Por: Fermín Romero – 30 de enero de 2011
Desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hace siete años, se le ha dicho al país que los grupos paramilitares han dejado de existir. Inclusive, el comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, define los ejércitos que se mueven por el país como bandas criminales, o bacrim, afirmando que “sería un gran error premiar a los narcos dándoles ropaje político”. Sin embargo, informes de organizaciones de derechos humanos señalan que estos ejércitos siguen desplazando comunidades y cometiendo asesinatos selectivos, manteniendo algunos de ellos alianzas con políticos regionales y estrecha relación con el narcotráfico. La capital del país no es ajena a esta realidad nacional y está sometida al control de estos grupos en algunas zonas, los altos índices de impunidad así lo evidencian.
Bogotá alberga a más de ocho millones de habitantes y recibe diariamente a más de doscientas personas desplazadas. Es una ciudad difícil de controlar, pero al mismo tiempo es un lugar propicio para actividades criminales como el reclutamiento, la venta de drogas, el control de la prostitución, el lavado de activos y otras actividades delincuenciales. Además, es estratégica como ciudad de paso de armas, dinero, insumos y medicinas para distintos grupos armados. Como consecuencia, la ciudad vive guerras y alianzas entre los grupos que buscan controlarla que, según Medicina Legal, dejaron 1.440 muertos en la capital en 2009 y 1.773 en 2010, en una clara tendencia al aumento.
En un informe de 2009, la Corporación Nuevo Arco Iris afirma que en la capital hacen presencia grupos como el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), con presencia en Soacha, Tunjuelito, San Cristóbal y el municipio de La Calera; Los Rastrojos, que actúan en Soacha; las Águilas Negras, con presencia en Ciudad Bolívar, Soacha, Engativá, Fontibón, Suba y Usaquén; el Bloque ‘Héroes de Castaño’, con estructuras en Bosa; y los hombres del ‘Loco Barrera’, con presencia en Cota y La Calera. De acuerdo con el documento, estas organizaciones narcoparamilitares se encuentran en los extremos de la ciudad y controlan la entrada y salida de drogas de Bogotá.
Muy ocupados…
Hoy, las estructuras mencionadas en el informe se han afianzado y no sólo controlan la periferia de la ciudad sino diversos puntos claves a su interior. Sin embargo, hay una determinante en el desarrollo de la guerra: las acciones de las autoridades. Desde 2009 se pueden apreciar un aumento de extinciones de dominio y acciones policiales a estructuras del Erpac y del ‘Loco Barrera’, cuando la prioridad para combatir a otros grupos paramilitares y narcotraficantes no fue tan alta como la que recibieron estos jefes mafiosos.
El 25 de diciembre apareció muerto en un río alias ‘Cuchillo’. A su muerte antecedieron los arrestos de dos hombres poderosos en la organización que comandaba: William Olaya González alias ‘Robin’, en 2009, y José Covey Romero, en 2006. Así mismo, la captura de cuarenta integrantes del Erpac en Meta, Guaviare y Bogotá en 2009. Por otra parte, en Bogotá se le practicó extinción de dominio a setenta y cuatro bienes del ‘Loco Barrera’. Paradójicamente, para los demás grupos que actúan en la capital las acciones de la Fuerza Pública en su contra no podrían ser calificadas sino de esporádicas.
Después del proceso de desmovilización, las estructuras de ‘Cuchillo’ y el ‘Loco Barrera’ recibieron mayor atención de las autoridades en todo el país y Bogotá, lo que permitió el posicionamiento de otras mafias dedicadas a diversos tipos de delitos, entre ellos la venta de drogas al menudeo y la extorsión, con la complicidad de ciertos elementos dentro de la Fuerza Pública. Específicamente, en zonas como Chapinero, Santa Fe, Ciudad Bolívar y el Siete de Agosto se evidencia la complicidad de las autoridades y la libertad de las mafias para actuar.
Las mafias del siete
Juan*, miembro de la familia más tradicional de expendedores de narcóticos en el Siete de Agosto –que vende marihuana, bazuco y cocaína desde hace más de veinte años–, asegura que hay patrulleros “chéveres”que lo dejan trabajar. Sin embargo, cerca de los prostíbulos de la calle 68 con carrera 22, los expendedores de la zona corren otra suerte, pues cada vez que cambian los dueños del gran comercio, de las ‘líneas’ de venta de droga, algunos de ellos resultan muertos.
En Bogotá, las estructuras locales bien organizadas, como la familia de ‘Las Monas’ en el Siete de Agosto, resultan atractivas para los dueños de las líneas, por lo que no les resulta conveniente arremeter contra ellas sino tratar de controlarlas. Otra suerte corren los expendedores casuales, como los jóvenes que venden bazuco y cocaína a la salida de los moteles, ya que se convierten en carne de cañón de las mafias cuando éstas se enfrentan entre sí. Es claro que para los verdaderos dueños del lucrativo negocio ellos son prescindibles.
