noviembre 15 de 2011
El pasado 7 de noviembre se cumplieron 26 años del holocausto del Palacio de Justicia y la desaparición de ocho trabajadores de la cafetería, tres visitantes y una guerrillera del Movimiento 19 de Abril (M-19) a manos de las Fuerzas Militares. Los familiares de las víctimas hicieron un homenaje a los desaparecidos y exigieron verdad y justicia al gobierno.
Los familiares de las víctimas rindieron homenaje a los doce desaparecidos del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Cristina Guarín Cortes, Luz Mary Portela, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Stella Lizarazo, Gloria Anzola, Norma Constanza Esguerra e Irma Franco Pineda. Todas estas personas salieron vivas del Palacio, pero hoy todavía no se sabe de su paradero ni la verdad de lo que sucedió en la Casa del Florero y en el Cantón Norte.
Héctor Jaime Beltrán recuerda a su hijo, quien llevaba su mismo nombre, como un joven responsable, trabajador y entregado a sus cuatro hijas. Era mesero de la cafetería y salió con vida del Palacio, pero hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Su padre asegura que “son 26 años de lucha y en impunidad total, porque no ha sido posible que nos digan dónde están nuestros familiares. Esto es una tortura permanente. Sabemos más o menos cómo murieron: torturados, pero no sabes dónde los enterraron, qué hicieron con ellos. Esto ha sido un manto total de silencio”.
Al finalizar la tarde frente al Palacio de Justica, familiares, organizaciones sociales y transeúntes se reunieron para recordar a los desaparecidos y escribieron sus nombres sobre globos, que fueron lanzados al cielo como símbolos de su recuerdo, que sigue vigente, y de la memoria necesaria para el país. Héctor Jaime también recordó que los familiares de las víctimas han tenido una lucha constante para que se sepa la verdad de lo que sucedió los días 6 y 7 de noviembre de 1985 y afirmó que “nosotros hemos sido amenazados, después de los hechos me llamaban a hijueputiarme, a decirme que dejara de reclamar que sabían dónde estudiaban mis hijas. Esto es una tortura psicológica y hace como dos años me volvieron a llamar para amenazarme. Nosotros hacemos este aniversario para demostrarle a la sociedad que seguimos en pie de lucha, que somos persistentes, que exigimos nuestros derechos y que [queremos que] nos digan donde están nuestros familiares”.
Verde impunidad
Actualmente, sólo unos pocos de los responsables de los hechos violentos ocurridos durante y tras la retoma del Palacio de Justicia han afrontado a la justicia. Luis Alfonso Plazas Vega, excoronel del Ejército, fue condenado, el 9 de junio de 2010, a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada y Jesús Armando Arias Cabrales, exgeneral del Ejército, fue condenado a 35 años de prisión, el 28 de abril de 2011, por ser responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería, los visitantes y de Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19.
A pesar de las pruebas contra los uniformados y las condenas, un grupo de extrema derecha que impulsa que la defensa jurídica de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad sea pagada con dineros públicos y asumida por el Ejército, ha desarrollado una campaña de opinión para defender la supuesta inocencia de Plazas Vega. Adicionalmente, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado ha pedido publicamente que se revoque la sentencia y el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, declaró que el antiguo comandante de la Escuela de Caballería era un “héroe nacional”. Sin embargo, toda esta estrategia de opinión públicano ha logrado echar abajo lo que la justicia ha demostrado y, el pasado 6 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá negó por cuarta vez la solicitud de libertad al excoronel.
Las investigaciones siguen avanzando y el testimonio del cabo en retiro Édgar Villamizar es clave en el proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, acusado por el delito de desaparición forzada. Sánchez Rubiano era el responsable de las labores de inteligencia y de identificar a los rehenes que eran trasladados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero. También se sigue el proceso contra los sargentos retirados Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, quienes se desempeñaron como subordinados de Sánchez Rubiano en la retoma del Palacio de Justicia.
Los familiares de las victimas, después de 26 años de impunidad, exigen que se haga justicia y que se investigue a todos los uniformados que participaron en la desaparición forzada y el asesinato de sus seres queridos.
La toma y la retoma
El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, en la acción armada que nombraron “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Con esto, la organización guerrillera, desmovilizada en 1990, pretendía realizar un juicio político al entonces presidente, Belisario Betancur, por el fracaso del proceso de negociación con la guerrilla, pero el gobierno dio la orden de que el Ejército y la Policía retomaran la sede del Poder Judicial a sangre y fuego, por lo que se desataron intensos combates, se disparó artillería pesada contra el edificio y se desató un incendio que acabó con el palacio.
Más de un centenar de personas, entre empleados, magistrados y visitantes, se encontraron en medio del combate. Muchos pidieron que cesaran los enfrentamientos, pero sus súplicas no fueron escuchadas. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía fue uno de los que solicitó el cese al fuego, pero la ministra de Comunicaciones, que para la época era Noemí Sanín, prohibió que el mensaje fuera retransmitido por los medios de comunicación.
Después de 26 años de impunidad no se sabe la verdad de lo que pasó. Muchos videos y fotos han comprobado que varias personas salieron con vida del Palacio de Justicia y después aparecieron muertas o no se supo más de ellas. El caso más conocido es el del magistrado Carlos Horacio Urán, a quien un camarógrafo de televisión logró captar saliendo del la sede judicial, acompañado de un agente de inteligencia militar, y luego fue encontrado muerto dentro de las ruinas del edificio con un tiro en la cabeza. Los dictámenes forenses aseguran que el magistrado murió por un disparo de un arma de 9 milímetros, accionada en contaccto con su cabeza, es decir, un tiro de gracia.
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