Por: Aidén Salgado Cassiani – mayo 19 de 2017
El pasado 28 de abril se cumplieron 16 años del desplazamiento a la ciudad de Bogotá de ocho estudiantes de la Universidad del Atlántico, seis de los cuales éramos militantes de la organización estudiantil Alma Máter y los otros eran simpatizantes de la misma.
Debido a nuestra posición ideológica y a nuestras acciones democráticas en defensa de la educación pública fuimos declarados objetivo militar por el paramilitarismo, que actuaba en contubernio con la administración de ese momento en la institución y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Ese desplazamiento fue definitivo para nosotros y para Alma Máter, que terminó disolviéndose, puesto que nos vimos obligados al exilio para salvaguardar nuestras vidas, dejando atrás familias, estudios, trabajos y nuestro entorno social y político. Todo tuvo que quedar atrás solo por pensar diferente.
Si no salíamos de la ciudad, como lo anunciaban las amenazas de los paramilitares, correríamos la misma suerte de nuestros compañeros asesinados. Esto nos lo hizo saber la Gobernación del Atlántico en una reunión a la que también asistieron la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía de Barranquilla, las Fuerzas Militares y organizaciones defensoras de derechos humanos, el 27 de abril de 2001.
Durante el consejo de seguridad nos mostraron el plan trazado por los criminales para asesinarnos y se activó una estrategia absurda para que eso no sucediera: nos tocó dormir con un ridículo esquema de seguridad, de 10 a 15 policías por estudiante, y los que vivían en barrios peligrosos tuvieron que dormir en guarniciones militares.
Al día siguiente fuimos conducidos al aeropuerto Ernesto Cortissoz, cada quien con su respectivo esquema de seguridad y algunos, incluso, fueron llevados allí en tanquetas de la Policía. Sabían los organismos de seguridad que había un pago por nuestras cabezas y que existía un plan trazado para acallarnos y desaparecer el pensamiento crítico de la Universidad del Atlántico, lo que no sucedió con nuestra salida y, por ello, continuó el asesinato de profesores, estudiantes y trabajadores.
La organización estudiantil Alma Máter, que venía siendo objeto de seguimiento y amenazas desde finales de los 90 por sus acciones de denuncia de la corrupción, la presencia paramilitar y el clientelismo en la Universidad del Atlántico, pasó de ser víctima de amenazas a ver cómo fueron asesinados sus miembros.
Fue el 4 de febrero de 2000, un horrendo día, cuando en la sede de nuestra organización estudiantil, una oficina ubicada al interior de la antigua sede de la Universidad del Atlántico, ubicada en la carrera 43 con calle 51 de Barranquilla, explotó un artefacto y le causó la muerte a José Luis Martínez Castro y a Adolfo Altamar Lara.
Ese día, a nuestros recordados compañeros se les fueron sus sueños y todos los organismos de seguridad salieron a decir, menos de 30 minutos después de los hechos, que esta tragedia la había causado la manipulación de ‘papas’ explosivas. Dicha versión nunca se pudo comprobar y hoy tenemos información más que suficiente para decir que todo se originó en un artefacto no convencional colocado allí por los mismos criminales que desarrollaron este plan de exterminio y que hoy siguen libres en la calle.
Luego de esto, fueron capturados por las autoridades y mostrados como botín de guerra nuestros líderes Reinaldo Serna y Humberto Contreras. Los presentaron ante los medios de comunicación y la sociedad barranquillera como terroristas en un ‘falso positivo’ que se demostró solo hasta seis meses después, cuando fueron dejados en libertad al no encontrarse ninguna prueba que los vinculara con hechos delictivos.
Mientras eso sucedía, el resto de miembros de Alma Mater vivíamos el asedio, la persecución, las amenazas, los seguimientos, las llamadas y los señalamientos en panfletos en los que se anunciaba que íbamos a ser asesinados si no salíamos de la ciudad, que correríamos la misma suerte de José Luis y Adolfo. Por ello, al salir de la cárcel, Reinaldo y Humberto se vieron forzados a desplazarse a Bogotá, bajo la protección del programa de derechos humanos del Ministerio de Interior. Meses después, Reinaldo se exilió en Chile y Humberto, abandonado a su suerte por el ministerio, decide regresar a Barranquilla a atender una calamidad familiar y a encontrar la muerte: el 23 de abril de 2001 los criminales lograron su cometido de asesinarlo.
Después de más de un año, el 9 de noviembre de 2002, fue asesinado Reinaldo Serna al regresar de su exilio en Chile. Con esta muerte se selló el ciclo de homicidios contra los miembros de la organización estudiantil Alma Máter.
Hoy, 16 años después de lo sucedido, los resultados de la investigación son pocos y las autoridades no han procesado por estos hechos a los autores intelectuales, tampoco se tiene claridad sobre los motivos por los cuales se ensañaron con los estudiantes críticos de la administración de ese entonces en la Universidad del Atlántico, en cabeza del cuestionado rector Ubaldo Meza Ricardo.
Como resultado de la violencia en la Universidad del Atlántico, el año pasado la institución fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, lo cual la llevó a ser beneficiaria de un plan de reparación por parte del Estado que, resulta indignante, no incluyó a las víctimas de Alma Máter ni contó con su participación real.
De otro lado, algo a resaltar de la época actual es que la Universidad del Atlántico se ha comprometido con un programa por la paz de Colombia y acompaña la implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana (Cuba) entre el gobierno y la FARC-EP, así como con los que se firmen a futuro con el ELN. Hay que esperar que en iniciativas como esta, que en su lanzamiento contó con la presencia del movimiento Voces de Paz y Reconciliación, y de Jesús Santrich, negociador de las FARC-EP y antiguo estudiante de esa casa de estudios, se tenga en cuenta a las víctimas de la organización estudiantil Alma Máter, quienes hemos presentado diferentes propuestas a la institución para que se recupere la memoria sobre estos hechos, se esclarezca lo sucedido y no se repitan este tipo de acciones contra el movimiento estudiantil.
Desde el Palenque de San Basilio, un cimarrón todavía.
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