Por: Camila Ramírez – octubre 12 de 2011
Los corteros de caña trabajan de doce a trece horas diarias. Se levantan a las cuatro de la mañana, llegan al campo de trabajo a las seis y sólo salen de allí hacia las seis o siete de la noche. No cuentan con un horario para almorzar y usualmente consumen sus alimentos fríos o, en ocasiones, descompuestos por los intensos rayos del sol. Además, las condiciones en las que laboran son precarias e injustas: no se les reconoce el peso de la caña que cortan, se les niega el derecho a la salud, se exponen a mordeduras de serpientes, usan herramientas inseguras y, cuando se organizan para protestar, son judicializados. Esta clase de atropellos es propiciada por las Coperativas de Trabajo Asociado (CTA) relacionadas con el negocio de la caña, entidades que ahorran miles de millones de pesos a los ingenios azucareros y que les permiten explotar a miles de trabajadores en condiciones de esclavitud moderna.
Según Javier*, cortero que trabaja para Azúcar Manuelita, uno de los ingenios más grandes y de mayor trayectoria en la industria del país, esta empresa mantiene a sus trabajadores en condiciones deplorables. Asegura que al menos cien obreros sufren de diferentes enfermedades laborales, especialmente lesiones en el manguito rotador de su hombro, y que, además, no tienen un ingreso fijo: “el salario depende de uno, si usted puede trabajar al sol y al agua, tiene sueldo”.
Libardo*, otro de estos trabajadores, manifestó que los ingenios los tratan como animales: “nos tienen como a los pollos en el gallinero […] cuando aparece un animal con moquillo, hay tres mil vacunas para tres mil pollos. Así nos tienen a nosotros: si uno tiene dolor de cabeza le dan diclofenaco, si se parte el pie le dan diclofenaco, si tiene dolor de hombro le dan diclofenaco. No tenemos salud”.
Por estas razones, el pasado 3 de octubre, más de cuatro mil corteros de caña marcharon por las calles de Cali hasta la Gobernación del Valle del Cauca, exigiendo su derecho a un trabajo digno y a contratos directos e indefinidos. Además, respaldaron el proyecto de Ley 05 de 2011, con el que se pretende acabar definitivamente con las CTA y con todas las formas de tercerización laboral en el país. Así mismo, exigieron garantías para José Oney Valencia, representante del Movimiento 14 de Junio, al igual que para otros trabajadores que fueron judicializados durante la huelga de corteros de 2008.
El proyecto de Ley 05 de 2011 fue presentado por el senador Alexander López Maya en el mes de julio y, de ser aprobado, daría sustento legal a la lucha constante de los corteros, quienes hace años exigen salarios justos, contratación laboral directa, justicia a la hora del pesaje de la caña, jornadas de trabajo de ocho horas, dotación de herramientas de trabajo seguras, salud digna, reconocimiento de incapacidades y subsidios para vivienda y educación.
No obstante, los corteros señalan que la responsabilidad por sus precarias condiciones de vida no sólo recae en los ingenios y en las CTA: las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP), que regulan la atención en salud que reciben, no reportan adecuadamente los accidentes que sufren y las enfermedades que padecen para poder evadir el pago de incapacidades y el cumplimiento de otras de sus responsabilidades. De esta manera, los trabajadores de la caña, quienes responden por la educación y alimentación de sus familias, tienen que volver a los ingenios a trabajar sin que se tenga en cuenta su condición física.
Omar Enrique Cedano García, presidente del Movimiento 14 de Junio y uno de los corteros judicializados por la protesta de 2008, manifestó que “nuestro trabajo es arduo y repetitivo, por eso hemos venido sufriendo los trabajadores de problemas en la columna, de [lesiones en el] manguito rotador [de los hombros], de túnel carpiano y varias enfermedades […] Hemos logrado que varios compañeros sean reubicados en otras actividades, pero les han reducido su sueldo. Entonces, la situación empieza a empeorar más”.
Dignidad perseguida
El 14 de junio de 2008, en la plaza central del municipio de Pradera (Valle), se reunieron diez mil corteros de caña para exigir trabajos decentes y salarios justos, dando origen a una huelga que duró más de cien días y al movimiento que conmemora esa fecha. Como resultado de su lucha, estos obreros obligaron a los ingenios azucareros a negociar su pliego de peticiones y lograron algunos acuerdos en torno a sus condiciones laborales que, desafortunadamente, no han sido cumplidos por parte de las empresas.
Sin embargo, la parálisis en la producción de la caña de azúcar y el impacto que obtuvo la huelga de los corteros llevó a una fuerte represión, que incluyó la militarización del sur del departamento del Valle y la ocupación de los ingenios por la Policía, luego de que el entonces presidente Álvaro Uribe asegurase que el movimiento estaba infiltrado por la guerrilla. El resultado fue el obvio: mientras las grandes empresas de la industria del azúcar desataban una gigantesca persecución laboral contra quienes se atrevieron a organizarse, que aún hoy continúa, las autoridades emitieron órdenes de captura contra varios de los líderes de estos trabajadores, acusados por distintos delitos, y algunos, incluso, fueron detenidos y llevados a la cárcel.
Tres años después, varios de estos procesos judiciales continúan en el Palacio de Justicia de Buga, a pesar de las pruebas a favor de los implicados. Al respecto, el señor Cedano afirma que la lucha de los corteros por justicia está pasando por un momento clave, pues se están definiendo los últimos procesos penales. Adicionalmente, denuncia que varios de sus compañeros han sido amenazados y que se han presentado asesinatos de trabajadores de la caña en el municipio de Pradera.
Recientemente, durante un acto público convocado por el vicepresidente Angelino Garzón en el Centro Cultural de Cali, el 24 de septiembre de 2011, fue detenido sin orden judicial el representante legal del Movimiento 14 de Junio, José Onney Valencia, por el DAS regional, siendo liberado posteriormente por intercesión del propio Garzón. Esta detención se presentó, justamente, en momentos en que el Senado discute el proyecto de ley sobre las CTA y en que los corteros ven una gran posibilidad de que una de sus principales reivindicaciones, el fin de este sistema de explotación laboral, se vea cumplida.
A pesar de esto, el pasado 6 de octubre, algunos de ellos viajaron desde el Valle del Cauca hacia Bogotá para reunirse con obreros de otros sectores que también se encuentran afectados por las CTA, entre ellos quienes laboran en los cultivos de flores, las minas y los puertos. Todos ellos, al igual que los corteros, no cesan en su empeño de conseguir unas condiciones de vida adecuadas y contratación directa, a pesar de que en Colombia hasta el azúcar resulte amargo para quienes le entregan lo mejor de sí: su trabajo.
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