Por: Camila Ramírez – diciembre 13 de 2017
Durante prácticamente cuatro décadas, las comunidades indígenas wayúu, afrodescendientes y campesinas del departamento de La Guajira se han resistido al desplazamiento forzado, los asesinatos de sus líderes sociales, la pérdida de sus costumbres culturales, el deterioro de sus ecosistemas, la extinción de animales y plantas, la destrucción de las fuentes hídricas y las enfermedades que ha traído consigo el hecho de tener como vecino a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo: el Cerrejón.
No obstante, la situación de La Guajira no hace otra cosa que agravarse, especialmente con el proyecto de expansión del Puerto Bolívar, conocido como P40, con el cual la transnacional Cerrejón proyecta exportar al año 40’000.000 de toneladas de carbón. Esto ha sido el motivo de diversas protestas recientes de las comunidades afectadas por el Cerrejón, junto a diversas organizaciones sociales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos para exigirle al Estado colombiano y a las autoridades ambientales frenar esta iniciativa y tomar medidas para parar la destrucción causada por la mina, como la del pasado 31 de agosto en Bogotá.
En esa fecha, un grupo de delegados de las comunidades afectadas marchó entre el Parque Santander y la Plaza de Bolívar de Bogotá portando, como acto simbólico, agua del arroyo Bruno con el fin de demostrar que esta fuente hídrica es indispensable para las comunidades de la región y para el río Ranchería, al cual tributa sus aguas.
Al respecto, Luis Misael Socarrás Ipuana, líder indígena wayúu, mencionó que “hemos traído agua desde el arroyo Bruno, parece mentira, pero estamos trayendo agua de La Guajira a Bogotá para decirles que el arroyo está vivo”.
Asimismo, Luz Ángela Uriana Epiayú, miembro del resguardo Provincial del municipio de Barrancas, se pronunció para reivindicar el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes al territorio:
La lucha de nosotros es por la defensa de nuestro territorio, por el agua, por el río Ranchería. Desde que llego Cerrejón a la región no hemos tenido acceso al agua potable. Ellos son los que gastan el agua potable que hay en La Guajira, nosotros no tenemos acceso ni a una gota de ese agua.
Protestar para que los tribunales reconozcan sus derechos
El 9 de agosto, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió el Auto 419 de 2017, donde ordena a la transnacional Cerrejón interrumpir durante tres meses las obras con las que se pretende desviar el arroyo Bruno, la Corte dispuso:
La suspensión de los actos materiales asociados al avance del tajo minero La Puente hacia el área del cauce natural del arroyo Bruno, incluyendo actividades como la remoción de capa vegetal del cauce natural, así como la del acuífero aledaño y aluvial del mismo cauce.
Los líderes sociales de la Guajira que se manifestaron en Bogotá aseguraron que su intención era exigirle a la Corte Constitucional que emitiera un nuevo fallo que realmente favorezca a las comunidades de la región y no a la transnacional, pues estas necesitan que las decisiones del alto tribunal tenga en cuenta las normas que protegen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Adicionalmente, solicitan a la Corte que ordene el retiro del dique que hoy mantiene desviadas y canalizadas las aguas de este afluente para que retornen a su cauce natural.
En este sentido, Rogelio Ustate Arregocés, poeta y líder de la comunidad afrodescendiente de Tabaco, señaló que:
En el mes de diciembre de 2016, la comunidad Media Luna Dos interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos a la consulta previa, un ambiente sano, la salud y el debido proceso que consideraban violados por la transnacional Cerrejón, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio del Interior por la expedición de una resolución que modifica el plan de manejo ambiental de la mina y permite la expansión del embarcadero en Puerto Bolívar.
Frente a dicha acción de tutela, el pasado 14 de julio la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció y manifestó que “la sala debe resolver si se vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad Media Luna Dos, especialmente, el de consulta previa”. Por esta razón, ordenó al Cerrejón, al Ministerio del Interior y a la ANLA realizar una reunión con las comunidades afectadas para concertar cómo será dicho proceso y, además, le exigió a la empresa minera implementar un “plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales [y] culturales en la zona, para lo cual debe compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas”.
De igual forma, requirió que la ANLA revisara la Resolución 2097 de 2005 y analizara si “el plan de manejo ambiental vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto”.
En medio de la manifestación, los representantes de las comunidades sostuvieron que estas disposiciones de la autoridad ambiental vulneran sus derechos fundamentales, puesto que los daños ambientales ya están hechos y que en el plan de manejo ambiental no están las soluciones para revertir los daños ocasionados por el Cerrejón.
Por esto, Luis Misael Socarrás Ipuana, no dudó en señalar la responsabilidad del Ministerio de Ambiente y la ANLA en el deterioro de los ecosistemas y denunció que hasta el momento han hecho caso omiso a sus exigencias:
¿Por qué no van y le preguntan a las comunidades cuántas personas están enfermas por la contaminación del polvillo [de carbón]? ¿Por qué no preguntan cuántos arroyos se han secado? […] La gente necesita dimensionar el daño tan grande que ocasiona Cerrejón, los grandes socavones que abarcan cuatro municipios: Barrancas, Hatonuevo, Albania y parte de Maicao […] Se han deforestado árboles milenarios. Eso ya no se vuelve a ver. El bosque seco tropical es una referencia a nivel mundial y se está perdiendo en nuestro país […] Nosotros estamos viviendo en carne propia los daños que la minería trae y hay que decir que son irreversibles.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas aseguran que la extracción de carbón solo ha traído pobreza, despojo, enfermedades, daños ambientales, ecocidio y privación de sus tradiciones culturales. Ahora esperan que la Corte Constitucional tenga en cuenta que la expansión de las explotaciones no resulta siendo una verdadera alternativa económica y de desarrollo para La Guajira.
