Álvaro Uribe no puede escapar para siempre del ojo de la Justicia, pero aún falta camino para poner fin a la impunidad de la que se reviste su poder.
La decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia que ordena la detención domiciliaria al expresidente y senador de extrema derecha rompe, por fin, con el mayor mito que sus seguidores han creado en torno a su figura: su supuesta superioridad respecto a las instituciones y la Justicia, la certeza de que sus decisiones y palabras son incontrovertibles, y sus actos superiores a cualquier castigo.
Este, el de la compra de testigos, es el mayor fracaso jurídico de Uribe y su séquito de abogados en toda su carrera. Las pruebas son claras y contundentes: la Corte asegura tener todo tipo de materiales que indican que participó como determinador de las aventuras de Diego Cadena, su apoderado y quien se llama a sí mismo ‘abogángster‘, que se paseó por las cárceles del país para ofrecer dádivas a paramilitares condenados con el fin de que estos mintieran en el proceso que el exmandatario inició en 2012 contra el senador Iván Cepeda. Como se sabe, en 2018 la Corte falló en contra de Uribe, quien pasó de denunciante a acusado por el mismo cargo con el que pretendía que se enjuiciara a uno de sus más conocidos opositores. Ley de acción y reacción, nada más.
Así las cosas, la Corte ha ordenado la detención preventiva de Uribe por considerarlo peligroso para el proceso que se sigue en su contra. Esto, por supuesto, ha molestado sobremanera a sus seguidores y aliados, así como al Consejo Gremial Nacional y al protegido que ungió en la Presidencia, Iván Duque, quienes reclaman que el expresidente pueda demostrar su inocencia en libertad, pues ha atendido todas las citaciones que se le han hecho a los despachos judiciales. Sin embargo, los antecedentes del preso más poderoso del país no son menos que preocupantes en este sentido: la ‘parapolítica’, la ‘yidispolítica’ y las ‘chuzadas’, entre muchos otros escándalos, terminaron con varios de sus más estrechos colaboradores en la cárcel, mientras su jefe escapaba de forma sorprendente del brazo de la Justicia, como parecía hasta hace poco que iba a pasar con el ‘abogángster’ –antiguo apoderado, además, de capos del Cartel del Norte del Valle– y su socio, Juan José Salazar. Esto, hasta la sorpresiva decisión del alto tribunal que también ha asegurado que ofrece garantías plenas para que el jefe del partido de Gobierno se defienda.
Hoy Uribe permanece detenido en El Ubérrimo, su domicilio oficial y donde se le notificó en tiempo récord de que su examen para COVID-19 resultó positivo al día siguiente de la decisión que lo priva de su libertad. Se trata de una hacienda de más 1.300 hectáreas cerca de Montería (Córdoba) desde donde había estado ejerciendo como senador a distancia luego de que empezó la cuarentena. Esta es la más conocida de una serie de propiedades que el controvertido latifundista y político ha acumulado a través de su vida y hacen parte de un patrimonio que creció de forma importante durante sus dos periodos en la Presidencia de la República y que declara en bruto al fisco en $12.351’981.000 (USD 3’248.571), sin contar su salario ni las posesiones que aparecen a nombre de su familia.
Allí, sin restricciones a sus comunicaciones y en medio de las comodidades y privilegios que su posición le garantiza, Uribe cumplirá la medida de aseguramiento definida por la Corte Suprema hasta que la Sala Especial de Instrucción encargada de su caso lo condene o absuelva. Esto resulta paradójico en un país en que, según el INPEC, las cárceles albergan a 27.309 sindicados, es decir, personas que permanecen detenidas mientras se les resuelve su situación jurídica, como él, pero sin el beneficio de la detención domiciliaria. Este grupo humano equivale al 26% del total de presos ‘intramurales’ del país, superando ampliamente la superpoblación de 23.900 internos que tiene el sistema de penales colombiano. Además, está compuesta mayoritariamente por gente pobre que soporta todas las miserias de unos reclusorios con una situación sanitaria inhumana y corre un altísimo riesgo ante la rápida expansión de la COVID-19 y otras enfermedades sin que el Gobierno, encabezado por el protegido de Uribe, tome medidas claras para garantizarles la vida, la salud o condiciones dignas de reclusión. Lo mismo que afuera, pero peor.
Mucho es lo que se especula sobre el posible rumbo de este proceso, sin duda, el más importante en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, son varios los factores que hacen que el resultado del mismo no esté del todo claro, a pesar de que se puede pensar que corre un gran riesgo de convertirse en una más de las muchas anécdotas que, como cuentas en un rosario, se suman al acumulado de impunidad del líder visible del fascismo colombiano tras cuatro décadas de andanzas en las lides políticas.
