El martes pasado, en el marco de la audiencia sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia, se puso en evidencia nacional e internacional la incidencia de políticas gubernamentales, del orden local y nacional, en la creación y obtención de apoyo institucional y político a grupos paramilitares, principalmente a través de las mal llamadas cooperativas de seguridad Convivir y del papel de Álvaro Uribe en su paso por la Gobernación de Antioquia, hechos evidentes que impulsan la crisis internacional que se desata con el freno que el parlamento estadounidense realiza sobre un paquete de más de cinco millones de dólares en financiación del Plan Colombia y sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la nación del norte.
A los argumentos del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), se refirió Uribe el pasado jueves en la noche, en los horarios de mayor audiencia televisiva, durante una sorprendente alocución presidencial a modo de rueda de prensa, en la cual respondió preguntas de cinco medios de comunicación, expresando que era de interés nacional manifestar su preocupación por la actitud del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien se negase la semana pasada a participar en un foro ambiental al que también estaba invitado el jefe de Estado.
La audiencia y las pruebas presentadas
Dos elementos centraron las acusaciones públicas de la audiencia del 17 de Abril: en primer lugar, se plantea la discusión sobre quién autorizó en los hechos y puso en marcha a las Convivir, lo cual remite directamente al periodo en el que Álvaro Uribe ejerció como gobernador de Antioquia; de otra parte, los vínculos del narcotráfico con estas cooperativas y con su empleo en la estrategia paramilitar, lo cual no sólo implica los nombres de reconocidos jefes de la ultraderecha en armas, sino al propio Santiago Uribe, hermano del presidente; a Fabio Valencia Cossio, consejero presidencial de alto nivel y gestor de la reelección; al general Daniel Ernesto Castiblanco, actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; al general (r) Rito Alejo del Río, ex comandante de la brigada XVII del Ejército con sede en Carepa (Antioquia) e involucrado en múltiples investigaciones por crímenes de lesa humanidad, y a una lista de lideres paramilitares que, aunque asentados en la región antioqueña, han delinquido en todo el territorio nacional.
Las acusaciones, que fueron sustentadas con pruebas determinantes, no sólo ponen en evidencia el apoyo, sino el trabajo conjunto de las fuerzas militares y las estructuras políticas regionales con las actividades paramilitares, lo que implica una responsabilidad directa del Estado. No se puede considerar que el debate de las Convivir está superado por un decreto presidencial, pues la reparación a las víctimas, las investigaciones y el reconocimiento de responsabilidad se encuentran pendientes.
Para demostrar esto, la argumentación de Petro incluyó casos documentados como el asesinato de 15 campesinos en El Aro (Antioquía), bajo el mando del paramilitar Francisco Enrique Villalba, alias ‘Cristian Barreto’, en la cual se utilizaron dos helicópteros, uno de los cuales pertenecía a la Gobernación de Antioquia, durante la regencia de Uribe.
En otro caso similar, mientras que en 1997 Álvaro Uribe ejercía como gobernador de Antioquia, se documentó un mensaje de beeper recibido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, jefe de finanzas de la organización de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en el que decía: “te recuerdo llamar al gobernador, presénteme y que yo lo visito en la tarde”. Ante esto, la única defensa que el mandatario fue capaz de exhibir en su rueda de prensa fue argüir que ‘El Gobernador’ podía ser un alias de cualquier persona.
En cuanto a las conexiones con el narcotráfico, es de resaltar la presentación de una fotografía de 1985 en la que aparecen Santiago Uribe, hermano del presidente, y Fabio Ochoa, entre otros reconocidos líderes del Cartel de Medellín, lo que comprobaría la relación de la familia Uribe con aquella organización criminal, fundadora de los principales grupos paramilitares del país, y se relacionaría con los testimonios citados por el PDA sobre la fuerte presencia de esto criminales de guerra en las haciendas La Carolina y Guacharacas, ubicadas en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y de las cuáles son socios los hermanos Uribe Vélez, y sobre las decenas de víctimas de asesinato y desaparición forzada que se han relacionado con estos latifundios.
