Por: Jonathan Cardona Rojas
La represión del Estado toma múltiples formas y no todas ellas son evidentes ni conducen a la muerte, pero repercuten en las personas generando miedo y sumisión. Las manifestaciones pacíficas, pese a esto, han aumentado en los últimos años. La respuesta del gobierno a una sociedad que exige el cumplimiento de sus derechos ha sido la represión mediante censura, militarización y casi medio billón de pesos en presupuesto para el Esmad, un conjunto de escuadrones que, desde su fundación hace cerca de 20 años, ha asesinado al menos a 34 personas, herido a miles y aterrorizado a millones.
El pasado jueves 21 de noviembre me encontraba en un sector aledaño a la calle Barranquilla, en Medellín, donde cientos de miles de marchantes descansaban y compartían pacíficamente, tras la primera movilización realizada en el marco del Paro Nacional. El ambiente era alegre y tranquilo hasta que, aproximadamente a las cuatro de la tarde, observamos pasar decenas de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en motos de alto cilindraje. Poco tiempo después comenzaron los ataques del ‘escuadrón de la muerte’ que arremetió siguiendo su habitual modus operandi: dejando decenas de heridos a su paso y obligando a huir a los participantes. En ese momento pude presenciar cómo uno de los agentes, desde apenas algunos metros de distancia, nos lanzaba un artefacto explosivo que, por suerte, no hirió a nadie, pese a que cayó cerca. Lanzaban explosivos a quienes nos encontrábamos descansando pacíficamente en el espacio público.
Nada nuevo bajo el sol de Macondo
Estos abusos del Esmad no son nuevos, son sistemáticos y mucho más antiguos que esa dependencia de la Policía. Esta, junto al Ejército y otras entidades del Estado, dirigidas, cooptadas o influidas por determinados sujetos, han convertido la capacidad de violencia del Estado en instrumentos de terror y represión desde tiempos difíciles de precisar. En Colombia, la Fuerza Pública ha sido piedra angular de esta violencia gubernamental al menos desde inicios del siglo pasado. Dos ejemplos prueban la antigüedad del trato de guerra para la protesta social: la masacre de obreros de las bananeras por militares en 1928 y, medio año después, el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de la Universidad Nacional, a manos de la Policía.
Entre 1946 y 1953, bajo gobiernos conservadores, la Policía, en colaboración con organizaciones paramilitares, reprimió y persiguió particularmente a sus opositores y a diversos actores que participaban de luchas sociales y reivindicaciones populares. Desde la década de los cincuenta, como evidencia el doctor en sociología Adolfo L. Atehortúa, Estados Unidos intervino en Colombia y en América Latina, entre otras cosas, mediante el adoctrinamiento de militares para enfrentar al supuesto ‘enemigo interno’. Con la misma excusa de fondo, en 1978, el entonces presidente Julio César Turbay expidió el Estatuto de Seguridad con que le otorgó amplios poderes a los militares y policías, incluyendo la facultad de arrestar por mera sospecha y grandes facultades jurídicas.
Aunque cinco años después el Estatuto fue derogado, el país siguió generalmente bajo Estado de sitio. Esta figura, con el pretexto de mantener el orden público, facilita el abuso de la Fuerza Pública que, especialmente durante tiempos de gran movilización social, ha cometido y apoyado masivas torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras acciones efectuadas contra líderes y organizaciones sociales. Dichas acciones son aún objeto de investigación o han quedado en el olvido y la impunidad, sin que se cuente con cifras precisas del número total de víctimas.
