Por: Joanna Zapata – noviembre 23 de 2011
Gigantescas explotaciones mineras, que llevan más de cincuenta años en la capital de Colombia, sumadas al deterioro que sufre por pasar por varias de las zonas más pobladas de una ciudad con casi ocho millones de habitantes matan cada día al río Tunjuelo, una de las principales afluentes hídricas de Bogotá. Organizaciones sociales, ambientalistas y autoridades locales han advertido que se deben tomar medidas inmediatas ante el desastre ecológico causado, principalmente, por las multinacionales Holcim y Cemex, y por la empresa local San Antonio, de propiedad de la arquidiócesis de Bogotá.
El río Tunjuelo nace en la laguna de Chisacá, ubicada a 3.700 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en la vereda Bosatama, a 2.560 msnm. Sus afluentes son las quebradas: La Chiguaza, Santa Librada, Bolonia, Yomasa, Limas y Trompeta, que aportan sus aguas a ese cuerpo de agua que define una cuenca de cerca de 39.000 hectáreas, ubicada en la zona sur del área urbana de Bogotá y que atraviesa ocho localidades: Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Bosa.
Desde la década del cincuenta, en esta zona del sur de Bogotá las empresas Holcim SA –antes Ingeniesa–, Cemex y San Antonio han realizado grandes extracciones de minerales para transformarlos en materiales para construcción. Sobre la cuenca del río Tunjuelo se explotan areneras de peña y canteras, de las que se extrae piedra, recebo, gravilla, arcillas y gredas para ladrillos, y hasta materiales para fabricar tuberías de gres o arenisca.
Durante estos sesenta años, también se ha desviado el río Tunjuelo en tres ocasiones: 1968, 1974 y 1997. Según estudios técnicos de la Secretaría de Ambiente y análisis cartográficos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, construidos a partir de fotografías aéreas tomadas desde la mitad del siglo pasado, las desviaciones del río ha causando que se haya perdido su cauce, que se hayan secado las reservas subterráneas de agua y que se haya removido el material pétreo que conformaba el cauce subterráneo. En Colombia no existe ninguna concesión de aguas, superficial ni subterránea, que permita modificar el lecho de un río ni generar afectaciones terrestres.
Mandados a cerrar
A pesar de la historia de abusos ambientales y con la comunidad, sólo hasta hace aproximadamente dos años se iniciaron procesos para sancionar las irregularidades por la explotación irresponsable por parte de estas tres empresas. En junio de 2010, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente (SDA) le ordenó a Holcim Colombia SA, por medio de la Resolución 4626 de 2010, suspender la actividad minera que la compañía viene realizando desde 1979.
Sin embargo, la trasnacional entabló una acción de tutela contra la decisión, argumentando haber realizado sus actividades en el área del Parque Minero Industrial del Tunjuelo bajo títulos mineros aprobados y autorizaciones ambientales expedidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Ante las pretensiones de la multinacional, el Juzgado 11 Civil Municipal respondió, en julio de 2010, que el recurso interpuesto era improcedente porque la autoridad ambiental no negó el debido proceso y no estaba en obligación de informar previamente a la cementera acerca de las decisiones administrativas y sancionatorias pertinentes, lo que fue ratificado en segunda instancia, un mes después, por el Juzgado 44 Civil del Circuito.
Según Juan Antonio Nieto Escalante, secretario de Ambiente de Bogotá, “las tres empresas adelantaron actividades de explotación del recurso hídrico subterráneo en el Parque Minero Industrial del Tunjuelo sin contar con la concesión de aguas […] no respetaron la zona de protección del recurso hídrico superficial y realizaron actividades que no son permitidas en zona de ronda”. Por lo que era necesario que cesaran actividades en todas sus explotaciones mineras y se aprestaran a “responder por un daño ambiental de más de 50 años”.
Sin embargo, las sanciones propuestas por la SDA, tales como multas diarias de 2.575 millones de pesos y las tazas retributivas contempladas en el Decreto 3100 de 2003, son irrisorias frente a los daños ambientales y los impactos sociales causados a las comunidades afectadas durante décadas.
A pesar de esto y de que, ya en 2008, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo reconocía que la actividad minera degrada las condiciones ambientales del lugar, aún no es clara la estrategia que seguirán las autoridades para frenar la depredación del río, ni se sabe de qué manera se obligará a las empresas involucradas a parar las actividades que lo están matando o a cumplir con las sanciones ni tampoco se tiene claro de qué manera se las obligará a desarrollar las labores de gestión ambiental y de prevención y mitigación de los impactos socioambientales a las que están obligadas por la ley, así como debería ocurrir con cualquier persona o empresa que realiza actividad minera, sea ésta artesanal, industrial, legal o al margen de la ley.
El río Tunjuelo sigue muriendo y aportando su enorme carga de contaminación al río Bogotá, del cual es uno de sus principales afluentes. Mientras se depreda la que podría ser una de las principales fuentes de agua para la capital colombiana, las empresas causantes del daño ambiental prefieren hacer oídos sordos a los pedidos de las comunidades afectadas, fuertemente reprimidas por sus denuncias, y continúan con las explotaciones diciendo que ahora cumplen con la normativa ambiental vigente. Sin embargo, ni el Tunjuelo ni quienes habitan en su área de influencia aguantarán mucho más si no hay decisiones políticas de fondo que obliguen a los responsables a financiar su recuperación y que posibiliten acciones estatales que la garanticen.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
No hay derecho a que por la disculpa del Progreso y la supuesta Generación de Fuentes de Empleo, Holcim y Cemex (al fín y al cabo, es muy sabida la fama de los mexicanos de ser antiambientales) hagan lo que se les venga en gana con el Río Tunjuelo. Estas dos empresas son enemigas del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
Cordial saludo.
Qué bien que se siga abriendo a la luz pública una situación a la que estará sometido el país bajo el peligroso lema de la “minería como locomotora del progreso”. No obstante, en aras de mejorar el talante investigativo del periodismo que adelanta “El Turbión”, es preciso aclarar que la empresa colombiana a la cual hacen referencia es la Fundación San Antonio, regentada por la arquidiócesis de Bogotá, no por los jesuitas, como afirma el artículo.
Sin constituir argumento válido frente al deterioro ambiental que produce la minería, sí es pertinente indagar un poco más sobre la labor que desarrolla dicha Fundación con los recursos generados por esta mina (la educación de seis mil niños(as) bogotanos de estratos 1 y 2). Les recomiendo indagar un poco más la historia, para identificar, por ejemplo, cómo la buena fe de esta Fundación fue vulnerada al inundarse parte de la mina, en la última administración Mockus, para evitar una tragedia invernal en los barrios del sur de Bogotá, y cómo dicha inundación ha producido daños ambientales que afectan a más de diez barrios de los alrededores del PMI.
Muchas gracias.