Abril 29 de 2007
Indignado apareció la noche del jueves 19 de abril el presidente, Álvaro Uribe, por la negativa del ex vicepresidente norteamericano, Al Gore, de asistir a un foro en la ciudad de Miami en el que el mandatario colombiano también participaría. Esto, como un válido ejercicio político de cuestionamiento a la falta de claridad en torno al tema de las relaciones del Estado con el paramilitarismo.
Con bombos y platillos intervino Uribe Vélez, en horario triple A, para defenderse de las acusaciones elevadas por el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, con el propósito de crear en la opinión pública nacional la idea de que dichas discusiones se habían formulado para desacreditarle ante la comunidad internacional, buscando frenar los procesos que junto a ésta se adelantaban.
La premisa es simple pero pendenciera: los debates sobre el paramilitarismo, del corte de los presentados el pasado martes por la oposición, afectan directamente el interés nacional pues crean hostilidad en las relaciones internacionales. Por lo tanto, estando de por medio ‘el bien de la patria’, la propuesta de fondo es que estas discusiones se sacrifiquen por la particular forma que el mandatario tiene de ver el ‘interés general’ y sean archivadas o, mejor, desechadas.
Pero en esto, Uribe Vélez obra como un padre alcahueta que le hecha la culpa al vecino de las gracias que hace su hijo consentido. Y debemos reconocer que es una buena estrategia, pues, como se dice coloquialmente, mata dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, desvía la atención cifrada frente al problema del parauribismo –término acuñado por primera vez por el senador del PDA, Jorge Enrique Robledo– y, por el otro, encubre la realidad que se esconde tras las polémicas desatadas en el plano internacional.
Ahora bien, ¿a quién nos referimos cuando hablamos del “hijo consentido del gobierno”? Escrutar la respuesta no es tarea difícil: si se revisa con atención se apreciará que de un gobierno de corte militarista como el actual, uno de los personajes más importantes es, precisamente, el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe.
Lo cierto es que tras la negativa de Gore a encontrarse con Uribe y de la decisión del Congreso norteamericano de congelar recursos de asistencia militar por 55,2 millones de dólares a Colombia para su ‘lucha contra el terrorismo’, se esconden las ‘gracias’ de este reconocido personaje, quien en días anteriores fuera señalado por el periódico estadounidense Los Angeles Times de adelantar la denominada Operación Orión, efectuada entre el 15 y el 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, de mano de los paramilitares de la zona.
Aunque, por razones de seguridad, la fuente no ha sido revelada, el diario indicó que la CIA recibió informes acerca la alianza entre el ejército y los paramilitares en esta operación. Sobre este punto deben anotarse dos cosas: primero, que Los Angeles Times goza de un prestigio a nivel internacional con el cual sus editores no se atreverían a jugar publicando información tan delicada si no tuvieran confianza en su fuente; y segundo, que al margen de todas las reservas que frente a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos puedan tenerse, ello no obsta para que se le reconozca como uno de los organismos de mayor experiencia en el campo. Por todo ello, falta más que el aval del presidente y una parodia de homenaje al general para borrar las implicaciones de la publicación.
Montoya, el monstruo pacificador
En un artículo publicado en la página del la Séptima División del Ejército Nacional sobre la Operación Orión se lee en repetidas ocasiones que la Comuna 13 se pacificó, concepto que resulta conveniente si se le otorgan las connotaciones que recibía en época de la Colonia. A imagen y semejanza de los pacificadores de dicho periodo actúo el General Montoya, quien, en su afán por erradicar los grupos guerrilleros presentes en la zona, arremetió vorazmente en una operación que costó la vida a decenas de civiles ajenos al conflicto y permitió el exterminio de un número importante de dirigentes cívicos de la zona.
Al decir del presidente y del ejército mismo, la zona ha mejorado notablemente tras la intervención y la presencia permanente de las Fuerzas Militares, traduciéndose en la reducción de la criminalidad. Pero estas afirmaciones han sido desvirtuadas recientemente con la publicación del Informe de Riesgo número 009-07, con fecha del 21 de marzo, de la Defensoría del Pueblo, enviado al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT).
A diferencia de lo afirmado por el gobierno, lo que se infiere del informe es que la Operación Orión dejó el campo despejado para que el paramilitarismo generalizara su control en el sector. Según éste, se verifica que “al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, articulados a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, se le adiciona el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el constreñimiento político a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento intra urbano”. Por otro lado, se expone que, comparados los meses de enero y febrero del año pasado y el actual, se aprecia un incremento de los homicidios de un número de 4 a 15, lo que lo registrado en el resto del territorio de la ciudad de Medellín.
Una parodia de homenaje
Como una vulgar forma de ocultar la noticia publicada por Los Angeles Times, se recreó un homenaje al General Montoya. Alrededor de 200 personas fueron convocadas –en muchos casos, gracias a engaños y artificios de los miembros del ejército– a un colegio del barrio La independencia de la Comuna 13, con lo cual se simuló ante los medios nacionales un homenaje al militar y se intentó desvirtuar la información suministrada por el diario extranjero. Prometiendo comida, electrodomésticos y hasta el arreglo de sus viviendas, los encargados de la operación militar de opinión pública condujeron a los pobladores en autobuses alquilados por el ejército a la Empresa Bellanita de Transportes. La mayoría de personas desconocían al militar, así como ignoraban que estaban siendo utilizados para burlar el escrutinio de la verdad de los hechos acaecidos a finales del año 2002.
Otras gracias, otras nubes
La hoja de vida del General Montoya no se agota en la Operación Orión. Recen sobre él serias acusaciones que tanto él como el presidente están en mora de aclarar. Dentro de estas acusaciones se enumeran algunas de serio alcance como que, durante el gobierno de Turbay, hizo parte de la organización paramilitar Alianza Anticomunista Americana (Triple A); que su negligencia en la masacre de Bojayá, en 2002, le ocasionó una suspensión por parte de la Procuraduría y que una decisión apresurada y desmedida de su parte tuvo que ver con la muerte de diez policías antinarcóticos en la masacre de Jamundí.
Mientras los verdaderos nexos del gobierno actual con la conformación y el accionar del paramilitarismo empiezan a salir a la luz, así como la influencia de las mafias en los más altos cargos del Estado, personas como Mario Montoya Uribe son protegidas por el solio presidencial para que las acusaciones en su contra permanezcan en impunidad, gracias a la notable habilidad de Uribe Vélez para lograr que el escándalo de la parapolítica pase junto a él sin afectar su imagen.
Esperemos que el Gobierno Nacional se acoja realmente a la “cruzada por la verdad”, tan mentada por sus aliados, y que éstos y otro sinnúmero de eventos sean esclarecidos. Sin embargo, si los colombianos no comprendemos que debemos poner fin a una historia de omisiones y mentiras, como una verdadera herramienta por la paz, será imposible generar los cambios necesarios para el progreso del país. Así, la exigencia de la apertura, o reapertura, de las investigaciones respectivas a los criminales de guerra y a los violadores de los derechos humanos en Colombia, así como castigar a los culpables y remover de los cargos públicos a los responsables políticos de las estrategias de guerra sucia se convierte en una necesidad de toda la sociedad.
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