Por: Camila Ramirez – noviembre 7 de 2011
El pasado 14 de octubre, el resguardo indígena de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), recibió la visita de una comisión de verificación conformada por dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), así como la guardia indígena, personal de salud de la IPS indígena y del Tejido por la Defensa de la Vida de esa organización. Junto a ellos, delegados de la Defensoría del Pueblo, organizaciones defensoras de derechos humanos y el representante a la cámara Wilson Arias, del Polo Democrático Alernativo, comprobaron que la comunidad que habita este territorio quedó atrapada durante 22 días en medio de los combates ente las FARC-EP y el Ejército Nacional y que no cuenta actualmente con comida, agua potable ni comunicación con el resto del departamento, pues se encuentra rodeada por campos minados.
La denuncia pública de estos hechos la había elevado ya, el 3 de octubre, Eno Yandi, gobernador suplente del cabildo de Cerro Tijeras, en el marco del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías. Según su testimonio, desde el 23 de septiembre, en la veredas de Altamira, Bellavista y El Naranjal, comenzaron los sobrevuelos de helicópteros y el domingo 25 de septiembre a las 5:00 am comenzaron los combates entre la insurgencia y el Ejército, con un ataque de las FARC a la base militar de Los Pinos, que custodia la represa de La Salvajina. Por esta razón, la comunidad de Cerro Tijeras tuvo que abandonar sus tierras, animales y cosechas para trasladarse de un refugio a otro, de una vereda a otra, durante los 22 días de combate, a pesar de las dificultades de los ancianos y niños para huir en estas condiciones.
Perseguidos por las balas
Con los combates vinieron los ametrallamientos desde los helicópteros militares y el lanzamiento de explosivos en el territorio indígena desde ambos bandos en contienda. Por esta razón, la guardia indígena de Cerro Tijeras apoyó el traslado hacia el colegio de la vereda Playa Rica de un grupo de personas que se declararon en asamblea permanente y que crecería el 26 de septiembre, cuando llegó a ese refugio más gente que tuvo que abandonar sus hogares y cosechas por el temor a ser atacados.
Para el 28 de septiembre se incrementaron los ataques y la comunidad se vio obligada a reubicarse en la escuela de la vereda El Amparo. La guardia indígena se encargó, entonces, de reubicar a las familias desplazadas y de garantizar su protección en los refugios humanitarios, los cuales fueron instalados en las escuelas de las veredas El Amparo, Betunia, La Chorrera y La Alejandría. Sin embargo, debido a la intensidad de los combates, las más de 300 personas refugiadas en la Vereda El Amparo tuvieron que trasladarse, el 2 de octubre, hacia la escuela de Betunia.
En los refugios de La Alejandría y La Chorrera la situación no era mejor: los indígenas que se resguardaban allí no tenían acceso a agua potable y el Ejército restringió el ingreso de la ayuda humanitaria que la comunidad de otra vereda había logrado recolectar. A pesar de la ilegal restricción de parte de los uniformados, la guardia asumió el riesgo de llevar los alimentos, los medicamentos y el agua a las familias que los requerían con urgencia.
Durante los 22 días de combate, la comunidad de Cerro Tijeras permaneció atrapada en medio del fuego cruzado. No tuvo garantías de acceso a los alimentos ni tampoco para sus cultivos, casas y propiedades, que fueron destruidos por los bombardeos o siguen sembrados de explosivos. Según Eno Yandi, “varias comunidades se encuentran encerradas en sus casas aguantando hambre, no han podido salir a cortar por lo menos un racimo de plátano porque los sitios se encuentran minados. La gente no tiene qué comer en los refugios ni dónde dormir […] está pasando por una situación complicada”.
La comunidad denunció a la comisión de verificación que los actores armados han instalado explosivos a menos de 50 metros de los refugios humanitarios, han ametrallado y bombardeado las casas de la comunidad, han cerrado las vías de comunicación y que el Ejercito Nacional interfirió con los principales medios de transporte de los alimentos, al impedir el paso de las ‘chivas’ y adueñarse de los planchones que navegan sobre la represa de La Salvajina, dejando incomunicada y sin alimentos a la comunidad de la zona rural baja del municipio de Suárez.
Según una denuncia entregada a la comisión de verificación por los más de 160 indígenas desplazados a la escuela de La Chorrera, la mayoría de ellos niños, debido a los ametrallamientos desde los helicópteros “el acueducto fue dañado y actualmente no contamos con agua para el consumo. La comunidad se ha arriesgado a bajar hasta el río para abastecer el refugio, pero en el camino uno se puede encontrar con campos minados o combates, por lo que la guardia se ha desplazado entre el monte con banderas blancas”.
El gobernador del cabildo, Enrique Guetio, afirmó ante la comisión que envió un documento a la Secretaría de Gobierno del municipio de Suárez, en el que se detallaban estos hechos y las necesidades que estaba afrontando la comunidad, pero que esta dependencia de la Alcaldía desestimó esta información por considerarla incompleta y nunca aparecieron las ayudas requeridas para el resguardo de Cerro Tijeras.
Rodeados por la riqueza ajena y la guerra
El resguardo indígena de Cerro Tijeras está ubicado en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca, hacia el suroccidente de Colombia. Está compuesto por 39 veredas, donde habitan aproximadamente 6.000 personas, y se ubica junto a la hidroeléctrica de La Salvajina, que funciona desde 1985 y es controlada por la Empresa de Energía del Pacifico SA (EPSA).
En los alrededores de este extenso territorio montañoso actúan diferentes grupos armados, especialmente la guerrilla de las FARC y el Ejército, que tiene instalados dos batallones de alta montaña en la zona. De acuerdo con Eno Yandi, esta extensa militarización obedece, además de la confrontación militar, a los intereses de varias multinacionales, entre ellas la AngloGold Ashanti, que buscarían quedarse con los ricos recursos naturales que hay en esta zona del país, como el oro, la plata, el platino, el cobre, el zinc, las piedras calizas y las abundantes fuentes de agua, y que por esto la población indígena presente allí estorba a los intereses de estas empresas.
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