Por: Carlos Jaime Fajardo – octubre 10 de 2011
Han sido innumerables los escándalos de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares colombianas: los llamados falsos positivos, los bombardeos a la población civil, las desapariciones forzadas y los homicidios de líderes sociales són sólo una parte de lo que ha generado una avalancha de demandas en contra del Estado ante organismos internacionales. Es probada la vinculación de muchos integrantes de dichas fuerzas con los paramilitares y los narcotraficantes en las estas violaciones a los derechos humanos y existen más de 4.000 oficiales y suboficiales investigados.
Llama entonces la atención una serie de propuestas por parte de funcionarios estatales, el mes pasado, para beneficiar a los victimarios implicados en tales crímenes. Una la hizo la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, quien pretende incluir a narcotraficantes y miembros de las llamadas bandas criminales en la Ley de Justicia y Paz. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón quiere fortalecer el fuero militar por medio de la reforma a la justicia; el senador Roy Barreras, en el marco de la justicia transicional, promueve la participación en política de paramilitares desmovilizados; y el vicepresidente, Angelino Garzón, lanzó la propuesta de perdón y reconciliación integral. Esto, sin mencionar la iniciativa del senador Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, sobre inmunidad parlamentaria, que terminaría beneficiando a los parapolíticos. A todas luces, propuestas desde diferentes flancos para garantizar la impunidad.
El debate se ha centrado en buscar beneficios para los militares, pues se argumenta que existe baja moral en la tropa ante la posibilidad de demandas por violación a los derechos humanos, fortaleciendo el llamado ‘fuero militar’, que consiste en que los tribunales y cortes marciales serían los encargados de juzgarlos. Esto ya está consagrado en el Artículo 221 de la Constitución, para los delitos cometidos dentro del servicio activo. Ahora se busca que los levantamientos de los cadáveres de los ‘combatientes’ no los haga la Fiscalía sino los mismos militares y que la justicia ordinaria no opere sobre ellos, entre otros beneficios. Hay que recordar que las Fuerzas Militares dependen del Poder Ejecutivo, que en Colombia predomina sobre el Legislativo y el Judicial, lo que ha desequilibrado la democracia liberal durante varias décadas en Colombia.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la propuesta de perdón y olvido, así como la de participación política de actores ilegales de derecha desmovilizados y la de fortalecer el fuero militar evidencian que el proceso de fascistización de las instituciones estatales se mantiene junto a la impunidad, en cuyo interior se presenta un cambio en el modelo de represión del Estado, requiriendo para ello nuevos recursos legales.
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