Por: Carlos J. Díaz Lotero – mayo 17 de 2017
Según la Superintendencia Financiera, en Colombia hay 1’337.723 personas pensionadas, de las cuales el 91% (1’246.643) están en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, o sea el régimen público; y el 9% (111.080 personas) en los fondos privados. Además, de los 6,4 millones de afiliados a Colpensiones solo cotizan 2,8 millones, mientras que en las administradoras de fondos privados, de los 13,8 millones de afiliados cotizan 6,2 millones.
Durante la instalación del X Congreso de los Fondos de Pensiones, realizado recientemente en Cartagena, el presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Miguel Largacha, planteó la importancia de una reforma pensional, así como medidas laborales para formalizar el empleo, dado que dos terceras partes de la fuerza laboral están en la informalidad, es decir, no cotizan al sistema contributivo de la seguridad social. Asimismo, informó que los ahorros de los casi 14 millones de afiliados a los fondos privados ascienden a $199 billones, equivalente al 82% del presupuesto de la nación para este año.
Digamos que, en principio, es válida la propuesta de formalizar el trabajo para ir aumentando la cobertura pensional, pues hoy solo el 34% de los ocupados cotiza al sistema. El problema de la propuesta de Asofondos es que la formalización la fundamentan en el desgastado supuesto de que el empleo formal es resultado directo de la reducción de costos laborales, empezando por el desmonte de las contribuciones parafiscales.
La experiencia con las múltiples reformas laborales regresivas, como la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, entre otras, es que no solo no aumentaron el empleo formal sino que en los años posteriores a la aprobación de la Ley 50 la tasa de desempleo se duplicó.
Aparte de la baja cobertura de las cotizantes al sistema pensional, otros dos argumentos que esgrimen para sustentar la necesidad de hacer una reforma son la desigualdad y la insostenibilidad financiera del régimen público.
En relación con la desigualdad pensional, se señala que los mayores subsidios que brinda el Estado al sistema público se orientan al 8% de los pensionados, quienes reciben una mesada superior a cuatro salarios mínimos, mientras que el 70% de los pensionados ganan menos de dos.
Sobre la sostenibilidad financiera, se dice que el tamaño del déficit que debe cubrir el presupuesto nacional asciende a $38 billones, en el marco de unas finanzas públicas disminuidas por la caída del precio del petróleo, la devaluación y la débil dinámica económica. Sobre esto opino lo siguiente:
Primero, la mejor reforma pensional sería una política económica orientada a la generación de empleo con derechos y a vincular al régimen contributivo a los desempleados y a los trabajadores que se encuentran en la informalidad y la economía del rebusque. Y, por otro lado, un ataque a la ilegalidad de los vínculos laborales de casi 4 millones de trabajadores en el sector privado y 1,5 millones de contratistas del Estado. La precarización para formalizar es una estrategia fracasada, además de las inequidades que implica.
Segundo, la desigualdad del sistema se debe acabar eliminando los regímenes exceptuados de los altos funcionarios del Estado y del Congreso. Es inaceptable que personas que cotizan por unos pocos años se beneficien de pensiones estrambóticas.
Tercero, el hueco del sistema público que debe ser cubierto con recursos del presupuesto nacional obedece a los pocos cotizantes que tiene en relación con los pensionados que sostiene. El régimen de prima media se basa en el principio de la solidaridad intergeneracional, es decir, en que los trabajadores activos coticen para pagar las mesadas de los pensionados. Para que el sistema sea viable deberían cotizar por lo menos unos diez trabajadores por cada pensionado y hoy en Colpensiones cotizan 2,2 trabajadores por cada pensionado.
El déficit fiscal de las finanzas públicas para este 2017 bordea los $30 billones, por lo que se necesita una reforma pensional que libre al presupuesto de la nación de asumir el déficit pensional del régimen público y esto se logra fortaleciendo al régimen de prima media y debilitando el régimen privado de ahorro individual. Es decir, lo contrario de lo que quiere Asofondos. La migración que en los últimos años se ha dado desde los fondos privados hacia Colpensiones ha sido superior a 600.000 personas. Esto porque los trabajadores vienen tomando conciencia del fraude que significa el Régimen de Ahorro Individual, donde la pensión es de difícil alcance y, si se logra, en el mejor de los casos sería del 30% del ingreso como asalariado, cuando en el Régimen de Prima Media es del 65%. A todos los trabajadores que les falte 10 años o más pueden aún hacer el traslado. Lo ideal sería que una reforma acabe con el fraude de los fondos privados y se rescate el sistema público.
Cuarto, una reforma pensional como la quiere Asofondos y sus áulicos, en el sentido de aumentar la edad de retiro y del tiempo de cotización, de reducir la tasa de remplazo y debilitar el Régimen de Prima Media, y de hacer una reforma laboral para formalizar deteriorando las condiciones laborales, aumentará la rentabilidad de los fondos privados a costa de la pobreza de los trabajadores y la miseria de los ancianos actuales y futuros.
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* Director de la Escuela Nacional Sincical (ENS). Publicado originalmente por la Agencia de Información Laboral.
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