Por: Claudia Sandoval- 11 de septiembre de 2010
Defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos y agremiaciones universitarias manifestaron el pasado 6 de septiembre su preocupación por la crítica situación que se viene presentando en esa ciudad, debido a los enfrentamientos entre bandas provenientes del paramilitarismo y la reciente militarización de diferentes comunas.
Los firmantes de la declaración denunciaron que los enfrentamientos entre actores armados ilegales, recientemente agudizados en la Comuna 13 pero presentes en toda la periferia de la ciudad, y la errada intervención de la Fuerzas Pública para “retomar el control” han agudizado las violaciones a los derechos humanos en los barrios populares de Medellín, donde los incrementos en los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas, el desplazamiento forzado intraurbano e intermunicipal, la violencia contra las niñas y las mujeres, las violaciones sexuales, el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, y las amenazas permanentes obligan a una gran cantidad de habitantes de la ciudad a vivir bajo el miedo, producto de la actuación de las organizaciones paramilitares.
La condición de marginalidad imperante en la periferia de Medellín, fundamentalmente en las comunas 1, 2, 3, 6, 8 y 13, y la presencia de grupos criminales, agudizada en los últimos años por el fracaso del proceso de desmovilización del paramilitarismo, han radicalizado la lucha por el control social y territorial que sostienen esas organizaciones. En este sentido, el documento señala que los líderes sociales de estos barrios son constantemente intimidados y hostigados por no permitir la entrada de fuerzas paramilitares en sus espacios organizativos, así como que estas fuerzas, relacionadas directamente con el narcotráfico, buscan controlar a través de la extorsión toda actividad económica en estas zonas, principalmente el transporte y el comercio local.
El pronunciamiento público, donde se realizan una serie de exigencias al Estado colombiano, está firmado por la Asociación de Institutores de Antioquía (Adida), el Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, la Corporación en Derechos Humanos Contracorriente, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación de Mujeres Que Crean, la Corporación Nueva Gente, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, la Fundación Sumapaz, el Grupo interdisciplinario por los Derechos Humanos, la Red Juvenil de Medellín y la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Entre las exigencias de estas organizaciones se encuentran el reconocimiento por parte del gobierno de “la agudización del conflicto armado en la ciudad de Medellín y el fracaso de las operaciones militares ‘Mariscal’ y ‘Orión’, por sus nocivos efectos en la situación de los derechos humanos de la ciudad, que han permitido la consolidación y expansión del proyecto mafioso, paramilitar y criminal”. Además, piden la implementación de “estrategias de intervención, programas y acciones institucionales con un enfoque no militarista, que ataquen los factores de tipo estructural y coyuntural del conflicto”.
Los firmantes del documento ven la necesidad de que se “develen y judicialicen los verdaderos poderes de las estructuras armadas ilegales, que financian y promueven el conflicto del país, a la vez que se combate el fenómeno de las bandas y se depure la Fuerza Pública que tenga relación con éstos”. Así mismo, manifiestan la importancia de que las “instituciones educativas de la ciudad de Medellín reciban un tratamiento especial por parte del gobierno local y un reconocimiento público como Territorios de Paz” y que “las medidas de prevención y protección para los niños, niñas y jóvenes sean eficaces y se definan rutas claras de atención, que no se circunscriban exclusivamente al tratamiento penal”, como ha ocurrido hasta el momento, por la amplia participación de menores en estos hechos violentos.
Finalmente, las organizaciones sociales exigen el reconocimiento “a los liderazgos sociales y comunitarios, [por] el destacado papel que desarrollan en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en la ciudad”, así como un respaldo efectivo que ofrezca garantías a sus actividades.
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