Por: Carlos Jaime Fajardo – julio 15 de 2011
A pesar del anuncio del gobierno Santos sobre la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en el país, hecho con el evidente fin de que le aprueben el Tratado de Libre Comercio (TLC), lejos está la realidad de ello.
Colmotores, como se llama a la empresa que ensambla los automotores marca Chevrolet en Colombia, explota a más de mil quinientos trabajadores en el país, que realizan labores de mecánica, latonería, pintura, soldadura, entre otras. Esta situación lleva a que muchos de estos obreros sufran enfermedades profesionales. La multinacional, desconociendo derechos mínimos, despide a quienes padecen de problemas en la columna, las manos, la espalda, el cuello; a quienes desarrollan síndromes como el del manguito rotador del hombro, del túnel carpiano; o terminan con bursitis o hernias. Esto, a pesar de que, en muchos casos, estas lesiones de trabajo terminan dejándolos inválidos.
Debido a los contratos laborales a término fijo –soportados en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 789 de 2002, que implantaron la flexibilización laboral para beneficio del gran capital–, se facilita a la empresa no renovar contratos a quienes se vayan enfermando. Una artimaña que utilizan para ello, constriñendo el derecho que se tiene a elegir la atención médica, consiste en que obligan a los trabajadores, mediante cláusula del pacto colectivo, a asistir primero al centro de salud de la empresa antes que a cualquier otro servicio médico, con lo cual identifican los síntomas de los enfermos y, de manera sorpresiva, se les cancela el contrato o no se les renueva.
Otra artimaña es que la Administradora de Riesgos Profesionales ARP Colpatria no reconoce tales afecciones físicas como enfermedades profesionales sino que las califica como comunes, es decir, como adquiridas fuera del trabajo y en el mejor de los casos reconoce incapacidades del 16%, que no dan para pensión por invalidez, vulnerando una vez más sus derechos.
Como si fuera poco, han pasado por la multinacional seis inspectores de trabajo del llamado Ministerio de Protección Social en el último año, quienes han avalado tales despidos. Vale recordar que uno de los argumentos de protección al trabajador que muestra el gobierno en el exterior es el nombramiento de trescientos ochenta inspectores, que en este caso están al servicio de los patrones.
Ante dicha situación, se conformó en el pasado mes de mayo la Asociación de Trabajadores Enfermos de Colmotores (Asotrecol), conformada por 56 trabajadores y extrabajadores despedidos injustamente, quienes han visibilizado su problemática por medio de mítines, comunicados y relaciones diplomáticas en las que han requerido nuestra solidaridad. No se puede ser indiferente ante tantos atropellos a los trabajadores colombianos por parte del capital extranjero, ahora bajo el engaño de que la prosperidad es para todos.
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