Por: Marina Amaral* – junio 27 de 2013
Ya se gastaron 60.280 millones de dólares en la Copa Mundial de Fútbol y la previsión actual del costo total es de 72.600 millones, una cantidad que se aproxima al monto del presupuesto federal de Brasil en educación para este año: 83.600 millones de dólares. Una priorización de recursos que la población cuestiona en las calles, así como la concentración de dinero público en la construcción de estadios que, en muchos casos, como en Manaos y Cuiaba, son ‘elefantes blancos’ sin utilización futura.
Además de lo anterior, las obras de movilidad urbana, presentadas por el gobierno como el principal legado para las ciudades sede y actualmente presupuestadas en 26.400 millones de dólares, privilegian las rutas entre aeropuertos, hoteles y estadios, infraestructura que no es prioritaria para la movilidad urbana en la vida cotidiana de esas ciudades. Un ejemplo claro de esto es Itaquera, donde las obras reclamadas por la comunidad fueron suspendidas mientras se invierte a todo vapor en las obras de acceso al estadio.
De las misma manera, las promesas de inversión en transporte público, como la construcción del metro de Salvador y el monorriel de la línea Ouro en São Paulo, fueron retiradas de la “Matriz de responsabilidades” y el transporte público llegó a ser perjudicado en Río de Janeiro, donde los moradores y el comercio sufren con la falta del tradicional tranvía. Este medio de transporte no circula desde un accidente ocurrido en 2011, según los vecinos como resultado de un equivocado proyecto de modernización que, además, hubo que rehacer y todavía no está listo.
Remociones violentas y demoliciones indeseables
Las obras de movilidad urbana son las principales responsables de la remoción de comunidades, amenazas ambientales y pérdida de instalaciones públicas. En este contexto, los movimientos sociales han contabilizado 170.000 personas amenazadas, ya removidas o recibiendo indemnizaciones de 6.600 a 22.000 dólares, en el caso de aquellos que prueban la propiedad de su lote, y asistencia de renta de menos de un salario mínimo.
No es raro que los desalojos sean realizados en forma violenta, sin transparencia ni diálogo entre poder público y residentes. En el cerro de Providencia de Río de Janeiro, por ejemplo, algunas personas descubrían que iban a ser expulsadas cuando sus casas aparecían marcadas, sin negociación previa alguna.
Además de las casas, los residentes pierden sus comunidades –en algunos casos centenarias–, así como sus amigos, vecinos y tradiciones. Por lo general, son enviados lejos de sus raíces y de su vida cotidiana, y pierden la infraestructura urbana de los barrios más céntricos, por ejemplo, en el caso de la amenazada comunidad de La Paz, en Itaquera, São Paulo.
De hecho, las indemnizaciones recibidas son muy inferiores a los precios de alquiler de inmuebles en los barrios afectados por las obras de la Copa, forzando la partida también de aquellos que pueden decidir su destino. Los residentes de los cerros de Río de Janeiro a la zona oriental de São Paulo son expulsados por la especulación inmobiliaria en torno a los estadios y a las mejoras realizadas para volver la ciudad más atractiva para los turistas.
Se supondría que estas poblaciones deberían ser beneficiadas por el cambio, sin embargo, la situación de desalojo agrava el gran problema de falta de vivienda en las grandes ciudades brasileñas.
El patrimonio social y cultural también ha sido perjudicado, como demostró la expulsión de los representantes de las etnias indígenas que ocupaban el antiguo Museo del Indio en Río de Janeiro –reconocido por los antropólogos como marco de relación entre indios y blancos en Brasil– o que el histórico estadio de Maracaná fuera despersonalizado por una reforma que ya costó 2.640 millones de dólares del tesoro público y que estuvo acompañada de la destrucción de instalaciones deportivas públicas, como el gimnasio Célio Barros, para construir estacionamientos y accesos viales a su alrededor.
Legislación de excepción para cumplir las exigencias de la FIFA
Desde que Brasil cerró el acuerdo con la FIFA, el gobierno viene legislando por decreto para asegurar los intereses de ésta y de sus socios mediante la llamada “Ley General de la Copa” y así permitir que Estados y municipios se endeuden más allá de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para invertir en obras del Mundial, reducir las disposiciones ambientales y prescindir de los procesos de licitación.