Sin embargo, el argumento que incide directamente sobre Álvaro Uribe respecto a las Convivir, consiste en la orden de creación de las cooperativas Deyavane, en Yarumal, y Siete Cueros, en La Ceja, por los reconocidos, ya por ese entonces, jefes paramilitares ‘Julián Bolívar’ y ‘Chepe Barrera’, respectivamente.
La defensa de Uribe: un ‘interés nacional’
Las declaraciones de Petro desbordaron lo esperado y preparado por el gobierno y su coalición mayoritaria en el Congreso. “Se subestimó a Petro”, mencionó la senadora Gina Parody, delegada como vocera del Partido de la U para el debate. Las actividades de la defensa gubernamental se pueden dividir en dos etapas: la primera, el mismo martes 17 durante el debate y, la segunda, en la alocución presidencial del jueves 19.
El pasado de Petro fue un argumento utilizado por la defensa de Uribe, con la intención de desviar el debate hacia su vida como militante del desmovilizado Movimiento guerrillero 19 de abril (M-19). También de ‘novelón’ se tildaron las acusaciones directas sobre la creación de las Convivir y sus nexos personales, familiares y políticos con el narcotráfico, aspectos que evidencian la fuerte carencia de argumentos en la construcción del debate.
Adicionalmente, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, arguyó que, en su opinión, Gustavo Petro abusó de su condición de senador de la República, al acceder a expedientes judiciales con reserva sumarial, argumento que no se ha reiterado por parte del presidente Uribe.
Los argumentos de la alocución presidencial, vestida de rueda de prensa, estuvieron mejor elaborados y ceñidos por la gran capacidad verbal de Uribe. Sin embargo, se sigue esquivando el debate de fondo y no se toca la necesidad de obtener la verdad respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidos por estas organizaciones delincuenciales, al no referirse al papel del Estado y del gobierno de Antioquia respecto a la creación y manejo de lso grupos paramilitares.
La posición crítica de Al Gore frente a Uribe, pone de manifiesto una potencial crisis en las relaciones internacionales con Estados Unidos, de la cual se culpabiliza a Petro y al PDA, argumento que, de forma velada, legitima la diferencia en los escenarios del debate cuando la alocución presidencial fue transmitida en cadena nacional por todas las emisoras de radio y todos los canales públicos de televisión y el debate a sus actuaciones apenas contó con la emisión radial realizada por Indymedia Colombia y con su presentación en el Canal Institucional.
Respecto a la familia Uribe, los puntos de la alocución se dirigieron en gran parte a exaltar las cualidades humanas de los integrantes de la misma, sin importar que el debate del martes 17 no se centra en la calidad individual sino en las demostradas actitudes políticas que indican el papel de estas personas en una política de Estado frente a un presunto “control del terrorismo”.
En lo referido al manejo del paramilitarismo, se habla de un actual proceso de desmovilización de 30.000 paramilitares. Sin embargo, no se habla de garantías reales para la obtención de la verdad ni para la aplicación de las leyes, cuando los argumentos y pruebas aportadas durante la audiencia demostraron el papel del Estado en una época de violaciones masivas de derechos Humanos, agudizada en 1997, durante el gobierno de Uribe en Antioquia.
Todas las estructuras de los partidos políticos tradicionales, desde ediles hasta senadores y hoy hasta el presidente, están y estuvieron permeadas por los grupos paramilitares, aspecto que debe ser centro de debate.
Si el debate ya estuviera superado y fuera un mero intento de Petro por desestabilizar al país y sus relaciones internacionales, como asegura el gobierno, ya existiría un reconocimiento de la verdad y una plena reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos tras el apoyo y la colaboración del Estado con las actuaciones paramilitares. Las declaraciones que implican a Uribe y su familia no son ataques contra la nación, sino un camino para lograr el derecho de miles de víctimas a la verdad. Plantear un debate que implica al Primer Mandatario en actos de corrupción y en crímenes de guerra no significa declararse enemigo de la nación ni de sus intereses, como malintencionadamente quieren hacer ver Uribe Vélez y su grupo en el gobierno, sino una necesidad por hacer justicia en una cruda realidad que tiene como piso la responsabilidad del Estado colombiano en estos ilícitos, lo cual no puede esquivarse con decretos del orden nacional, leyes de auto amnistía o de perdón y olvido.
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