Julian Assange sigue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Foto: David G. Silvers, Cancillería de Ecuador.
Si Ecuador cancela la condición de refugiado que le otorga actualmente a Julian Assange, estaría abandonando también al casi 10% de la población ecuatoriana que vive en el exterior y que necesita de la protección de las mismas leyes internacionales que hoy amparan al editor de WikiLeaks.
Julian Assange sigue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Foto: David G. Silvers, Cancillería de Ecuador.
Julian Assange sigue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Foto: David G. Silvers, Cancillería de Ecuador.

Por: Silvia Arana – mayo 9 de 2018

El 28 de marzo, el gobierno ecuatoriano confirmó que había incomunicado a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en represalia por un tuit. En dicha declaración, Assange había equiparado el arresto del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en Alemania y a pedido del gobierno español, con el arresto en 1940 del presidente catalán Lluís Companys por la Gestapo. Companys fue deportado a España y ejecutado por el gobierno fascista de Franco.

Según el gobierno ecuatoriano, Assange había acordado no interferir en asuntos de política exterior mientras estuviera en la embajada ecuatoriana en Londres. Pero, ¿bajo qué punto de vista el tuit de un periodista representa injerencia en política extranjera? Argumentar que la opinión de Assange es injerencia en asuntos extranjeros equivale a negarle la libertad de expresión a uno de los periodistas y editores más destacados de la última década.

Recordemos que WikiLeaks publicó, en los últimos diez años, más información secreta que todos los demás medios de prensa combinados sobre tratados comerciales, vigilancia masiva, ataques contra civiles, torturas y asesinatos cometidos por los gobiernos de EE.UU. y otros países en Iraq, Afganistán, Yemen y Siria. Gran parte de las revelaciones fueron proporcionadas por denunciantes de conciencia, como Chelsea Manning, quienes pusieron en riesgo su vida y su libertad en defensa del derecho de la gente a estar informada, a saber la verdad.

El gobierno de Ecuador, al otorgarle protección en su embajada en Londres hace seis años, demostró su apego y respeto a las leyes internacionales a favor de los refugiados y resistió con integridad las presiones de Estados Unidos y del Reino Unido.

Sin embargo, tanto el anterior como el actual gobierno ecuatoriano, manifestaron en diversas ocasiones su malestar por las opiniones políticas que Julian Assange emite desde el consulado ecuatoriano en Londres. En octubre de 2016, el gobierno de Rafael Correa le cortó la conexión a Internet durante la última etapa de las elecciones estadounidenses, respondiendo quizás a presiones del Partido Demócrata que consideraba que su candidata, Hillary Clinton, había sido perjudicada por las revelaciones difundidas por WikiLeaks sobre diversos temas: desde favoritismo en el manejo de las primarias que perjudicaron al candidato Sanders hasta acuerdos secretos con Wall Street y el rol clave que tuvo como secretaria de Estado en la sanguinaria invasión a Libia y el golpe de Estado en Honduras.

Recientemente, el presidente Moreno le advirtió públicamente a Assange no intervenir en asuntos políticos, poco después de que este difundiera información favorable al independentismo catalán. Moreno, quien se precia de ser una persona abierta al diálogo y moderada, no tuvo reparos en calificar a Julian Assange como una “piedra en el zapato”.

Expresiones como esta distorsionan la realidad. La piedra en el zapato sería, en todo caso, el gobierno del Reino Unido, que persiste en desconocer el mandato de Naciones Unidas de febrero de 2016 recomendando la “libertad inmediata” de Julian Assange. El grupo de trabajo de Naciones Unidas equiparó el confinamiento de Assange en la embajada ecuatoriana a una “detención arbitraria” y conminó al gobierno británico y al sueco a poner fin a la persecución contra el editor de WikiLeaks. Sin embargo, dos años después, el gobierno británico sigue negándose a aceptar la recomendación de Naciones Unidas y continúa poniendo en riesgo la seguridad y la vida de Julian Assange, al igual que su derecho humano a estar con su familia y en libertad.

Calificar a Assange como ‘el problema’ no es la única distorsión de la realidad. Políticos y periodistas persisten en definir como ‘hacker’ a Assange y a confundir el rol de un denunciante de conciencia con el trabajo de WikiLeaks. Ni WikiLeaks ni Julian Assange son denunciantes de conciencia -o whistleblowers, como se les conoce en inglés-. Assange es el fundador de una editorial en línea que difunde revelaciones de los denunciantes que, respondiendo a sus deberes como ciudadanos, exponen ilegalidades cometidas por el gobierno. Si bien tanto denunciante como editor comparten el mismo objetivo de exponer acciones ilegales cometidas por gobiernos o corporaciones aliadas con estos, según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos -por citar al país cuyo gobierno ha abierto un juicio secreto contra WikiLeaks y Assange-, un editor y un medio de prensa comprometidos con revelar la verdad deben ser protegidos y no perseguidos.

Sin embargo, Julian Assange y WikiLeaks no solo han sido atacados por sucesivos funcionarios, desde presidentes a senadores y políticos de los dos partidos mayoritarios estadounidenses -y de la Unión Europea y de la derecha mundial- sino que también han sido atacados por la gran prensa, que en las últimas décadas ha evitado toda confrontación con el poder.

Si el gobierno ecuatoriano le quitara la protección a Assange, de inmediato Gran Bretaña entregaría a Assange a Estados Unidos. Así lo han afirmado expertos en el tema, como los periodistas Glenn Greenwald y John Pilger, al igual que reconocidos denunciantes de conciencia como Daniel Ellsberg y Edward Snowden. Esperemos que Ecuador no abandone la defensa de Julian Assange, periodista y editor perseguido por difundir crímenes de guerra cometidos por el país más poderoso del planeta, porque si Ecuador diera marcha atrás no solo estaría abandonando a Assange sino también al casi 10% de la población ecuatoriana que vive en el exterior y que necesita de la protección de las mismas leyes internacionales que hoy amparan a Assange. Ecuador es un país de emigrantes: de un total de 17 millones de habitantes, más de un millón reside en Estados Unidos, España y otros países. Que su gobierno sea un adalid de los derechos humanos crea para todos ellos un espacio de respeto en el mundo.

Todos podemos ser emigrantes, todos podemos ser refugiados en una época signada por las migraciones masivas. Y Julian Assange, a pesar de que la trascendencia inmensurable de su trabajo como periodista y editor de WikiLeaks ha sacudido las estructuras más poderosas del mundo, es un refugiado más, un perseguido confinado en una embajada desde hace seis años, a pesar de que su detención haya sido calificada como arbitraria e injusta por Naciones Unidas. Julian Assange quizás sea, como decía John Berger, “el ejemplo de aquellos reducidos a escombros por resistir”, pero que aún reducidos a escombros tienen más integridad que nadie.

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Publicado originalmente por ALAI.

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