Se sabe que la represión y persecución estatal no se han limitado al abuso de la fuerza por parte de la Policía. Otras entidades estatales han estado involucradas en actos represivos y delictivos. En el informe “Universidades Bajo S.O.S.pecha” se detallan al menos 114 homicidios ocurridos por estas actividades estatales o paraestatales entre 2000 y 2018. Incluso, dos organismos de inteligencia y una brigada del Ejército fueron clausurados por graves violaciones a los derechos humanos: el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), creado en 1953 bajo la dictadura militar, fue cerrado por acciones de este tipo para reemplazarlo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue eliminado en tiempos recientes y tiene a tres de sus exdirectores condenados por múltiples delitos, varios cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Asimismo, la Brigada XX del Ejército fue eliminada en 1998, tras años de denuncias por parte de organizaciones internacionales sobre sus atroces ataques contra la población civil. Las revelaciones de sus delitos ponían en riesgo el dinero que Estados Unidos giraba al país y la negociación para la aprobación del Plan Colombia, entonces denominado ‘Plan Marshall para Colombia’, un acuerdo del gobierno colombiano con el coloso del norte que sería suscrito, supuestamente, para ‘enfrentar el narcotráfico’ y ‘promover el desarrollo’. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la ONG Human Rights Watch reconocieron por ese entonces la existencia de acciones armadas conjuntas de paramilitares y agentes estatales, algunos de la mencionada brigada, para asesinar activistas y defensores de derechos humanos. Por esto, cabe pensar que si se desmonta el Esmad y se crea una división semejante, como los pelotones antidisturbios que ya se están creando en el Ejército, estaremos condenados a la misma brutalidad.
El extenso prontuario represivo de la Fuerza Pública
En febrero de 1999 la Policía emitió la Directiva Operativa Transitoria No. 0205, en el marco de la ’modernización’ de la Fuerza Pública. Así nació ‘transitoriamente’ el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), conformado por menos de 200 hombres y sin presupuesto para elementos ni armas. Álvaro Uribe, tras finalizar su segundo gobierno, dejó a ese cuerpo con casi 2.000 miembros. Para 2015, durante el gobierno Santos, esa dependencia recibió $372.000 millones, según el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En 2019, según informó al Congreso el Ministerio de Defensa, le fue destinado un presupuesto de $490.000 millones, aproximadamente $1.340 millones por día, $134.000 millones más que para Colciencias. Actualmente, el Esmad cuenta con 3.876 integrantes, de los cuales 106 son mujeres, y 108 tanquetas, cada una con un costo de más de $1.000 millones.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en el Paro Agrario de 2013 se denunciaron 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos de los cuales 21 fueron atacados con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y otros 660 casos de violaciones a los derechos humanos. En 2016, Alirio Uribe, exrepresentante a la Cámara, denunció ante el Congreso que solo ese año el Esmad generó más de 682 víctimas y que ha venido siendo usado para desalojar al menos 1.200 viviendas, función para la cual no fue creado.
Varios actores, entre ellos la Comisión Colombiana de Juristas y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), han denunciado el agravamiento generalizado de la represión en el último año. En junio pasado, a manera de ejemplo, según denuncia de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Deobaldo Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Cumbre de Puerto Asís (Putumayo), perdió su ojo izquierdo por un disparo a la cara de una bomba lacrimógena del Esmad. El mismo día tres jóvenes fueron detenidos por la Policía, uno de ellos escapó, los otros dos fueron golpeados repetidamente por cerca de media hora y amenazados de muerte con armas de fuego.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública son sistemáticas y de vieja data, pero desde el surgimiento del Esmad sus métodos, municiones y armas han ocasionado millares de daños y víctimas que, en parte, han sido desestimados gracias a la fachada de regulación y legalidad que reviste a sus agentes. El “Manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes”, por ejemplo, señala que hay que evitar impactar directamente a los manifestantes y públicamente representantes de la Policía sostienen que eso se cumple, pese a que han sido comprobadas varias muertes por cuenta de disparos directos de distintos tipos de proyectiles realizados por sus agentes. Estos, además, usan eufemismos como ‘menos letal’ para referirse a las mortales armas con las que han asesinado a varias personas y herido a miles; y aunque el Consejo de Estado, en varias condenas y decisiones, exige más formación en derechos humanos para el Esmad, la Policía ha respondido con cursos cortos tras los cuales sus integrantes pueden portar y usar las armas en cuestión. Por otra parte, como se ha conocido a partir de las investigaciones por los asesinatos de Nicolás Neira y Óscar Salas, los agentes reutilizan cartuchos para hacer municiones ‘no convencionales’ o ‘recalzadas’, manipulándolos con distintos materiales y técnicas para efectuar ataques más mortales. Incluso, como reveló un exmiembro del ESMAD a Noticias Uno, en ocasiones incitan el enfrentamiento con los manifestantes para hacer ‘menos aburridas’ algunas protestas.
