Por: Andrés Monroy G. – julio 30 de 2013
El sol no se tapa con una mano y dos soles no pueden ocultar un crimen. La lucha por justicia de los familiares de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero asesinado por un agente de la Policía el 19 de agosto del 2011, así lo demuestra.
Han transcurrido casi dos años desde el homicidio y, con el paso de los días, se va develando la compleja estrategia de encubrimiento del mismo, que implica a altos oficiales de la Policía Nacional. En este contexto, hace aproximadamente cuatro meses se conocieron los detalles de la investigación que se iniciaba contra el general Francisco Patiño, quien en el momento de los hechos era el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, por su presunta participación en el desvío de la investigación por el asesinato de Diego Felipe Becerra.
Por otra parte, ha llamado la atención la asistencia del actual director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, a las instalaciones del Congreso para respaldar al cuestionado oficial durante las audiencias en las que se estaba definiendo el ascenso de Patiño. En esa oportunidad, Riaño habló sobre la versión inicial de la Policía en la que se señalaba que el menor asesinado habría participado en el asalto a un vehículo de transporte público y que su muerte habría sucedido durante la persecución, lo que se ha demostrado como una falsedad, y manifestó que los “calificativos que se utilizaron para Diego Felipe estaban ajenos a su realidad. Espero que con estas palabras se pueda resarcir un poco el daño hecho a la familia, pero créanme que la Policía trabaja por la defensa de los ciudadanos”.
¿Qué alcance tienen estas disculpas? ¿Qué espera la familia? Del diálogo con Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe, se trasluce la esperanza en que la honra y el buen nombre de un joven asesinado sean resarcidos ante la sociedad colombiana y, sobre todo, que la justicia imponga sanciones ejemplares para poner freno a los abusos por parte de la Fuerza Pública.
Andrés Monroy: –¿Cómo asume la petición de perdón del director general de la Policía?
Gustavo Trejos: –Es bueno para limpiar el buen nombre y la honra de Diego Felipe. Sin embargo, es muy triste que tuvieran que ser obligados a pedir las disculpas públicas. En repetidas ocasiones se enviaron derechos de petición a la Dirección de la Policía Nacional, solicitando que rectificarán el comunicado del general Patiño donde acusaban a Diego Felipe de ser un asaltante, pero el general Édgar Orlando Vale [actual subdirector general de la Policía] tuvo el cinismo de contestarnos que no lo iban a hacer y que sólo lo harían cuando un juez o una corte se los ordenara.
Se dejaron llevar por el orgullo y la solidaridad de cuerpo con los delincuentes que manipularon la escena del crimen e hicieron el montaje para encubrir el asesinato de Diego Felipe Becerra, convirtiendo todo este caudal de mentiras en un falso positivo y en un crimen de Estado.
AM: –En consonancia con lo que usted dice, el fiscal calificó el asesinato de Diego Felipe como un “falso positivo urbano”. ¿Qué opina al respecto?
GT: –Es algo que nosotros hemos venido solicitando, ya que para nosotros el asesinato de Diego Felipe es una ejecución extrajudicial al habérsele disparado en estado de indefensión [y esto es] calificado de esta manera por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ante esto, el ministro de Defensa ha respondido que fue un error de procedimiento. Me pregunto, ¿es un error de procedimiento con la manipulación de la escena del crimen? ¿Es un error de procedimiento con un montaje escenificado por altos oficiales de la Policía para encubrir un crimen?
Para nosotros, es una bendición el espaldarazo del Fiscal General, ya que le confirma a la ciudadanía que nosotros tenemos razón en nuestras denuncias desde el primer día y deja muy claro que Felipe fue asesinado en estado de indefensión.
AM: –¿Cómo está la situación de seguridad de su familia?
GT: –A la familia no le han hecho amenazas, pero la situación de seguridad de nuestra representante de víctimas [Myriam Pachón] y del fiscal 295 y su familia es preocupante. Son amenazados continuamente, además de ser perseguidos por personal armado.
El caso más reciente fue a la hija del fiscal. Se encontraron en un taxi, estacionado a la entrada del conjunto residencial donde ellos viven, a dos hombres armados y con material fotográfico.
AM: –¿Cuál es su balance del comportamiento de los senadores en este caso?
GT: –Senadores como Camilo Romero y Marco Aníbal Avirama, al ver que había un ‘falso positivo’ y una investigación preliminar contra el general Patiño, tuvieron la fortaleza de votar negativo el ascenso. El respaldo de otros senadores, como Carlos Ramiro Chavarro, Juan Fernando Cristo y Juan lozano, fue contundente con nuestra familia. En ellos se veía la duda al momento de aprobar este ascenso, dado el material probatorio mostrado en el Senado. Lo propio hizo Roy Barreras, pero con un respaldo incondicional a Patiño.
Al final, después de 25 minutos de reunión a puerta cerrada pudo más la Unidad Nacional de los partidos [gobiernistas] y el compromiso con la Fuerza Pública que las dudas éticas y morales para aprobar el ascenso del General Francisco Patiño.
Lo importante para nosotros fue el respaldo mostrado a la familia y su clamor de que se comprometían a hacerle seguimiento al proceso y que fueran quienes fueran los culpables, todo el peso de la Ley debía caer sobre ellos. También quiero resaltar la puerta trasera que abren para librar responsabilidades con la presentación de la ley de degradación y de congelamiento de ascensos, en caso de que se tengan dudas o existan investigaciones preliminares, como en el caso del general Patiño.
AM: –¿Tiene alguna conclusión sobre todo lo que ha pasado en torno al ascenso del general Patiño?
GT: –En sí, fueron dos semanas en las que logramos que la Fiscalía, el Senado y la misma Policía Nacional le dijeran al país que se había cometido una injusticia con Diego Felipe, que se había cometido un ‘falso positivo’. Logramos que se dijera que se había asesinado a Felipe dos veces: quitándole la vida y luego la honra, como dijo Roy Barreras. El costo institucional para la Policía y para el Gobierno es muy grande por impulsar el ascenso de un oficial involucrado en hechos confusos que crean un manto de duda sobre su proceder, su ética y honor, como ejemplo que es para más de 200.000 uniformados.
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