El presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, con un grupo de periodistas después de su destitución a manos del Congreso - Foto: Prensa Fernando Lugo

El presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, con un grupo de periodistas después de su destitución a manos del Congreso - Foto: Prensa Fernando LugoPor: Juan Diego García – junio 26 de 2012

Los componentes del drama paraguayo son más o menos los mismos de siempre en este continente: una oligarquía feroz y antidemocrática, unas instituciones políticas de pacotilla carentes de legitimidad y unas mayorías sociales hundidas en la pobreza y la desesperanza, mientras las clases dominantes que detentan todos los poderes se regodean en su riqueza y opulencia, y defienden, con uñas y dientes, sus muchos privilegios.

Lugo ha cometido muchos errores, el principal de los cuales ha sido precisamente no darle forma eficaz a las fuerzas sociales que le permitieron derrotar a la oligarquía, heredera de la dictadura de Stroessner. El mandatario se debilitó pactando con una derecha insaciable que jamás se dio por satisfecha y que ha utilizado todos los medios para erosionar su gobierno y, finalmente, destituirlo mediante una pantomima grotesca.

Pero, los factores externos tienen en esta ocasión una relevancia no menos importante. En primer lugar, se ven afectadas las instituciones impulsoras del proceso de integración regional, como Unasur y Mercosur, organismos que han reaccionado de manera contundente ante el golpe. Sancionar a Paraguay por el flagrante incumplimiento de los requisitos democráticos que suscribió en su día es un primer y necesario paso. Aislar al país, con cierre de fronteras incluido, sería igualmente indispensable si se quiere poner coto de una vez por todas a la estrategia que busca desestabilizar a los gobiernos que no son del agrado de las multinacionales, la oligarquía criolla y, sobre todo, de Washington.

El golpe de Estado ‘constitucional’ en Paraguay no es, entonces, un hecho aislado. Por el contrario, corresponde punto por punto a una estrategia continental que ya se aplicó y fracasó en Venezuela, luego en Ecuador y Bolivia –aunque, según recientes acontecimientos, en este último país parece que el guión se aplica de nuevo, esta vez mediante un motín policial aún fuera de control–.

Ciertamente, no se trata del golpe militar tradicional. En su lugar, la derecha criolla y sus aliados extranjeros –en primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos– desarrollan nuevos métodos, mucho más hábiles, mucho más sofisticados. Se tata de una combinación de diversas tácticas que le permiten a la derecha moverse cómodamente en la misma legalidad vigente, pero pudiendo forzarla a discreción y según lo exijan los acontecimientos.

Se prepara el golpe mediante sabotajes, obstrucción y amenazas, que someten a las autoridades a presiones insoportables sin que falten los actos de terrorismo, en una secuencia calculada que conduce al golpe ‘duro’ o ‘blando’, según las circunstancias. Se afecta sobre todo la economía, cuyos resortes principales siguen en manos de la derecha a pesar de los triunfos populares en las urnas y casi siempre a pesar de las reformas de los gobiernos de progreso. Resulta paradójico que, en el caso de Paraguay, ni siquiera se pueda hablar de algún tipo de reforma o avance social destacable: la reacción violenta de la derecha se produce tan sólo ante el anuncio de tibias medidas de democratización de la propiedad rural y contra la corrupción administrativa. Es, pues, un ‘golpe preventivo’ más que una medida contra reformas reales que afecten a la oligarquía local o a sus aliados extranjeros, especialmente grandes empresas multinacionales.

Se utilizan los medios de comunicación en campañas de intoxicación masiva de la opinión pública, se movilizan iglesias y sectas, se ponen en marcha planes concretos de provocación para dar la excusa perfecta y ‘legitimar’ ante los ojos de la población el proceder ilegal de los golpistas. Ni inquieta siquiera que la OEA condene el golpe: luego de la experiencia de Honduras y dada la conocida trayectoria de esta institución, sólo será cuestión de tiempo hasta que se reconozca a las nuevas autoridades y todo regrese a la normalidad.

Se escoge de momento a Paraguay porque es el eslabón más débil de la cadena de gobiernos incómodos para la derecha continental y porque allí la estrategia golpista tiene más posibilidades de consolidarse. Pero Paraguay es tan sólo un combate más en la guerra contra los gobiernos populares en el continente. En particular los gobiernos de Brasil, Argentina y los componentes del ALBA, que han reaccionado drásticamente frente a los golpistas, saben bien que detrás de la cavernaria y primitiva oligarquía paraguaya se mueven otros protagonistas de mucho mayor peso y que este golpe es una nueva confirmación tanto de la decisión cerrada de las clases dominantes locales por oponerse a cualquier avance democrático como de los centros imperialistas del capitalismo mundial –principalmente Estados Unidos– por recuperar el espacio perdido.

Si alguien llegó a soñar que los golpes de Estado eran un asunto del pasado, impensable en nuestros días, tiene a Paraguay y a las tentativas de golpe contra otros gobiernos como referente para disipar a tiempo sus ensoñaciones. Si alguien llegó a creer que las oligarquías criollas iban a respetar las reglas de juego de su propio sistema –la llamada democracia representativa– está a tiempo para disipar ilusiones. Si alguien tuvo la peligrosa idea de imaginar que los Estados Unidos y sus aliados occidentales estaban dispuestos a abandonar su vocación de filibusteros modernos está a tiempo para abandonar consideraciones tan pías.

Duras pruebas le esperan a las mayorías sociales de Paraguay. Sólo una organizada resistencia popular podrá cambiar el rumbo de las cosas. Nada positivo se vislumbra para el continente: los gobiernos de progreso sabrán a esta hora que la larga mano de Washington y de sus peones locales permanece activa y solo una tenaz resistencia nacional podrá frustrar los planes imperialistas.

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