En este sentido, Luis Misael Socarrás Ipuama manifestó que:
Además, aseguró que es necesario “alzar una voz de protesta y decir basta ya de explotación minera, no solo en La Guajira sino en todos los proyectos mineros que hay en el país”.
Actualmente, la consulta popular se ha convertido en una alternativa para los pobladores de varios municipios y ciudades del país para frenar proyectos de extracción de hidrocarburos y de explotación minera, pero es imprescindible un debate sobre el actual modelo de extracción de recursos naturales por parte de las organizaciones sociales y el conjunto de los colombianos.
Cuestión de negocios
A principios de 2016, la ANLA y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), dieron aval al Cerrejón para comenzar a ejecutar el proyecto La Puente, el cual tiene como obra principal el desvío del arroyo Bruno en un tramo de 3.6 km que desplazaría el cauce 700 metros al norte.
En varias ocasiones, Cerrejón ha sostenido que “la intervención del arroyo Bruno no significa la desaparición de este cuerpo de agua sino la modificación de una parte de su cauce llegando a su desembocadura”, asegurado que dicho proyecto “se realiza bajo los más altos estándares y la normatividad ambiental y social vigente”. Si bien la trasnacional insiste en que el proyecto La Puente no afecta al arroyo Bruno, ni a su caudal, ni a los animales y especies vegetales de la zona, ni tampoco a las comunidades, la realidad es otra.
Blas Sierra, de la comunidad wayúu de El Rocío del municipio de Albania, manifestó al respecto que:
La minería nos ha acabado unos 16 arroyos, que son de los que le fluye agua al río Ranchería. Si deja de caer agua al río Ranchería, este se va muriendo lentamente y lo que quiere Cerrejón es que el río Ranchería se seque para sacar el carbón que se encuentra debajo.
En varias ocasiones, diferentes organizaciones se han pronunciaron frente al desvío del arroyo Bruno. En 2015, Censat Agua Viva y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) publicaron el informe “La desviación del arroyo Bruno: entre el desarrollo minero y la sequía”, donde manifiestan que el desvío de cualquier fuente hídrica en el departamento de La Guajira acentuaría aún más el deterioro de los ecosistemas y afectaría gravemente a las comunidades. Según el documento:
La desviación del arroyo Bruno es inapropiada porque permite la expansión minera en la zona y con ella sus graves impactos negativos […] Los socavones de explotación carbonífera de Cerrejón ya han tenido un impacto en las aguas subterráneas, lo que significa que, de hecho, ya se ha producido una alteración en los ciclos hídricos naturales, así como una interrupción y consecuente disminución de sus caudales.
Sin aliento
Por otra parte, las comunidades de La Guajira han denunciado repetidamente los efectos de la explotación sobre la salud de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como sobre los propios mineros. Se ha probado que el polvillo del carbón tiene una estrecha relación enfermedades respiratorias crónicas, como silicosis, neumoconiosis y cáncer pulmonar, y también brotes y hongos en la piel, conjuntivitis y partos prematuros.
En noviembre de 2015, el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas (La Guajira) emitió un fallo en favor de Moisés Daniel Guette, un niño indígena wayúu a quien la contaminación causada por el polvillo de carbón ha causado afecciones en vías respiratorias y pulmonares, además de alteraciones en su hemoglobina. El juez ordenó a el Cerrejón, Corpoguajira y la ANLA diseñar e implementar un plan de acción para reducir los niveles de contaminación por material particulado y emisiones de gases de combustión que producen su actividad extractiva y el transporte del mineral a puerto sin que, hasta el momento, se hayan tomado las medidas necesarias.
Frente a este tema, Luz Ángela Uriana Epiayú, madre de Moisés, manifestó que:
La explotación de carbón está matando lentamente a nuestros hijos. En la comunidad hay niños que se han muerto por causa del polvillo. Tengo un hijo de tres años que está enfermo. Logramos ganar una tutela contra Cerrejón […] pero, aun así, Cerrejón no ha respondido por la salud de mi hijo. Estamos enfermos por la contaminación y no tenemos garantías en el sistema de salud […] Lo que nosotros estamos exigiendo es vivir y que nuestros hijos puedan vivir.
Si bien Colombia es considerado uno de los países con mayores reservas de carbón en Latinoamérica y actualmente participa en el mercado internacional como uno de los mayores exportadores de carbón, lo que representa una buena porción de la inversión extrajera directa que recibe el país, el panorama para las comunidades es otro: no se han beneficiado de los recursos económicos que genera la explotación de carbón y los conflictos territoriales, sociales, ambientales y la vulneración a los derechos humanos se acentúan cada vez más. Luz Ángela Uriana, hizo un llamado a la comunidad internacional, asegurando que “los que se benefician del carbón deberían saber de dónde viene, de dónde lo sacan y darse cuenta cómo están afectados nuestros territorios y quiénes son los que padecen las consecuencias de la explotación”.
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