Por: Camila Ramírez – junio 22 de 2011
Varios de los más importantes proyectos desarrollados por las grandes empresas privadas y el Estado en el sur de Bogotá han ocasionado graves problemas sanitarios y ambientales, además de desplazamiento de campesinos, hundimiento de terrenos y fallas estructurales en barrios enteros. Así lo denunciaron más de ciento cincuenta delegados de organizaciones sociales y ambientalistas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, que se reunieron el pasado 12 de junio para exigir justicia ambiental para las comunidades afectadas.
A la audiencia, realizada en el Colegio Distrital Paulo Freire de la localidad de Usme, fue convocado por organizaciones sociales que han trabajado la problemática ambiental de la Media Luna del sur de Bogotá, donde residen tres millones de habitantes y que por años han soportado la explotación de los recursos mineros, la degradación ambiental y el Relleno Sanitario de ‘Doña Juana’. Según el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, los habitantes de estas zonas presentan graves enfermedades respiratorias y de la piel, y esta “afectación de la salud de los habitantes se debe a los malos olores, las plagas y la contaminación del agua”.
Entre las denuncias de las comunidades cobró especial importancia la situación que provoca el Parque Minero Industrial del Tunjuelo, ubicado entre las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en el que las empresas Holcim, de capital suizo; Cemex, de capital estadounidense y mexicano; y la Fundación San Antonio, de propiedad de la Arquidiócesis de Bogotá, realizan explotación minera a cielo abierto para elaborar materiales de construcción y en esta labor desperdician grandes cantidades de agua del río Tunjuelo. Además, se hizo de conocimiento público que las profundas excavaciones han generado grietas, hundimientos, deslizamientos y han afectado las aguas subterráneas de la zona.
La comunidad asistente denunció que las multinacionales llevan quince años explotando los recursos naturales a su conveniencia, mientras que decenas de familias de la parte alta de la localidad de San Cristóbal no cuentan con agua potable ni sistema de alcantarillado. De igual manera, se denunció que con la Operación Nuevo Usme, una de las acciones estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, pretende construir 36.000 viviendas a partir de la expropiación del territorio de los campesinos de la localidad para construir un proyecto de expansión urbana que no contempla las necesidades de esta población. Según el gerente de Metrovivienda, Francesco Ambrosi Filardi, la empresa del distrito ya cuenta con 930 hectáreas destinadas a la construcción de vivienda, zonas comerciales, zonas industriales, espacio público y vías.
Los delegados de las instituciones asistentes –la Secretaría de Hacienda de Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Metrovivienda y las alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar– no se comprometieron con la comunidad a suspender las actividades de explotación, pero aseguraron que están vigilando que la normatividad se cumpla. Por su parte, las empresas privadas asistentes evadieron las preguntas de la comunidad, arguyendo que están cumpliendo sus contratos con el Estado y con las disposiciones de las autoridades competentes, por lo que no estarían afectando el medio ambiente en el territorio de la Media Luna.
Al finalizar la audiencia, las organizaciones sociales y la comunidad exigieron el cierre del botadero de basura de ‘Doña Juana’ y del Parque Minero Industrial, así como el cambio de la administración de Metrovivienda para lograr una negociación justa, justicia ambiental, un ambiente sano, una mejor calidad de vida de los habitantes del sur y que se cumpla la propuesta desarrollada por algunos campesinos de la zona rural y de las organizaciones sociales de Usme.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