Uno de ellos es la situación actual de la Corte Suprema de Justicia, que desde el año pasado ha soportado la arremetida de Iván Duque, su ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y la coalición de gobierno para hacerla inoperante o entorpecer su labor al sabotear la elección de nuevos magistrados para reemplazar a los que han cumplido periodo. Mientras, han usado toda suerte de artimañas para ir cooptando a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y poner estos altos tribunales bajo el control del Ejecutivo, rompiendo una de las garantías fundamentales de funcionamiento democrático definidas en la Constitución: la separación de poderes. Hoy, la presión política y social del uribismo, así como las intimidaciones contra los magistrados que tomaron la histórica decisión es el mayor punto débil del proceso en un país en el que la independencia de la Justicia parece cada vez más una nostalgia de tiempos que nunca fueron.
De otra parte, el proceso corre peligro de mano de la actual campaña de desprestigio contra la Corte y defensa a muerte del expresidente que protagonizan el uribismo, los jefes de los principales gremios económicos y los directivos de los mayores conglomerados de medios del país. Esto, claro está, de formas a veces nada discretas, como la contratación de empresas o ‘bodegas’ para generar miles de bots y trolls en redes sociales, la saturación de información amañada en los noticieros para mostrar ante los colombianos a Uribe como ‘salvador del país’ y la creación de paranoias propias de la Guerra Fría para mostrar el proceso judicial contra el ‘líder’ como resultado de alguna conspiración de la izquierda internacional, la FARC o algún otro ‘fantasma’ comunista confeccionado para la ocasión o que se preste por torpeza para deslumbrar incautos.
En tercer lugar, existe una fractura más que evidente entre quienes gozan de mayor poder en el Estado actualmente y esto hace incierta la respuesta de la extrema derecha y sus aliados ante la situación crítica que les produce la detención del tutor de Iván Duque. Mientras la senadora Paloma Valencia protege su posibilidad de ser candidata presidencial en 2022 lanzando llamamientos desesperados para que la gente se lance a la calle a defender a Uribe, que son atendidos por pequeñas caravanas de automóviles de lujo, escoltas y arribistas, su propuesta de constituyente para crear una corte única bajo el control del Ejecutivo encuentra apenas un respaldo tangencial de su partido y el rechazo de Duque, quien sabe que no puede dar pie a una conocida rival para restarle protagonismo. Asimismo, la senadora del Centro Democrático, oficial activa del Ejército y exalumna del Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, Paola Holguín, hace llamados “a la reserva activa para que nos ayude”, en un gesto que puede insinuar una invitación a los militares para realizar un autogolpe de Estado en contra del Poder Judicial.
Entre tanto, los voceros de los demás partidos de la coalición de gobierno guardan prudente silencio y se limitan a respaldar a Uribe de forma genérica, esperando el desenvolvimiento de los acontecimientos y la renegociación de sus pactos internos con Duque para desentrabar la crisis. La llave parece estar en manos del magnate costeño Fuad Char, quien se benefició del pacto entre Cambio Radical y el uribismo para poner a su hijo Arturo como presidente del Congreso y a Alejandro, su otro hijo, como casi seguro candidato apadrinado por Uribe para las elecciones presidenciales de 2022, puesto que su influencia en las altas cortes motivaría a un pacto con la U y los liberales que podría influir en la decisión final de la Corte Suprema de Justicia en este proceso.
Sumado a esto, está el peligro que corre el proceso contra Uribe en términos de posible manipulación de las pruebas o silenciamiento de los testigos, en momentos en que los familiares de quienes han declarado los intentos de soborno por parte del expresidente y su ‘abogángster’ vienen recibiendo amenazas por parte de desconocidos que intentan cambiar el rumbo del juicio recurriendo a la violencia.
Por último, pero no menos importante, debe tenerse en cuenta la actual situación del movimiento social. Si bien es cierto que esta histórica decisión que le da ‘latifundio por cárcel’ a Uribe es un triunfo para los sectores que venían reclamando justicia en las muchas acusaciones contra el exmandatario, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de víctimas, no se debe obrar con soberbia ni perder de vista la actual debilidad de los sectores populares para mantener la iniciativa y exigir el respeto por la Justicia de forma sostenida en los próximos meses. Esto, de cuenta de una pandemia que, con el encierro posterior al gran paro de noviembre del año pasado, no solo ha minado la capacidad de acción de sus expresiones organizadas sino que ha puesto en cuestión su capacidad de adaptarse al cambio en momentos en que buena parte de la vida social corre hacia la virtualización y en que la calle como escenario de disputa se encuentra desdibujada, al menos en lo que era para los imaginarios tradicionales de las izquierdas.
El camino por venir aún es largo en el juicio más destacado de los últimos años en Colombia, que nunca había tenido a un expresidente preso y mucho menos a uno con la vocación dictatorial de Uribe. Los resultados, sin duda, dependerán de lo que ocurra por fuera de las salas de reuniones de la Corte Suprema, es decir, de lo que pase en la vida social del país. Es el momento clave para disfrutar de esta pequeña victoria, aprovechándola para que se junten los reclamos de quienes luchan por justicia, estrechar sus lazos y soñar con un país donde la impunidad nunca más sea capaz de reinar. Solo así se podrán satisfacer los anhelos de las víctimas y evitar que surjan nuevos intocables.
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