Por: Ivonne Cardozo – 20 de abril de 2010
Las manifestaciones y disturbios que han tenido lugar durante el último mes en Bangkok, capital de Tailandia, son el reflejo de la crisis política que está viviendo el país. Inicialmente, las actividades de protesta contra el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, fueron simbólicas, derramando sangre frente al Parlamento y edificios del gobierno. Pero, debido a la intervención militar y la represión a las protestas, el fin de semana pasado se recrudeció la violencia, dejando más de 23 muertos y aproximadamente unas 800 personas heridas. La resistencia de campesinos y ciudadanos de escasos recursos, que se han hecho llamar “camisas rojas”, se generó porque insisten en la ilegitimidad del partido demócrata en cabeza de Vejjajiva, al cual le exigen convocar elecciones para que el país escoja a un Ejecutivo legítimo.
Los camisas rojas se resisten al régimen impuesto por Abhisit Vejjajiva desde que tomo el poder del país, el 15 de diciembre de 2008, y piden su renuncia, pues lo consideran un simple continuador de la tendencia monarquista y dictatorial que han seguido los pasados gobernantes. De hecho, Tailandia ha vivido 18 golpes de Estado desde mediados del siglo veinte y el país ha sido sometido a una de las más largas monarquías existententes, que se conjuga con el Legislativo y el Ejecutivo. Por eso, la oposición está pidiendo un cambio político que ayude a los más desfavorecidos y termine con el poder monárquico, que continúa generando una grave crisis social interna en manos del partido demócrata, desde el golpe militar que le dieron al gobierno de Thaksin Shinawatra en 2006.
Sin embargo, ha sido la creciente represión la que ha radicalizado la lucha de los camisas rojas, especialmente por la detención indiscriminada de líderes opositores y manifestantes, y por el uso de armas de fuego contra las multitudes, a partir de la declaración del cuarto estado de emergencia dictado en Bangkok desde 2008. Esta vez, el primer ministro justifica la medida como una forma de evitar ‘sabotajes’ de la oposición y normalizar la vida del país, otorgando poder total a la policía y los militares para detener arbitrariamente a líderes y manifestantes sin orden judicial. Se han prohibido también las concentraciones de cinco personas o más para controlar la situación, pero miles de manifestantes han desobedecido este mandato, continuando con sus marchas.
La represión del gobierno ha llegado hasta el límite de cerrar una estación de televisión llamada “Canal del Pueblo”, argumentando que se clausura por transmitir información falsa sobre el gobierno, censurando a este medio de comunicación por manifestar los desacuerdos de los opositores, a quienes les es negada la libertad de expresión y se les ha violado todo tipo de derechos. Sin embargo, los manifestantes decidieron reabrir el canal y se enfrentaron a la policía y militares que acordonaban el lugar.
La inestabilidad políticas del país sigue sumiendo a los tailandeses de zonas rurales y a los habitantes urbanos de escasos recursos en una lucha social contra las clases medias y altas que han administrado Tailandia históricamente. Pero, los últimos acontecimientos estarían demostrando que el país puede llegar al punto de caer en una guerra civil en la que un importante sector de la sociedad se levante por reformas de fondo y el fin del poder monárquico.
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