Algunos ejemplos del perjuicio que esa legislación trae para la población son las ‘zonas de exclusión’. La FIFA ha establecido como territorio propio, bajo esa denominación, el área comprendida en un radio de hasta dos kilómetros alrededor de los estadios. En estas áreas, esa entidad controla la circulación de las personas y la venta de productos, fiscalizando el uso de marcas que considera propias –como el propio nombre del evento, Copa 2014, y la mascota, entre otros–. Asimismo, protege la exclusividad de la venta de productos de sus patrocinadores –desde la cerveza a la hamburguesa– y se encarga de la seguridad.
Según la ONG Streetnet, en Sudáfrica 100.000 vendedores ambulantes perdieron su fuente de ingresos durante la Copa y en Brasil se prevé una situación similar, de violación del derecho al trabajo y de persecución por trabajar en espacio público. En Brasil, más de mil vendedores ambulantes ya perdieron sus puestos de trabajo por culpa de las obras de la Copa, principalmente en Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Fortaleza y Porto Alegre.
Alguna de las irregularidades en la legislación son las exenciones fiscales frente a una serie de entidades y de individuos indicados por la FIFA, perjudicando los ingresos de un país que, incluso, carga con toda la responsabilidad jurídica en accidentes, incidentes, daños y procesos relacionados con el Mundial de Fútbol, incluyendo el pago de los abogados de la FIFA y sus socios.
Por otra parte, la Ley General de la Copa crea penas y tipifica crímenes para proteger los intereses de la FIFA y de sus socios, castigando a quien utiliza símbolos de la Copa para promover eventos en bares y restaurantes o a quien viola la exclusividad de las marcas de la FIFA.
Otros daños son las obras estatales y municipales faraónicas en contra de los intereses de la población. El caso más flagrante es la construcción de un acuario en la ciudad de Fortaleza sin arbitrio arqueológico y con diversas fallas en los estudios de viabilidad, a un costo superior a los 616 millones de dólares, mientras el estado de Ceará vive una de sus peores sequías.
En São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y otras ciudades sede, los gobiernos estatales y municipales también participan en la inversión de dinero público en instalaciones que serán posteriormente explotadas por la iniciativa privada. En Natal la construcción del estadio pone en riesgo la cadena de dunas que rodean la ciudad y en Reciba un área hasta ahora preservada está siendo alterada completamente para crear instalaciones relacionadas con la Copa, como hoteles y centros de apoyo a ese recinto.
Preocupa también la sobrefacturación, los costos elevados y los desvíos de recursos públicos. Las siete mayores firmas contratistas de Brasil, que también son las principales proveedoras de recursos electorales de los principales partidos y políticos, fueron beneficiadas con la Ley del Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas (Ley 12.462/2011 RDC) para fijar precios, aumentarlos a través de cláusulas y anexos, frecuentemente justificados por el ritmo de las obras y por la reformulación de proyectos equivocados.
El Tribunal de Contas da União (TCU) ya comprobó irregularidades en la arena Amazonas, en la reforma del Maracaná, en la construcción del estadio en Brasilia y en el aeropuerto de Manaos. Por su parte, el Ministerio Público del Distrito Federal inició una acción contra la sobrefacturación y otras irregularidades en el tren ligero de Brasilia.
Violación al derecho a la información y a la participación política
Los movimientos sociales denunciaron en el Dossier de Violaciones a los Derechos Humanos que también el derecho a la información y a la participación en los procesos de decisión son “atropellados por las autoridades de la FIFA, el COI y los comités locales”, porque los “proyectos asociados a la Copa y a las Olimpiadas no son objeto de debate público”.
La falta de información y de debate sobre los proyectos que, usualmente, incumplen los planes rectores aprobados por las legislaturas municipales y que afectan a comunidades y barrios es denunciada en todas las ciudades sedes. Asociaciones de vecinos también se quejan de audiencias públicas meramente formales y de la inexistencia de mecanismos más eficaces para la participación de la sociedad en los proyectos que afectan sus casas, barrios y ciudades.
