente del 8 de julio se presentó un error por parte de las FARC al fijar unas coordenadas equivocadas, distintas al lugar donde debían operar las garantías de seguridad en La Uribe. La comitiva que iba a ser recogida se ubicó en una zona diferente a la prevista.
De la Calle fue más allá y afirmó que ‘Iván Márquez’, jefe de la delegación de paz de las FARC, había reconocido el error y que habían sido los guerrilleros quienes se habían negado a recibir atención médica por parte del Ejército al pedir una comisión del CICR, por lo que se interrumpió el envío de un helicóptero medicalizado, aunque omitió decir que los insurgentes rechazaron la aeronave porque esta transportaba soldados armados. También exigió ponderación en la información de las FARC.
El combate ocurrió pocas semanas después del anuncio del cese bilateral entre el Gobierno Nacional y las FARC, y un año después de que esa organización guerrillera iniciara un cese al fuego unilateral que cumplió, de acuerdo a la veeduría internacional. Por esto, la organización insurgente manifestó, a través de un editorial en la página web de su delegación de paz, su preocupación por lo sucedido y cuestionó la actitud de los militares en la zona.
El coronel David Gómez, de la Brigada Móvil número 2 presente en el área, que debía estar enterado de semejante movimiento logístico, mandó a decir con civiles que fueron a ponerlo en conocimiento que ignoraba completamente de qué le hablaban y así lo manifestó también en comunicación por celular al comandante de las FARC que habló con él para explicarle.
Aunque las FARC calificaron el ataque como un ‘incidente’ y señalaron que “no perdemos la cabeza ni nos dejamos llevar por las tentaciones”, también le preguntaron al Ejército y al presidente Santos si estos ataques continuarían y si “¿es para esa clase de ataques a traición que permanece la tropa en La Uribe?”.
Por su parte, el comandante en jefe de las FARC, ‘Timoleón Jimenez’, confirmó en una entrevista con la agencia de noticias de esa organización que hubo un “error humano” de los insurgentes y que la delegación estaba fuera de las coordenadas, pero aseguró que no hubo ningún encuentro casual entre militares y guerrilleros sino que se trató de un asalto de los uniformados contra la misión humanitaria. Sin embargo, interpretó el ataque como una actuación “personal” de algunos miembros del Ejército y, con ello, ratificó su confianza en los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones de La Habana.
No obstante, la inquietud se mantiene en el país ante la falta de información sobre el hecho y por las circunstancias en las que ocurrió: el Ejército sabia de la presencia de la guerrilla en una zona que el Estado mantiene fuertemente militarizada y un coronel hace oídos sordos a las comunicaciones de una guerrilla con la que se ha pactado un cese bilateral al fuego. Por esto, múltipes voces en el país han llamado la atención sobre la actitud del gobierno, pues, de no tomarse correctivos, las acciones de torpedeo al proceso de paz se podrían escalar y afectar los procesos de desminado y de sustitución de cultivos de uso ilícito que han surgido fruto de los diálogos, programas que están empezando a implementarse y que benefician a quienes más padecen la guerra: los más pobres del campo colombiano.
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