Por: Julián Quintero López – mayo 24 de 2017
Aunque la sustitución voluntaria de cultivos declarados ilícitos aparece como eje central del proceso de paz de La Habana, este tiene muchos más temas que aún están crudos y necesitan ponerse en marcha, pues tocan aspectos estructurales de la política de drogas en Colombia, llaman a un giro hacia la salud pública y los derechos humanos, y esperan afectar la política internacional de drogas. ¿Quién se ocupó en pensar en el consumo de sustancias psicoactivas de los excombatientes y los ciudadanos de las zonas de influencia de la guerrilla, una vez se terminaran los fuertes castigos de las FARC frente al consumo?
Al releer el punto cuatro del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC, que trata sobre la “Solución al problema de las drogas ilícitas”, nos encontramos con que se hace una larga reflexión sobre la incidencia de este fenómeno en el desarrollo social, económico, político y de convivencia en Colombia, reconociendo sin duda su capacidad de penetrar todas las esferas de la sociedad, de corromper políticos, de tomarse la economía campesina y de financiar el conflicto armado interno.
Fiel a la historia santanderista de Colombia, donde el papel todo lo resiste y la norma todo lo comprende, el documento plantea una interesante realidad para el cambio: habla de la urgencia de tomar decisiones basadas en la evidencia, bajo los principios de la soberanía, dando un nuevo tratamiento al consumo desde un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos donde se plantean los compromiso del gobierno, las FARC, la sociedad civil, la comunidad internacional e incluso de los consumidores para hacer parte de este cambio, algo nunca antes visto en este nivel de decisión.
Sin embargo, la implementación de este acuerdo se enfrenta a los mismos problemas que han llevado a que exista el conflicto, por lo cual el Gobierno Nacional debe dar un giro importante en varios asuntos o se verá enfrentado a nuevo fracaso. Por ejemplo: 1) El exceso de burocracia que no permite dar cumplimiento a lo acordado en el tiempo debido, generando rupturas y desinterés; 2) La falta de recursos económicos para la sustitución, pues no hay dinero en la legalidad que pueda competir contra el dinero de la ilegalidad; 3) Desconocer la evidencia que demuestra las limitaciones de la sustitución voluntaria u obligatoria y no permitirse explorar otras alternativas; 4) Abandonar a su suerte el tema del consumo de sustancias, dejándolo a merced de una institucionalidad sin recursos y que no está preparada para dar el salto que pide el acuerdo.
Respondiendo a las urgencias y entendiendo que una de las principales amenazas para tener una paz estable y duradera es la solución al problema de las drogas ilícitas, el “Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito” se implementará de la mano con la “Reforma rural integral” y, enfrentándose a un territorio complejo, se ha puesto en marcha en algunas zonas del país, especialmente esas zonas donde las FARC tienen una base campesina organizada en torno a los cultivos de coca, los narcotraficantes tienen lo que los expertos han llamado ‘clusters’ -es decir, núcleos de cultivo, procesamiento, cristalización, empaque y envío-, existen problemas con la presencia del Estado y la coca es la base económica de estas regiones, sin duda el primero y principal problema a resolver. Sin embargo, el acuerdo de paz de La Habana tiene un componente de política internacional y de consumo que ya es hora de poner en marcha.
A poner en marcha el componente de consumo en los acuerdos de paz
Como ha sido característico en los últimos años a nivel mundial y en Colombia, la sociedad civil ha sido un actor protagónico en la reforma de las políticas de drogas a todo nivel y, por esta razón, es importante que el Gobierno Nacional vea en ella un apoyo antes que un obstáculo para poner en marcha el componente de consumo de drogas del acuerdo de La Habana.