Recrudecimiento de la violencia policial y de la seguridad de la FIFA
El presupuesto del área de seguridad de la Copa prevé inversiones de 3.960 millones de dólares del Gobierno Federal. El Ministerio de Justicia declara haber invertido hasta ahora 1.236 millones de dólares y el Ministerio de Defensa 1.386 millones en gastos relativos a los eventos. Adicionalmente, por un total de 109 millones de dólares el Gobierno Federal arregló la compra masiva de armamentos no letales a la empresa Cóndor, la misma que proveyó los gases utilizados contra los manifestantes en Turquía y en las ciudades brasileñas para la Copa de las Confederaciones y la Copa del Mundo de 2014.
El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, prevé la provisión de 2.200 kits no letales de corta distancia: pulverizadores de gas pimienta, granadas lacrimógenas con chips para ser rastreadas, granadas de efecto moral para uso externo y en interiores, y granadas explosivas de luz y sonido; 449 kits no letales de corta distancia con cartuchos de balas de goma y cartuchos de expansión en el impacto -balas que se expanden en contacto con la piel, evitando la perforación; 1.800 armas eléctricas para lanzar dardos energizados –las pistolas Táser– y otras 8.300 granadas de efecto moral, 8.300 granadas de luz y sonido, 8.300 granadas de gas lacrimógeno triples y 50 mil pulverizadores de pimienta.
Dentro de los estadios y en la zona de exclusión, la seguridad privada es escogida y dirigida por la FIFA, pero pagada por el Gobierno Federal. En las recientes manifestaciones en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, la cantidad de equipos y municiones llamó la atención, exactamente, porque ya se estaba utilizando el material de seguridad de la Copa de las Confederaciones.
Además de la legislación de excepción referida anteriormente, que incluye la tipificación de nuevos crímenes para proteger marcas y la exclusividad de los socios de la FIFA y la zona de exclusión, el Proyecto de Ley 728/2011, al finalizar su trámite, incluyó la tipificación del crimen de ‘terrorismo’, algo que no existe en la legislación brasileña desde la última dictadura militar y que prevé duras penas para quien promueva ‘el pánico generalizado’. Para los movimientos sociales, el texto del proyecto, bastante vago, puede criminalizar las manifestaciones, en tanto sean encuadradas como causantes del pánico generalizado.
Entradas a los juegos de la Copa sólo para las élites
Las reformas de los estadios brasileños, de conformidad con las recomendaciones de la FIFA, reducirán o extinguirán los sectores populares en los estadios, ampliando el área de palcos y los lugares marcados, principalmente en el Maracaná y el Mineirão, que perdieron casi el 50 por ciento de su capacidad.
Como resultado de esas reformas, el precio de las entradas subió incluso en los juegos regulares, pasando en el Maracaná de 88 a 132 dólares y por las entradas a los encuentros más populares se cobrará un mínimo de 352 dólares.
Mientras que, en 1950, 200.000 personas asistieron en el Maracaná al partido final contra Uruguay, a finales de 2014 habrá apenas 74.000 puestos a la venta en el mismo estadio para la final. En 1950, 80% de las entradas eran populares, en tribunas y general, ahora eliminadas para hacer lugar a los asientos de las zonas VIP.
La FIFA también impone normas de conducta a los fanáticos completamente contrarias a la cultura de alegría y de participación de la hinchada brasileña de fútbol, con una platea sentada, sin las coreografías, los bombos y el baile de banderas al que estamos acostumbrados.
Incremento en el tráfico y la violencia contra las mujeres, los adolescentes y los niños
Fortaleza, Natal y Salvador están entre los principales destinos del turismo sexual, que trae hombres en busca de mujeres, travestis, adolescentes y niños, lo que se agravará con la Copa.
El Esplar, ONG que trabaja con mujeres de Ceará y participa en la Articulación de los Comités Populares de la Copa, lanzó, en sociedad con la Fundación Heinrich Boll, un folleto informativo en un DVD para llamar la atención sobre el esperado aumento del turismo sexual durante la Copa.
Según la abogada Magnolia Said, que coordinó la producción de ese material, ya se detectó un aumento del tráfico interno, del interior a las capitales del nordeste, de mujeres y adolescentes por causa de los preparativos de la Copa del Mundo.
Una investigación de la agencia Pública también detectó el tránsito de travestis de Fortaleza hacia San Pablo para colocarse prótesis de siliconas a cambio de trabajo gratuito para los proxenetas que financian las cirugías.
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* Publicado originalmente en Publica, traducción original El Puercoespín.
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