Según la campaña Defender la Libertad: asunto de todos, el punto más crítico inició el 15 de noviembre, a seis días del inicio del paro, cuando fueron desplegados centenares de soldados en operativos de ‘control y seguridad’ en varias ciudades del país. Se realizaron 37 allanamientos, varios de ellos declarados ilegales posteriormente, en viviendas de integrantes de movimientos artísticos, políticos y estudiantiles.
Tras el paro, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. han confirmado al menos 1.040 detenciones arbitrarias –el Gobierno no publica datos sobre los heridos y afectados que ocasiona su represión–, la mayoría efectuadas abusando de una figura de ‘traslado’ creada para ‘proteger’ o ‘garantizar la seguridad’ de personas que se encuentran en riesgo. Algunos de los afectados fueron obligados a desnudarse, otros recibieron descargas eléctricas y a otros les golpearon e incluso fracturaron sus manos, como reportaron diversas organizaciones y víctimas. La mayoría de detenciones fueron declaradas ilegales porque no existía justificación o por incumplimiento de procedimientos legales.
Los comparendos o multas, una de las medidas mencionadas como “correctivas” en el Código de Policía, también han sido usados indiscriminadamente por los uniformados para amedrentar –más de 400 casos, según Defender la Libertad–, con lo que se buscaría obstaculizar el ejercicio del derecho a protestar pacíficamente. Como estas cifras corresponden principalmente a Bogotá, se presume que a nivel nacional los violentados por la Policía serían muchos más, solo en las últimas cuatro semanas.
Además, en días recientes, la Policía ha obligado a personas a mostrar sus redes sociales durante requisas en la calle, lo cual viola las regulaciones legales que protegen el derecho a la intimidad. En un caso, una mujer fue golpeada y detenida por no cooperar con esa exigencia ilegal, de acuerdo con la denuncia hecha por un testigo. A la postre, estrategias policiales de infiltración y generación de pánico también han quedado al descubierto, como las de los supuestos ‘vándalos’ y ‘saqueadores’ durante los toques de queda del 22 y 23 de noviembre.
Ante la sangre derramada, las autoridades muchas veces proceden premiando y exaltando a los abusadores. Un caso emblemático de este proceder se vio con el caso de Jhony Silva, estudiante de la Universidad del Valle asesinado en 2005 por el Esmad. El entonces capitán de la unidad responsable del homicidio, Gabriel Bonilla, luego fue ascendido a comandante de ese cuerpo policial a nivel nacional y más tarde designado comandante de la Policía Metropolitana en Ibagué. Esto se reafirma con la actual cúpula militar, que en su mayoría se conforma por oficiales relacionados con la ejecución de civiles para presentarlos como bajas en combate durante los gobiernos de Uribe. La cereza del pastel la puso el presidente Duque, quien tras conocerse que la muerte del joven Dilan Cruz era un homicidio visitó a los agentes del Esmad para honrarlos y felicitarlos.
Como recordó Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Plan de Acción Laboral firmado por el gobierno colombiano con el canadiense e incluso el Comité de Empleo de la OCDE indican que es necesario tomar decisiones frente a las actuaciones del Esmad. En este mismo sentido, diversas organizaciones, como la British Medical Journal, la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (Inclo) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR), han coincidido en señalar que las armas y municiones ‘menos letales’ usadas internacionalmente representan un grave peligro de muerte para los manifestantes.
Solo un puñado de casos han recibido justicia, verdad y reparación por parte del Estado, mientras los controles políticos en el Congreso y los organismos de control no han servido para mejorar este estado de cosas. El Esmad se convirtió en una opción para el Gobierno y este lo dotó de una protección legal, que incluso es defendida por algunos ciudadanos, para reprimir violentamente a los ciudadanos movilizados por sus derechos y así no atender a las demandas sociales legítimas. Va siendo hora de reordenar las prioridades para la Fuerza Pública, comenzando por el escuadrón asesino. Primero la vida y los derechos.
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