El “Programa de prevención del consumo y salud pública” que tan solo ocupa cuatro de las 25 páginas del acuerdo en relación con el tema de drogas, pone en el más alto nivel los principios de derechos humanos, salud pública, enfoque diferencial y de género, participación comunitaria y convivencia, y fundamento en la evidencia. Estos principios, que son resultado un proceso de 20 años reformando las políticas de drogas, hacen un llamado al gobierno colombiano para que ponga en marcha el “Sistema nacional de atención a las personas consumidoras de drogas ilícitas” mediante la “revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo de drogas ilícitas”, dejando claro que es hora de hacer un llamado a la participación de todos los actores, consumidores, sociedad civil y la academia, donde el enfoque de reducción de riesgos y daños es una pieza fundamental en este aspecto.
Colombia, como un país de consumo en aumento, debe tomar medidas anticipatorias para evitar la situación social, de salud pública y humanitaria que viven países como Estados Unidos, que tomaron el camino de la represión y el castigo para controlar el consumo. Es necesario que el gobierno colombiano garantice recursos suficientes, actualice los enfoques en sus instituciones y ponga en marcha los lineamientos de política pública que existen desde 2007, que hoy se refuerzan en los acuerdos de La Habana.
Es hora, entonces, de poner en marcha la evaluación de lo que hasta ahora se ha realizado. Se debe robustecer la capacidad del Ministerio de Salud para implementar programas, apoyarse en la comunidad internacional y contar con un enfoque territorial y poblacional que diferencie el abordaje en cada uno de los niveles de consumo. El acuerdo hace un llamado directo a la generación de evidencia y la investigación a todo nivel, así como a la creación de centros de investigación en torno al consumo, pero también al desarrollo de la coca, la amapola y la marihuana en un mercado legal, una opción que cada día toma más forma. Sorprenden los avances que llevan hacia un escenario de mercado medicinal y terapéutico, así como hacia la regulación de los mercados para uso recreativo.
Por último, el acuerdo de la Habana habla de una “Conferencia internacional y espacios de diálogo regionales” que todos los actores tienen en el panorama. Por un lado, se quiere asumir la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de Drogas 2016 (UNGASS 2016, por su sigla en inglés) como ese espacio que ya ocurrió; por otro lado, se quiere invitar a otra reunión global, movilizada desde la sociedad civil nacional e internacional; y, también, está en la mira la reunión multilateral de 2019 en Naciones Unidas. Lo cierto es que un escenario tan dinámico necesita constantes debates y espacios de intercambio que dinamicen la reforma y muestren la evidencia.
¿Quién pensó en el consumo de excombatientes y de sus comunidades? ¿Qué hacer?
Cuando se diseñaron estos acuerdos, nadie pensó en el impacto que tendría la reincorporación de los excombatientes a una vida civil en un contexto de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, y el impacto que estos consumos tienen en la sexualidad, la salud pública, la convivencia y el delito. Hay bastante evidencia sobre los desastres que han hecho las drogas en excombatientes en procesos de paz anteriores, donde muchas veces, por falta de educación y sin las estrictas normas de castigo de los grupos armados, los excombatientes han caído en abuso del consumo de drogas que han desembocado en problemas con la Ley, enfermedades de transmisión sexual, problemas legales y hasta indigencia.
Todavía hay tiempo de actuar, pero debe hacerse de inmediato. Las acciones en este sentido deben ser rápidas, prácticas y pragmáticas. Las FARC ya tuvieron sus primeras alertas en las celebraciones de fin de año y la llegada a la paz, el gobierno ya lo está viviendo y sabe de la problemática, la cooperación internacional sería la más apropiada para actuar de manera directa y la sociedad civil está documentando el fenómeno para buscar soluciones contextualizadas a la realidad del consumo en esta población particular. Es hora de actuar rápido en este sentido, tanto con los excombatientes como con los ciudadanos que viven en los territorios de influencia de las FARC que ahora, a falta de la represión y el castigo frente al consumo, deberán profundizar en el pragmatismo y la educación como siempre ha debido ser.
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* Director ejecutivo de la Corporación Acción Técnica Social.
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