Por: Amylkar David Acosta Medina*
Como era de esperarse, las comisiones quintas de Senado y Cámara de Representantes, dado el mensaje de urgencia de parte del Ejecutivo, impartieron su aprobación en volandas y en jornadas contrarreloj al Proyecto de Ley presentado por el gobierno, mediante el cual se reglamenta y desarrolla el Acto Legislativo 05 de 2011. Nos referimos a la reforma del régimen de regalías, mediante el cual se crearon siete fondos de destinación de estos recursos y ahora en la Ley se añaden dos más: un porcentaje del 2% para la administración del Sistema General de Regalías (SGR) y otro del 1% para el manejo del Sistema de Monitoreo, Vigilancia, Control y Evaluación (Smvce). La sumatoria de los recursos que irán a los fondos creados mediante el Acto Legislativo y los que ahora se crean merced a la Ley –administración del SGR y manejo del Smvce– representan un 55% del total, de modo que lo destinado para inversión de los Fondos de Compensación Regional (FCR) y los Fondos de Desarrollo Regional (FDR) queda reducido a sólo el 36% de la totalidad de los recursos provenientes de las regalías, es decir, $3.6 billones, esto si nos atenemos a las proyecciones del gobierno, que cifran en $10 billones el monto promedio de las regalías que se espera recibir en los próximos diez años.
Una de las críticas más recurrentes que se hacía al sistema de manejo de las regalías era su atomización en múltiples objetivos, lo que impide que se concentren sus recursos en proyectos de gran impacto. Con el nuevo esquema se incurre en lo mismo, al difuminar los recursos en más de diecinueve objetivos según su distribución porcentual. Además, el Gobierno Nacional se quedará con cinco puntos porcentuales del total de las regalías so pretexto de fiscalizar la actividad que las genera, de administrarlas y controlarlas. Estamos hablando de la módica suma de $500.000 millones, que no es una bicoca. Se cumple el adagio popular de que quien reparte y recomparte se queda con la mayor parte. Ello explica que la aprobación de este proyecto se haya convertido en una rebatiña, en la que cada uno de los participantes en el debate buscó sacar su propia tajada y de allí que el texto aprobado más parece un arbolito de navidad con toda clase de colgandejos.
Nos hemos preguntado, sin encontrar respuesta, hasta dónde se justifica que el gobierno se quede con un 2% de las regalías dizque para la administración del SGR y hemos indagado con cuánto se queda del Sistema General de Participaciones (SGP) por administrarlo, a pesar de que estas funciónes son inherentes a las mencionadas instancias del Estado. Nos asalta también la duda sobre el rol del Ejecutivo cuando maneja el Smvce. ¿Acaso no está suplantando a los organismos de control e invadiendo la órbita de sus competencias? Aquí estamos ante un caso evidente de paralelismo y de duplicación de funciones que no creo que congenie con las normas de buen gobierno, que es el paradigma de la administración Santos.
Nos preocupa sobremanera el superpoder del cual es dotado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues además de desempeñar la secretaría técnica del órgano rector del SGR, se arrogaría funciones tales como servir de instancia para la viabilización de los proyectos para que éstos puedan acceder a los recursos de los multifondos y, como si esto fuera poco, tendrá además en sus manos el Smvce, con capacidad sancionatoria de los ejecutores de tales recursos, es decir, el DNP se constituye en juez y parte, tendiendo en sus manos la zanahoria y el garrote para hacer el mejor uso de ellos. Ésta es una de las más claras manifestaciones de la recentralización de recursos públicos a través de esta reforma, sin importar que los dineros del SGR no vayan al Presupuesto General de la Nación sino que tengan presupuesto propio, pues, como queda visto, el Gobierno Nacional tendrá la sartén por el mango. Ello va en detrimento de los principios de la descentralización y la autonomía regional consagrados en la Constitución Política, que es norma de normas. De ello no queda la menor duda.
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* Expresidente del Congreso de la República.
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