En Chapinero, no muy lejos del Siete de Agosto, el expendio y consumo de drogas es preocupante. A menos de doscientos metros del CAI de la Policía ubicado en la calle 60 con carrera 7, durante los fines de semana, más de ciento cincuenta personas consumen y trafican drogas. Carlos*, vendedor de droga de la zona, afirma que los uniformados son quienes administran quién vende y quién no, y explica así la existencia de los expendios de la avenida Caracas, que han funcionado turnándose desde hace más de quince años. Lo más preocupante es que están apareciendo otras ‘ollas’ en la zona, como es el caso de un local en la calle 64 con carrera 16, a dos cuadras de la Fundación Universitaria Los Libertadores y de varios prostíbulos en los que se venden también estupefacientes.
Los terrenos de ‘Los Boyacos’
En el centro de la ciudad, según fuentes de este periódico, el grupo conocido como ‘Los Boyacos’ tiene una ‘oficina de cobro’ en uno de los prostíbulos de la calle 22 con carrera 15, desde donde se coordinan sus actividades delincuenciales. Además, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, el conocido ‘zar de las esmeraldas’ Victor Carranza, otrora investigado por conformación de grupos paramilitares en el occidente de Boyacá, habría adquirido un gran número de las casas de empeño del centro de la ciudad y Chapinero, negocios reconocidos por ser usados para lavar dinero.
La influencia del controvertido esmeraldero en la vida capitalina son registradas también por la Corporación Nuevo Arco Iris, que afirma que la disputa entre el grupo de Carranza, de un lado, y las organizaciones de ‘Cuchillo’ y el ‘Loco Barrera’, del otro, tuvo efectos en “Bogotá y su entorno”.
En Usaquén, los habitantes de los cerros ubicados al oriente por la calle 160 afirman que las bandas armadas que se han tomado las calles actúan en complicidad con militares retirados y obedecen a Carranza. Su objetivo sería sacar a los líderes comunales de los barrios, amedrentar a los pobladores y desvalorizar los inmuebles mediante la violencia para especular con los terrenos. Esta misma zona, según el mapa de Nuevo Arco Iris, se ha mantenido una presencia continuada de las Águilas Negras, en barrios que, curiosamente, coinciden con las que ahora controlaría la organización paramilitar de ‘Los Boyacos’ .
Las redes del terror
Desde la casa de Julio*, desmovilizado de las AUC que vive en Ciudad Bolívar, se puede observar cómo una anciana sobrevive vendiendo bazuco a decenas de jóvenes. Afirma Julio que una vez la Policía se la llevó detenida, pero que desde entonces los uniformados sólo pasan para ‘hacerle visita’. Daniel*, desmovilizado de las FARC que vive también en Ciudad Bolívar, asegura que en los colegios a los que asisten desmovilizados se presentan personas ofreciendo ‘trabajo’ con los paramilitares y que el Erpac es el reclutador.
En Bogotá, desde el cuestionado proceso de desmovilización, la acción de los grupos paramilitares sigue haciéndose sentir no sólo a través del control de diversos negocios ilícitos sino también con la continua aparición de panfletos intimidante, por las mal llamadas ‘limpiezas sociales’ y por las amenazas que estos grupos emiten contra decenas de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes y personalidades públicas, como Piedad Córdoba e Iván Cepeda. A pesar de las reiteradas denuncias, las autoridades siguen sin dar con los responsables.
Los preocupante de la situación en Bogotá es que las autoridades minimizan el problema al darle el mismo tratamiento que a un fenómeno de delincuencia común y no asumirlo como una situación que se genera en las propias instituciones. La existencia, durante más de veinte años, de decenas de ‘ollas’ en la ciudad demuestra no sólo la alta corruptibilidad de los uniformados, cuando detrás del Batallón de Policía Militar número XIII, o PM13, se encuentra la olla más grande de la capital y cuando en cercanías de algunas estaciones de Policía y plazas de mercado, como la Central de Abastos de Bogotá, se han ido consolidando importantes estructuras dedicadas a la venta de drogas y a la expansión paramilitar en decenas de barrios.
Esto hace pensar, ante el crecimiento del fenómeno mafioso en la ciudad, que bien podemos estar ante una situación que esté copando la capacidad de acción de los uniformados, que se repliegan y permiten el crecimiento de estas bandas, o que hay una estructura que permeó desde hace mucho a la Policía de la capital del país y que cuenta con poderosas relaciones en altas esferas del poder.
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otro delos lugares de los cuales se nutren los narcoparamilitares es el sitio de la casona y las llamadas transitorias qa ue se encuentran al rededor de carabineros.la casa de la justicia.alli la droga se distribuye para el perdomo,galicia candelaria.casa grande-luego que colocaban tanquetas de la policia esta fue retirada por que reciben sobornos por estas familias en tre ellas una gran espendedora llamada la guerrillera a la cual le han matado un hijo ,uno esta preso en la carcel de menores otros dos atracan en los alrededores.y otro esta en la policia se necesita una importante investigacion